El comedor social de Benalmádena deja sin justificar el 75% de sus gastos

El comedor social de Benalmádena (Málaga) era el proyecto estrella de Unión Centro Benalmádena (UCB), un partido formado por independientes que sustenta al PP en la alcaldía desde 2012. Su líder, Francisco Salido, se convirtió en teniente alcalde y concejal de Bienestar tras retirar su apoyo al hasta entonces alcalde socialista Javier Carnero. Así pudo hacer realidad su sueño: asegurar la atención a los necesitados, en sus palabras, “lo más importante” para él en política.

Durante estos últimos cuatro años su departamento ha estado subvencionando el comedor con más de 300.000 euros. El servicio ofrece unas 250 comidas diarias para personas sin recursos. Pero las denuncias de irregularidades de otra concejala, Encarnación Cortés, que había formado parte de su candidatura y que se apartó de UCB cuando pactó con el partido conservador, han calado en el Ayuntamiento.

El centro no llevó ningún tipo de contabilidad desde 2011 hasta 2014

El interventor municipal, en un informe provisional publicado este miércoles por Infolibre, constata relaciones familiares entre Francisco Salido y los responsables de la asociación que gestiona el comedor, y apunta numerosas irregularidades, como que el 75% de los gastos del comedor no han sido debidamente justificados y que han desaparecido facturas. El documento, firmado el 18 de julio, asegura que de los 324.500 euros recibidos por el comedor entre mayo de 2012 y mayo de 2014, 251.666 no están justificados.

Hasta el 2014, los responsables del comedor no llevaban ningún tipo de contabilidad más allá de un estadillo que el tesorero escribía de su puño y letra. Al propio funcionario municipal le resulta “difícilmente comprensible”, que las cuentas se apuntasen a mano cuando la asociación está presidida “por un asesor fiscal y contable”. El informe del interventor denuncia otras irregularidades, como que la asociación paga a sus proveedores con pagarés pese a que recibe fondos suficientes para cubrir los gastos.

La investigación interna sobre las cuentas arrancó en diciembre de 2013. Poco después, el propio concejal de Bienestar se presentó con dos responsables del comedor en el despacho de uno de los funcionarios municipales para llevarse todos los documentos que habían justificado hasta ese año la subvención. Alegaron que querían “ordenarlos”. Salido es cuñado del secretario del comedor, Francisco Cañete, y hermano de uno de los trabajadores del centro.

Para completar la guerra que se ha abierto en Benalmádena por este caso, la asociación del comedor ha presentado una denuncia en los juzgados contra la alcaldesa y el interventor. Los acusan de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y argumentan errores en el texto. Para el tesorero, Antonio Relinque, el dinero está justificado y la denuncia de Cortés responde a una “venganza” contra el edil de UCB, ya que ésta, actual concejala no adscrita, se apartó del partido del teniente alcalde en 2012, cuando este presentó una moción de censura contra el anterior regidor (PSOE).

La edil de la que partió la denuncia asegura que intentó hablar con la alcaldesa, Paloma García (PP), pero que solo recibió la pasividad de la regidora. Hasta que en noviembre del año pasado consiguió que García diera el primer paso y pidiera la fiscalización de las ayudas realizadas por el Ayuntamiento a la asociación.

Hasta que no se publique el informe definitivo no se conocerá la decisión del interventor. Pero la solución que propone Cortés es drástica: cortar las subvenciones al comedor. El centro dejaría así de ofrecer las cerca de 270 comidas diarias que sirve. “Habría que atender a estas personas con otros medios porque esa gente tiene que seguir comiendo”, propone Cortés.

La concejala aseguró que se enteró de la situación al recibir quejas de voluntarios del centro. Sin embargo, el actual cocinero de la asociación niega que existan tales irregularidades. “Yo sé el género que entra, vamos que el que saca la comida soy yo”, aseguró. Cortés, que recibió la ayuda de la Comisión Anticorrupción del Partido X, añadió que tomará medidas legales si, cuando salga el texto definitivo, se confirma que las cuentas no estaban justificadas.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Paloma García aseguró que velará “para hacer cumplir con la legalidad”, pero no ha tomado ninguna medida contra su socio y concejal de Bienestar. No lo hará, según fuentes municipales, hasta que el informe del interventor sea definitivo.