Calatrava no acude a declarar por el Centro de Convenciones de Castellón

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava no ha acudido finalmente a su cita con la justicia. El juzgado de Instrucción 5 de Castellón le había citado a declarar este martes en calidad de imputado en la investigación abierta sobre presuntas irregularidades en la contratación del técnico para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón, un megaedificio que no pasó del proyecto en maqueta pero por el que la Generalitat pagó 2,7 millones en estudios y honorarios a su arquitecto estrella. La no comparecencia era previsible después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano explicara ayer que el juez no había podido localizar a Calatrava para comunicarle su citación.

El juzgado, no obstante, lo tenía todo preparado para el interrogatorio por si optaba por presentarse al haberse enterado por otros medios no oficiales. Tampoco ha acudido a declarar Nicolás Figueres, quien fue director general de la empresa pública que contrató con Calatrava. El Tribunal Superior de Justicia valenciano tampoco había logrado entregarle su citación. Figueres sustituyó en el cargo a Eusebio Monzó (que ya ha declarado ante el juez) y fue bajo su nombramiento cuando el Consell pagó al arquitecto y se aceptó finalmente un diseño que implicaba un sobrecoste de cuarenta millones después de meses de negativas y rechazos.

El TSJ no había podido localizar al arquitecto para darle su citación

El abogado del arquitecto se ha puesto en contacto telefónico con el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón para comunicarle que se van a personar en la causa y, por tanto, las comunicaciones se realizarán a través de procurador, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Las principales incógnitas que el tribunal quiere esclarecer son varias. La primera, por qué la Generalitat cerró un contrato con el arquitecto para una obra tan importante y sin un concurso abierto. De hecho, el juzgado ha solicitado al gobierno valenciano que presente el informe técnico o la motivación que acredite la especificidad artística del proyecto que motivó esta contratación sin publicidad arguyendo un supuesto fin artístico.

La segunda, por qué razón y en base a qué requisitos (si de la Generalitat o del Ayuntamiento de Castellón), Santiago Calatrava presentó un proyecto que excedía considerablemente lo que exigía el contrato y conllevaba importantes sobrecostes. El arquitecto presentó y un proyecto de tres edificios en una parcela de 48.240 metros cuadrados (y no de los 17.000 previstos) con un coste de cien millones de euros solo en la primera fase. El presupuesto era de 60 millones. En una nota interna entre cargos de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) de noviembre de 2008 se llegó a hacer una previsión sobre el coste final del diseño presentado, que se fijó en 180 millones, según consta en la denuncia que el grupo Esquerra Unida ha presentado para personarse en la causa.

El juzgado lo tenía todo preparado

Los directivos de la empresa de la Generalitat se negaron durante meses a pagar los honorarios al arquitecto y le exigieron que rectificara su proyecto para adecuarlo a los requisitos iniciales. En noviembre de 2009, con la directiva de la SPTCV renovada y tras una amenaza de acudir a los tribunales realizada por el despacho de Calatrava, se acepta saldar la deuda de 2,7 millones por los estudios y se opta por dar el visto bueno al nuevo proyecto siempre que no se superara los 89,9 millones más IVA para todo el complejo.

Es este último extremo el tercer interrogante que el juez quiere aclarar. Para ello, reclamó al gobierno valenciano que aportara el acta de reunión por la que el consejo de administración de la SPTCV autorizó de forma oficial el aumento del presupuesto inicial fijado en 60 millones.

La última incógnita relevante se centra en averiguar los pormenores de la ubicación del Centro de Convenciones. El complejo se proyectó sobre unos terrenos que el Ayuntamiento de Castellón debía ceder. Las parcelas las iba a obtener mediante el desarrollo del PAI Mestrets pero nunca pudo disponer de ellas porque el proyecto urbanístico fue anulado por los tribunales. El juzgado le pide por ello al consistorio que presente el título jurídico que le habilitaba para disponer de aquella superficie en la que se proyectó y contrató una obra que, aún a día de hoy, no se puede ejecutar porque no se dispone de los terrenos que propusieron para el contrato. El Consell, además, hace tiempo que descartó continuar con el complejo por motivos económicos.