El fraude de la formación empuja a la Junta a cambiar el sistema de ayudas

Acosado por el escándalo de los fraudes en los cursos de formación para el empleo sufragados con dinero público —en siete de las ocho provincias andaluzas hay investigaciones judiciales abiertas por el mal uso de las ayudas—, el Gobierno autónomo ha decidido modificar el sistema de reparto de estas subvenciones. El Ejecutivo de Susana Díaz enmienda ahora la forma de proceder durante años de los representantes políticos de la Junta, que siempre ha estado en manos del PSOE, salvo en esta última legislatura en la que los socialistas comparten el poder con IU. El Ejecutivo central también está preparando una modificación parecida del modelo estatal, ya que se han detectado fraudes similares en otras comunidades, como la de Madrid.

La Cámara de Cuentas ya censuró el reparto de los fondos públicos

Los cambios que Andalucía introduce ahora suponen la eliminación de dos de los aspectos más cuestionables del modo en el que se han repartido los fondos en esta autonomía: se suprimen las exoneraciones y todas las convocatorias se harán con concurrencia competitiva. Además, se establecerá un “baremo objetivo y transparente para determinar la adjudicación de las subvenciones”, apuntan fuentes de la Junta. Se fijará también el tope de dinero que una entidad puede recibir para que se repartan los fondos entre más beneficiarios.

La Consejería de Educación, de la que depende ahora la denominada formación profesional para el empleo, prepara ya la próxima convocatoria de estas subvenciones, que se publicará a finales de este año. Y no se permitirá que las entidades con “expedientes pendientes de justificación de convocatorias previas” puedan beneficiarse, han señalado este lunes fuentes de la consejería. En definitiva, se trata de aplicar sin atajos la legislación de subvenciones, que ya determina que las entidades deben justificar las ayudas recibidas antes de beneficiarse de nuevas partidas. Esa misma ley deja abierta la puerta a que, de manera excepcional y cuando esté motivado por “circunstancias de especial interés social”, pueda exonerarse a las entidades de esa obligación. El problema es que la excepción se convirtió en la regla. En una auditoría de las ayudas de formación elaborada por la Cámara de Cuentas ya se advertía de que entre 2009 y 2010 la Junta exoneró a 844 entidades por importe de 297 millones de euros.

La juez Mercedes Alaya, que también ha abierto una investigación sobre formación, sostuvo hace unas semanas en un auto que el Gobierno andaluz entregó 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011 que están sin justificar gracias a las exoneraciones. Si la magistrada aplica el mismo razonamiento que en el caso de los ERE —donde entiende que tienen responsabilidad penal los que se lucraron con el desvío de dinero público y los políticos que gestionaban esos fondos— acabará apuntando a la anterior cúpula de la Junta de nuevo.

Educación introducirá un baremo para los nuevos cursos

La última convocatoria para cursos de formación profesional para el empleo data de 2011. Cuando Díaz accedió a la presidencia de la Junta en septiembre de 2013, uno de los pasos que dio fue la supresión de las exoneraciones. Esto supuso que la Consejería de Economía suspendiera a principios de año el pago de una subvención de 3,6 millones a UGT por no haber justificado adecuadamente una ayuda anterior de un programa de orientación laboral.

El otro cambio importante que se introduce ahora en el modelo afectará también a esta central, a sus compañeros de CC OO y a la Confederación de Empresarios de Andalucía, que durante años firmaron con la Junta los denominados acuerdos de concertación social que les permitían acceder a subvenciones en condiciones preferentes. La Cámara de Cuentas también apuntó en su informe a este problema: “El 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva”.

Ahora la consejería da un giro brusco: habrá “concurrencia competitiva para todas las líneas de formación”, han apuntado fuentes de la Consejería de Educación. El objetivo, según el departamento de Luciano Alonso, es que las entidades compitan “en igualdad de oportunidades, en todas las convocatorias, respecto a otros solicitantes de acuerdo con los baremos establecidos”. Para ello se tendrá que incluir ese baremo “objetivo y transparente” que primará las propuestas encaminadas a la “inserción laboral”.