Stop Desahucios acusa al Gobierno vasco de intimidarles y criminalizarles

La plataforma Kaleratzeak Stop Desahucios se concentrará el próximo lunes 1 de septiembre en Vitoria para denunciar el "intento de intimidación y criminalización" por parte del Gobierno vasco hacia la plataforma, después de que la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco, Covadonga Solaguren, denunciara a tres miembros de la plataforma por "coacciones".

En un comunicado, la plataforma ha informado de que se concentrará frente a los Juzgados de Vitoria para denunciar que el Gobierno vasco y Alokabide -- la sociedad pública encargada de gestionar el alquiler protegido-- han interpuesto una denuncia "acusando falsamente" a tres miembros de la plataforma de "coacciones" el pasado 12 de junio.

Según ha explicado, los hechos se produjeron cuando la plataforma entregó "cientos" de firmas de inquilinos de viviendas públicas "exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del Parlamento vasco y el derecho de los inquilinos a participar en la gestión de las comunidades de vecinos en las que viven". "Denunciamos públicamente este juicio como un nuevo intento de intimidarnos y criminalizarnos", ha insistido.

Para la plataforma, con este juicio "se intenta presentar como víctimas quienes amenazan a los inquilinos con no renovarles los contratos si protestan, desahucian a familias que no tienen recursos para hacer frente a los gastos de vivienda, están fomentando el negocio de gestoras de comunidades de vecinos a costa de familias necesitadas, incumplen reiteradamente sus propias normas, y los acuerdos del Parlamento vasco".

En este sentido, ha criticado que PNV y PP "son cómplices de una política que intenta amordazar y reprimir la protesta social sustituyendo el diálogo y la negociación por el palo". Por todo ello, ha reclamado a la viceconsejera de Vivienda del Gobierno vasco, Covadonga Solaguren, "que deje de inventarse coacciones que nunca han existido generando una tensión innecesaria debido a su incapacidad de gestionar, mediante el diálogo y la negociación, un problema que afecta a miles de familias que viven en la precariedad".

"Se condena a estas personas a la exclusión y la mendicidad por aplicarles una normativa que esta desfasada, es injusta y el Parlamento vasco ha dicho que se debe cambiar", ha concluido.