El PP gallego pide a Rajoy que use su mayoría para cambiar la ley elctoral
Feijóo abandera las reformas legislativas sin consenso en Galicia y en Madrid
Alberto Núñez Feijóo hizo desistir en 2007 al entonces presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, de reformar la ley electoral gallega. El que en aquel momento era el líder de la oposición en Galicia advirtió de que esa norma no debería aprobarse sin consenso político. Y, ante el rechazo del PP, Touriño dio marcha atrás. Siete años después, el ahora presidente gallego se ha convertido en el gran abanderado de cambiar las normas electorales aunque sea sin el acuerdo de ningún otro grupo político. En Galicia está tramitando en el Parlamento un proyecto para reducir su representación de 75 a 61 diputados, pese a que toda la oposición le ha advertido reiteradamente de que votará en contra. Y al mismo tiempo, el presidente de la Xunta se ha erigido en el barón del PP que con más fuerza presiona a Mariano Rajoy para que cambie el sistema de elección de alcaldes aun en el caso de que el PSOE no se avenga a un acuerdo.
Antes de irse de vacaciones, Feijóo ya había deslizado, en una entrevista con Europa Press, que el presidente del Gobierno debería considerar la “posibilidad de aprobar la reforma [para permitir que la lista más votada se haga con la alcaldía] con o sin el apoyo de los grupos” de la oposición. Y argumentaba que el PSOE no la apoyaría “ni ahora ni nunca”. Ayer, tras conocerse que esas son las intenciones de la dirección del PP, los populares gallegos saludaron complacidos la noticia. “Nos avalan 11 millones de votos en las últimas elecciones generales”, proclamó su viceportavoz en el Parlamento autónomo, Román Rodríguez.
El PP sacó a Rodríguez al ruedo después de que la dirección federal del PSOE, de la que actuó como portavoz el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciase que ni siquiera se va a sentar a negociar antes de las elecciones municipales del año próximo. El viceportavoz popular recordó a Caballero que él mismo no fue el más votado en los anteriores comicios sino que accedió al gobierno local tras pactar con el BNG. Y evidenció el propósito que persigue el PP con el cambio legislativo: impedir “las coaliciones populistas resultantes de la agregación de partidos que pierden las elecciones” y que “crean grandes problemas en la gestión municipal del día a día”. El portavoz de los populares en Vigo, Chema Figueroa, se sumó a la ofensiva y apeló también a la “amplia mayoría” de que dispone Rajoy para sacar adelante la controvertida reforma.
La oposición insiste en que lo único que persigue el PP es prevenirse ante una hipotética caída de votos en las municipales y aprovechar la gran fragmentación de la izquierda tras la emergencia de AGE y Podemos. Con la actual ley electoral, un ligero retroceso de apenas un par de puntos porcentuales podría dejar al PP sin mayoría absoluta —y casi sin seguro sin alcaldía— en las tres ciudades donde gobierna, A Coruña, Santiago y Ferrol. Además de las críticas del PSOE, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, calificó la iniciativa de “fraude democrático” y anunció que pedirá un pronunciamiento en contra del Parlamento gallego. El responsable de Organización del BNG, Bieito Lobeira, tildó el proyecto en la SER de “dictatorial” y “autoritario”.
El frente abierto por la elección de alcaldes puede unirse, tras el verano, al de la reforma de la ley electoral gallega para reducir diputados. El PP está tramitando el proyecto en la Cámara con gran lentitud. Sus dirigentes han venido asegurando que la sacarán adelante incluso en solitario. Con todo, antes de que se abriese el debate sobre los alcaldes, aún confiaban en poder pactar algunos aspectos con el PSdeG.
Ciudades en juego
Si se repitiesen en las elecciones municipales del año próximo los resultados de las pasadas europeas —algo muy improbable, pero que sirve para ilustrar lo que está en juego con la reforma electoral— el PP no gobernaría ni una sola de las siete principales ciudades de Galicia. En caso de que la ley convirtiese en alcalde al más votado, los populares conquistarían las siete alcaldías, pese a que en ninguno de esos ayuntamientos lograron más de un tercio de los votos emitidos y en dos, Santiago y Ferrol, quedaron incluso por debajo del 30%.
Por lo que han ido avanzando los populares, la hipotética reforma legal no sería tan drástica. El PP se plantea conceder automáticamente la alcaldía a la lista que sobrepase el 40%. Y, en caso contrario, forzar una segunda vuelta. Con esa nueva norma, el partido de Feijóo estaría igualmente obligado a mejorar de forma sustancial los resultados de las europeas, un objetivo que en el PP dan por descontado.
Con un marco legal como el que ahora pretende establecer Rajoy, sí hubiesen variado notablemente los resultados del PP en Galicia en las municipales de 2011. Los populares se habrían quedado con las alcaldías de Vigo (donde lograron el 42%) y Lugo (el 44%), que al final fueron para el PSdeG por sus pactos con el BNG. En cambio, pese a ser los más votados, sería muy difícil que alcanzaran los gobiernos de Pontevedra (39,52% frente al 39,25% del BNG, que se llevó la alcaldía) y Ourense (32,49% frente al 32,35% del PSdeG, ahora en el gobierno)
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