Mercè Homs no ha cerrado ningún piso turístico ilegal en la Barceloneta

El Ayuntamiento de Barcelona no ha precintado ningún apartamento turístico en el barrio de la Barceloneta en lo que va del año. En 2014 ha impuesto 33 multas (algunas de hasta 30.000 euros), tiene 113 expedientes sancionadores abiertos y ha aumentado la presencia policial en la zona las 24 horas del día. Pero no ha llegado a clausurar ninguno de los más de 800 —según estimaciones de los vecinos— pisos de alquiler a visitantes que operan de forma ilegal, según los datos presentados por la concejala del distrito de Ciutat Vella, Mercè Homs.

Esta falta de resultados es lo que arrojó a la calle la semana pasada hasta a un millar de vecinos que exigían la erradicación de estos alojamientos con los que, aseguran, les es imposible convivir. “En dos años hemos dado parte al Ayuntamiento de más de 60 viviendas que se arriendan a turistas de forma fraudulenta”, asegura Lourdes López, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de L’Ostia. “No sabemos qué fue de estas denuncias”, lamenta.

Tres equipos compuestos por un inspector y un agente de la Guardia Urbana empezaron este lunes a investigar de oficio la legalidad de los apartamentos turísticos de la Barceloneta. Visitaron de manera aleatoria un centenar de viviendas en busca de los que operan sin permiso. Hasta ahora, no había una unidad de inspectores que se dedicara de forma especial a indagar esta actividad y solo se hacía después de que alguien denunciara un inmueble específico. La oposición acusa de “desidia” e “incapacidad” al Gobierno de Xavier Trias por haber seguido esta dinámica, a la que culpan de la proliferación de pisos turísticos sin licencia y de las molestias que causan a los vecinos.

“Pasotismo”

“¿Esto no se podía haber hecho antes?”, pregunta el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, en referencia al plan de inspección puesto en marcha este lunes en la Barceloneta. “En apenas unas horas, el Ayuntamiento puso a funcionar un plan de detección que no fue capaz de crear en tres años”, añade. Una portavoz municipal alega que este mecanismo de control se utiliza en todos los sectores, no solo en el de los apartamentos turísticos, y que “no puede haber un policía y un inspector en cada esquina”.

El popular califica de “pasotismo” que la Administración local estuviera a la espera de que hubiera quejas vecinales para darse cuenta de que había un problema: “Por ejemplo, sabía que la Generalitat había sancionado con una multa de 30.000 euros a Airbnb por publicar anuncios de pisos ilegales y no hizo nada”. Barcelona es el tercer destino más popular en esta página web y la única ciudad española en la que tiene una sede.

El consejero de distrito de ERC en Ciutat Vella, Jordi Bordas, critica que no se utilice Internet para detectar los alojamientos ilegales. “¿Por qué estos equipos van a elegir de forma aleatoria los pisos que van a inspeccionar cuando hay sitios web e inmobiliarias en los que se localizan con facilidad las direcciones?”, cuestiona.

Anunciar un piso de alojamiento para turistas no es motivo suficiente para recibir una sanción, explicó el pasado viernes la concejal del distrito, Mercè Homs. Es necesario demostrar que ha habido una transacción. A los vecinos y a los partidos de la oposición no les basta este argumento y consideran que la regidora “echa pelotas fuera”.

Algunos de los 113 expedientes abiertos a apartamentos turísticos que Ciutat Vella investiga ahora en la Barceloneta se iniciaron en 2011. “Las alegaciones y recursos hacen que el proceso sea lento”, se justificó Mercè Homs.

Bordas reclama que se aumente el número de inspectores y del personal de los servicios jurídicos para acelerar los procesos sancionadores. “Seis funcionarios para detectar 800 apartamentos turísticos entre 8.000 viviendas es insuficiente. Y si las investigaciones tardan entre nueve y 10 meses, el arrendador ha hecho en ese tiempo el dinero suficiente para pagar la multa y que el negocio le siga siendo rentable”, sostiene.

Las sanciones por alquilar de forma ilegal un piso a turistas van de los 9.000 a los 90.000 euros, aunque el Consistorio asegura que no ha llegado a imponer ninguna de más de 30.000. En Airbnb, se ofertan apartamentos con precios de hasta 200 euros la noche. Un propietario que consiga colocarlo veinte días cada mes podría hacerse con una mensualidad de 4.000 euros.

Fernández Díaz asegura que el Ayuntamiento de Barcelona “se ampara en la dificultad del procedimiento para justificar su falta de acción”.

El candidato socialista a la alcaldía, Jaume Collboni, achaca el conflicto de la Barceloneta a la “falta absoluta de control” por parte del Ayuntamiento. “No se debería haber esperado tanto tiempo para hacer inspecciones sin denuncia previa”, afirmó. El socialista sostiene que el Consistorio debe ser “más realista y ser consciente de que se necesita una regulación específica para los barrios con mayor densidad de población, como el Gótico o el Raval”.

El pleno municipal aprobó el pasado diciembre una propuesta del PP para regular los apartamentos turísticos. Esta debía estar lista en julio. Homs anunció el pasado miércoles que el Ayuntamiento trabaja para tenerla lista antes de que acabe el año. El diputado de ICV-EUiA en el Parlament Salvador Milà anunció el sábado que su partido pedirá en el próximo debate de política general revocar las leyes ómnibus de 2011 y 2012 en materia de vivienda porque “tenían toda la intención de favorecer el negocio de los apartamentos turísticos”.