Viera niega haber favorecido al PSOE y que conociera el fraude de los ERE

El que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, señalado por la juez Mercedes Alaya en la instrucción del fraude de los ERE como “uno de los creadores del sistema”, se ha defendido este martes de las acusaciones de la magistrada en una entrevista en la SER. Ha afirmado que desconocía que una empresa en la que trabajó su hija recibiera ayudas, ha asegurado que “jamás” favoreció a sindicatos, al entorno del PSOE o a algún familiar, ha declarado que estaba más indefenso por ser aforado al no tener más instancia que el Tribunal Supremo y ha concluido diciendo que cuenta con el respaldo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. La juez detalla en su instrucción todo lo contrario a lo afirmado por Viera y la oposición a pedido explicaciones a Sánchez.

“Jamás he tomado una decisión que favorezca a sindicatos, al entorno del PSOE ni a ningún familiar”, ha afirmado tajante Viera. Alaya sostiene lo opuesto. En su instrucción afirma que el diputado, “inauguró un largo periodo de diez años en la Consejería de Empleo (...) caracterizado por una gran discrecionalidad, disponiendo él y los que le siguieron de los fondos públicos en beneficio de terceros de forma absolutamente libérrima”. “Se utilizaron tales fondos en beneficio de empresas y personas cercanas, bien a los sindicatos UGT y CC OO o bien próximos a la Administración o al PSOE andaluz”.

Sobre la hija de Viera, este ha argumentado que conoció que había trabajado para algunos empresarios imputados cuando ya había abandonado su responsabilidad pública y que jamás se reunió ni tiene amistad ni ha firmado resoluciones para favorecer a estos.

La magistrada detalla en su instrucción que una de las empresas beneficiadas por las ayudas de Empleo, una vez que el consejero dejó el cargo, fue Sael Inversiones, que describe como “otra sociedad instrumental creada en la etapa posterior a Viera, en la que participó junto a los señores [José Enrique] Rosendo y [José María] Sayago, Eduardo Lora Ruiz (exmarido de la compañera del señor Viera) con el 50% de su capital social hasta el 2008". Lora ordenó el 16 de septiembre de 2009 “una transferencia a Marco de Estudios [donde trabajó la hija del exconsejero] de 300.000 euros, justificándola bajo el falso concepto de devolución de préstamo, cuando este nunca existió, como así lo reconoció el señor Lora en su declaración judicial, pues entre otras razones ni Rosendo ni Sayago ni Marco de Estudios, le reclamaron tal devolución”.

Otra de las alegaciones del exconsejero es que nunca tuvo conocimiento del supuesto fraude ni personalmente ni a través de otros. “Entre 2000 y 2004 no recibí ningún informe de actuación ni ningún reparo”, ha afirmado. También ha negado que fuera advertido de irregularidad alguna por los otros responsables de la consejería o la Junta.

Para la juez, la realidad es totalmente diferente. “Que nadie le avisó de que debían actuar de otra forma es incierto pues recibió varios informes de la Intervención General”. “Deliberadamente quisieron omitir todos el procedimiento legalmente aplicable [para la concesión de ayudas] y todos los controles de la Intervención para disponer de fondos públicos a favor de los terceros por ellos determinados o elegidos”, sostiene la magistrada.

El presunto conocimiento del fraude es una de las líneas básicas de las acusaciones de Alaya, quien añade que, además, Viera formó parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que coordinaba y examinaba las directrices presupuestarias. “Es difícil pensar (...) que no se obtuviera por sus integrantes, ya que contaban con toda la información posible, una imagen fiel y exacta del contenido del programa 31L de la Consejería de Empleo: de las subvenciones que se concedían a través de él mediante el uso de las transferencias de financiación y por consiguiente sin fiscalización previa, del alto nivel de compromisos de ayudas, y del déficit presupuestario que se estaba generando con importante menoscabo de fondos públicos, pues se estaban concediendo y pagando tales subvenciones sin cobertura presupuestaria”.

Según la magistrada, “durante el periodo del consejero Viera se concedieron, al margen del procedimiento legal de subvenciones, ayudas sociolaborales, a empresas y para Ayuntamientos y fundaciones que importaron la cantidad de 311.472.202,67 euros. Asimismo, se concederían dos préstamos y serían abonadas hasta 40 facturas a despachos de abogados y mediadoras, que importaron la cantidad total de 5.433.801,76 euros”. “El abono de facturas por asesoramiento a empresas sólo se produjo durante este periodo”, resume. Alaya cifró el desvío global en 855 millones, por lo que, de acuerdo con este cuadro, durante la época de Viera se concedió el 37%.