La Comunidad ‘legaliza’ la M-501 con un informe ambiental posterior

Antes de construir una autovía o desdoblar una carretera por zona protegida se redacta un proyecto técnico, luego un estudio de impacto ambiental, posteriormente se revisan las alegaciones de los afectados (vecinos, ecologistas, municipios...) y, finalmente, se redacta una declaración de impacto ambiental (DIA) con las medidas correctoras. Si la declaración es positiva, se aprueba el proyecto y se construye la infraestructura. Se evitan o minimizan así los daños ambientales. Eso, en la teoría. Porque en el caso de la M-501 (entre Quijorna y Navas del Rey, 18 kilómetros) se ha hecho justo al revés. En 2006, la Comunidad aprobó construir la carretera por “interés general”, luego fue condenada por los tribunales europeos y españoles y ahora redacta la DIA a petición de un juez. La autovía, que obligó a talar centenares de encinas, lleva abierta años. Ayer, el Boletín Oficial de la Comunidad daba cuenta de que la declaración de impacto había sido aprobada: ocho años después que el proyecto técnico. Los ecologistas se echan las manos a la cabeza.

El Tribunal de Justicia Europea consideró ilegal en 2011 la infraestructura por contravenir las directivas sobre conservación de hábitats naturales y de impacto ambiental. Dieciséis años antes, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había intentado construirla, pero la declaración de impacto y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo desaconsejaron. Gallardón se guardó el proyecto. Pero fue sustituido por Esperanza Aguirre, que lo desempolvó ante las quejas de los alcaldes de la zona, que consideraban muy peligrosa la carretera que había entonces y reclamaban el desdoblamiento. Además, tenían planes urbanísticos muy amplios y necesitaban buenos accesos. Aguirre declaró así el proyecto de “interés general” y empezó las obras. La documentación fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012 ante la petición de Ecologistas en Acción de eliminar la carretera.

El CSIC desaconsejó llevar a cabo las obras de duplicación en 2000

“No tiene sentido hacer una evaluación ambiental de un proyecto ya ejecutado. La idea del estudio es evitar el daño con anterioridad”, sostiene la coordinadora de Ecologistas en Acción para Madrid, Ángeles Nieto. El Supremo ya había declarado también ilegal la autovía unos meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, respaldando una interpretación anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008. La carretera recorre el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó entonces en el aire el desmantelamiento de la carretera con su auto de abril de 2012 al solicitar una Declaración de Impacto Ambiental antes de tomar una decisión final. “Resulta indispensable, con carácter previo a plantear una ejecución material del fallo para reposición de la zona afectada a su anterior estado[…], que la demandada [la Comunidad] proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales que se declararon omitidos[…]”, reza el auto. Una vez presentada la documentación al tribunal, la Comunidad debe comunicárselo a la Comisión Europea.

“Cuando la Comunidad comunique que ya ha realizado los trámites omitidos, el tribunal va a decir que no hay incumplimiento del Derecho y no desmantelará la carretera”, avanza Nieto.

El nuevo estudio respalda la vía porque el “territorio ya está fragmentado"

Ecologistas en Acción critica que los magistrados hayan “hecho suya” la interpretación que el Gobierno regional realizó de la sentencia: “Establecía que, en todo caso, los terrenos se restituirán a su estado inicial. El Gobierno entiende que los jueces dicen que se cumpla el procedimiento ambiental [la DIA], pero lo que dice es que la carretera debía desmantelarse”. La organización recurrirá al Supremo.

La nueva declaración de impacto del Gobierno no ve obstáculos en el proyecto de duplicación. “La valoración de la mayoría de las afecciones ha sido de carácter compatible, siendo asumibles por el medio”, reza el informe, que entiende limitado el impacto por ser un desdoblamiento: “No se trata de una nueva infraestructura sobre el territorio, sino que se valora la duplicación de una vía ya existente y un territorio ya fragmentado”. Un parque regional y una ZEPA.