Mileuristas contra los incendios

Galicia lideraba hasta hace dos años el ránking de la extinción de incendios forestales de España. Era la comunidad con mayor porcentaje de eficacia que se mide teniendo en cuenta el tiempo de control y de extinción de los fuegos. Hasta entonces había un mando único, pilotado desde la Xunta, que unificaba el servicio. La reciente fragmentación del sector en numerosos cuerpos dependientes de distintas Administraciones y entregado mediante subcontratas a diversas empresas coincide con la pérdida de esa primacía de la eficacia, además de con una merma considerable de los derechos laborales. “La anarquía es total, hay personal en distintas empresas que teniendo la misma cualificación y asumiendo el mismo nivel de riesgo tiene distinto salario; la precariedad es la norma”, sostiene un trabajador forestal que reclama anonimato.

Para protestar por sus condiciones laborales, el jueves pasado se encerraron en la base gallega de Laza, en Ourense, los trabajadores de las Brif (brigadas de refuerzo de incendios forestales) dependientes del Ministerio de Agricultura. Como lo hicieron también sus compañeros de las otras nueve bases repartidas por el territorio español y que gestiona la empresa pública Tragsa. Las Brif son un medio helitransportado que actúa en épocas de máximo riesgo de incendios pero que realiza también tareas de prevención. Ahora, por primera vez en los 23 años de vida de estas brigadas, los trabajadores se ven abocados al paro al menos y mes y medio al año por razones de contención de gasto. Y denuncian que Tragsa, beneficiaria de la adjudicación directa del ministerio, “no ha dado sin embargo un paso en nuestro beneficio”.

Lejos de ello, los brigadistas advierten que su convenio es “un agravio” con respecto al del resto de trabajadores de la misma empresa: están contratados como peones y cobran una media de 900 euros al mes aunque realizan labores de riesgo en aire y tierra para las que es necesaria una alta cualificación mejor pagada: la de bombero forestal que reclaman y que la empresa les niega.

El personal de las Brif ha recurrido al encierro para dar visibilidad a su denuncia pero la realidad es que en Galicia la mayor parte de los peones que trabajan apagando incendios lo hace en precario, asumiendo riesgo para sus vidas, “pero también para las de la población y para el patrimonio natural”, dicen. Y, como en el caso de los brigadistas de refuerzo, los salarios varían en función de la empresa que los contrata, incumpliéndose así la premisa básica sindical de que a igual trabajo, igual salario y derechos.

En este momento, los trabajadores están repartidos en una variopinta estructura encabezada por la Xunta. Los brigadistas de la Xunta (dependientes de la Consellería de Medio Rural y los únicos que acceden al empleo mediante oposición) son los mejor pagados. Un peón cobra 1.014 euros líquidos al mes, descontados trienios y pluses de riesgo. Incluidos todos estos conceptos, la nómina apenas supera los 1.250 euros mensuales; reciben 78,85 euros por cada uno de los pluses de peligrosidad, toxicidad y penalidad. En este caso, hay trabajadores fijos discontinuos que son contratados entre tres y nueve meses al año. Casi al mismo nivel de estos brigadistas, con ingresos levemente inferiores pero similares condiciones laborales, se encuentran los de la empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga). Su sueldo no alcanza los 1.200 euros.

Pero, además de los de las Brif, los peones de Seaga y de la Xunta no son los únicos equipos diferenciados que luchan contra los fuegos forestales. Recientemente se crearon los GES (Grupos de Emergencia Supramunicipal), que asumen la función de los antiguos Grumir. El gobierno autonómico ha apostado por este modelo de nueva factura —que no depende de Medio Rural, sino de Presidencia— “en lugar de fomentar, como hacen en el resto de España y de Europa, los consorcios de parques municipales o comarcales de bomberos como garantía de prevención de los incendios urbanos”, explica Xosé Santos, trabajador forestal y representante de los grupos ambientalistas en el Consello Forestal de la Xunta.

El coste de este servicio para las arcas municipales ha generado polémicas desde su puesta en funcionamiento: algunos alcaldes intentaron cobrar a sus vecinos una tarifa con recargo del 50% por cada intervención del GES. A estos grupos, que deben atender las emergencias de incendios urbanos y forestales y participar en acciones coordinadas con Protección Civil de la Xunta, Presidencia los ha dotado de nuevos vehículos “mientras que el parque móvil del servicio contraincendios [el de Medio Rural] no se renueva”, denuncian los trabajadores.