Benalmádena reclama 262.000 euros a un comedor social

El informe del interventor municipal es definitivo: el comedor social de Benalmádena no justificó el 80% de las subvenciones que recibió del Ayuntamiento. Ante las conclusiones del proceso de control financiero, el Consistorio ha asegurado este martes en un comunicado que reclamará a la asociación esta cantidad, un total de 262.566 euros. Además, remitirá el texto al Tribunal de Cuentas.

El informe provisional de la Intervención, firmado el 18 de julio, ya alertaba de las irregularidades en el comedor. Además de los gastos sin justificar, el funcionario municipal constataba las relaciones familiares entre el concejal de Bienestar Francisco Salido y dos trabajadores de la asociación. Al concejal, miembro de Unión Centro Benalmádena (UCB), un partido que aupó a Paloma García (PP) a la alcaldía, también se le acusaba de haber retirado de un despacho municipal la documentación del caso.

El comedor servía cerca de 250 comidas diarias a personas sin recursos. Pero los usuarios del centro no quedarán desatendidos. "García gestiona ya con distintos colectivos benéficos la firma de acuerdos para atender a las familias en situación de vulnerabilidad y emergencia social a los que proveer de alimentos", según el comunicado del Ayuntamiento de Benalmádena.

El comedor servía cerca de 250 comidas diarias a personas sin recursos

Pero Encarnación Cortés, la concejala no adscrita que llevaba meses reclamando que se investigaran las cuentas del centro, no está contenta con que la alcaldía remita al Tribunal de Cuentas el informe definitivo del interventor. "Todos sabemos que esto va a tardar años", ha añadido Cortés. La concejala cree que Paloma García debería haber enviado el informe a los juzgados y haber destituido a Salido y su equipo. "Las elecciones son el año que viene y lo que quiere es mantener a su socio de gobierno por si le hace falta", ha asegurado.

Por su parte, la dirección del comedor informó este martes que los funcionarios públicos no solicitaron la contabilidad al centro. La asociación ya presentó una denuncia contra el interventor y contra la alcaldesa tras los resultados del primer informe. Los acusaban a ambos de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y argumentaban que existían errores en el texto. "Nuestra asociación ha presentado datos económicos suficientes para que la justicia verifique y nos dé la razón ante este abuso de poder que se está llevando a cabo, ya que vemos como se ha puesto en marcha una estrategia de acoso y derribo de nuestra asociación para dárselo a otras asociaciones", ha declarado la dirección del comedor en el comunicado.