De Andrés quiere que las Juntas designen a los ediles en el Consejo de Finanzas

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), propone que sean las Juntas Generales de los tres territorios las que designen a los representantes de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), y no una asociación como Eudel. De Andrés ha comparecido hoy ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Diputados y se ha referido al rechazo de la institución que preside al anteproyecto de Ley Municipal, elaborado por el Gobierno vasco.

El diputado general de Álava ya avanzó la semana pasada su rechazo al texto porque, entre otras cosas, considera que "menoscaba" las competencias de las diputaciones y hoy ha avanzado las tres líneas básicas en las que basará sus alegaciones al texto y que planteará al consejero Josu Erkoreka en una próxima reunión.

Uno de los asuntos que va a defender es que la representación del concejal de cada territorio que estará presente en el CVF lo elijan cada una de las juntas generales, instituciones representativas de la voluntad popular, y no una asociación a la que, además, no es obligatoria la adscripción de los entes locales, ha explicado.

De Andrés ha insistido en que Eudel es ahora la asociación más importante por el número de ayuntamientos adscritos, pero que en el futuro puede ser otra asociación la mayoritaria, por lo que no considera apropiado que sea la que designe a los tres representantes municipales en el consejo de finanzas.

A su juicio, con la elección de un edil de uno de los ayuntamientos de cada territorio por parte de cada cámara foral se subsanaría una de las "alegaciones más importantes" al anteproyecto de ley del Gobierno. La segunda alegación general hace referencia a la ampliación de la participación municipal en las decisiones del CVF, ya que según la redacción actual solo se tendría en cuenta a los ayuntamientos para el reparto del 30% de los tributos concertados, es decir, del dinero que no es directamente gestionado por el Gobierno Vasco, que ingresa el 70% restante.

De Andrés ha propuesto que los ayuntamientos participen en la "integridad" del reparto de los recursos, máxime cuando ejercen competencias delegadas por el propio Ejecutivo como el reparto de las ayudas de emergencia social o determinadas materias de educación.

La última alegación general que hará Álava es que las decisiones del Consejo Vasco de Finanzas sean refrendadas por el Parlamento vasco, en las materias que competan al Gobierno, y por las Juntas Generales, en las que afecten a competencias locales y territoriales.

Considera que es mucho más democrático y abierta esta fórmula que la de que sea una "reunión de notables" de nueve miembros la que decida la financiación de las instituciones públicas a puerta cerrada. El diputado general de Alava ha argumentado que, además, la futura Ley Municipal de Euskadi deberá clarificar el catálogo de competencias que tendrán los ayuntamientos y, por consiguiente, su financiación, algo que no resuelve el actual texto.

Se ha mostrado esperanzado en que se puedan incorporar al anteproyecto estas alegaciones porque, ha recordado, ahora está en la fase de estudio de las mismas, previa a la aprobación por parte del Consejo del Gobierno vasco del proyecto de ley.