Resaca de cemento en La Vega Baja

Adosados sin estrenar, bloques de pisos enteros, incluso un hotel spa de cuatro estrellas… Decenas de viviendas sin ocupar e inmuebles abandonados a su suerte son saqueados en la comarca de La Vega Baja (Alicante). “Cobre, puertas, hierro”, se lo han llevado todo, asegura Moisés Cruz, miembro de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta.

La plataforma lleva un año fotografiando los restos del “afán especulativo”, cuenta Cruz. Comenzó como una pequeña iniciativa de unos ciudadanos que fotografiaban edificios vacíos para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario. El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.

Entrando en Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, lo que era una “oportunidad única” de dúplex entre los 100.000 y los 200.000 euros no tiene ni baños. Ocurre también en Benferri, donde a bungalós acabados les entra el viento por los techos ya sin cableado. Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de “la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa”. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.

“Son edificios que parecen bombardeados en alguna guerra, productos de planes generales desmesurados”, contextualiza Cruz en una comarca cuya capital, Orihuela, tiene más de 15.000 casas ilegales.

El sentido común no ha estado presente en el urbanismo de algunos pueblos vegabajenses. En Orihuela, precisamente, la semana pasada el PP y el partido liberal CLR —con mayoría plenaria— votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley, para que participara la mayor parte de la ciudadanía.

A principios de 2014, la Generalitat no permitió a Almoradí recalificar suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más (el pueblo tiene unos 20.000). Por las mismas fechas, el Tribunal Superior anuló el plan de San Miguel de Salinas por no falta de evaluación ambiental. La idea original era edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos vecinos que acudirían a vivir a este pueblo de unos 7.000 habitantes.