Investigada una exedil de Onda por si se llevó casi 100.000 euros de la ermita

El juzgado de Instrucción 2 de Nules está investigando a una exconcejal del Ayuntamiento de Onda, Carmen Verdía (PSPV), acusada de haberse quedado con casi 100.000 euros de recaudación de la ermita durante una década, según explicaron ayer desde el actual equipo de gobierno que preside el popular Salvador Aguilella. La causa, en la que se han personado como acusación particular, se abrió después de que la Fiscalía de Castellón interpusiera una denuncia contra ella por un presunto delito de apropiación indebida.

Hace casi más de un año el fiscal instructor del caso, Javier Carceller, recibió una denuncia del Ayuntamiento de Onda y diversa documentación a raíz de la cual consideró que había indicios que acreditaban que la exedil, como concejala encargada de la gestión de la ermita de El Salvador durante los años 2002 a 2012 “pudo haberse apoderado en su propio beneficio de una determinada cantidad de dinero procedente de donativos depositados en los cepillos de la ermita e ingresos procedentes de la venta de recuerdos religiosos”. La suma de dinero asciende a 99.630 euros desde 2002 a 2011, una media de entre 9.000 y 11.000 euros anuales.

En el decreto del fiscal se recoge que el consistorio inició una investigación interna en el que se tomó declaración a testigos y a la concejala sospechosa. También se reunió información sobre la contabilidad. El fiscal, con toda esta documentación, no vio necesario volver a repetir estas pruebas durante las diligencias de investigación. La denuncia del ayuntamiento atribuía a Verdía un presunto delito de malversación de caudales públicos, pero el ministerio público consideró que al tratarse de fondos procedentes de donaciones de particulares para obras piadosas y no siendo dinero de “procedencia pública” ni teniendo vocación de “destino público”, cabía atribuir un presunto delito de apropiación indebida y no de malversación.

La portavoz del equipo de gobierno, Carmen Ballester, explicó ayer en un comunicado que durante diez años no se contabilizaron los ingresos de la ermita en la contabilidad municipal, pero sí los gastos de mantenimiento. “Si la justicia considera que se ha malversado dinero público, trabajaremos para que se devuelva”, indicó.