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La división por la consulta catalana alcanza al Gobierno de Artur Mas

El presidente de la Generalitat se desmarca de sus socios de Unió y reitera que su “único plan” es convocar la votación para el 9 de noviembre

Artur Mas, presidente de la Generalitat, en Talamanca (Barcelona). Ampliar foto
Artur Mas, presidente de la Generalitat, en Talamanca (Barcelona).

La creciente división del soberanismo catalán ante la consulta de autodeterminación de noviembre alcanzó ayer de lleno al Gobierno de Convergència i Unió. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reiteró que su plan sigue siendo votar el 9 de noviembre, algo que la vicepresidenta, Joana Ortega, de Unió Democràtica, ha puesto en duda los últimos días. Después de que Ortega planteara un aplazamiento de la votación si el Gobierno central recurre la ley catalana de consultas, Mas puso en evidencia que no está por la labor, al menos en este momento: “No hay planes a, b, c, d o e. Solo hay uno, que es votar”, dijo.

El presidente catalán se vio obligado a hablar para apagar el incendio que su vicepresidenta causó el martes al plantear un posible aplazamiento de la consulta. La alarma que ese gesto provocó en los otros partidos favorables a la consulta, especialmente en Esquerra Republicana, socia de CiU, forzó a Artur Mas a dejar claro que su posición es otra. Y no lo hizo de pasada, sino durante un solemne acto de conmemoración de los 300 años de la batalla de Talamanca, la última victoria que se apuntaron las tropas austracistas antes de la caída de Barcelona en 1714 ante el ejército borbónico.

Así, el presidente de la Generalitat insistió en que convocará la consulta independentista para el 9 de noviembre basándose en la ley de consultas populares no refrendarias que está previsto aprobar en el Parlamento autonómico en septiembre. Aquí, y sin citar directamente a la vicepresidenta Joana Ortega, llamó a aparcar las “especulaciones”. También intentó rebajar el calado de lo expresado por Ortega, recordando que “estamos en agosto, un mes propenso a las declaraciones y los líos”, dijo.

El presidente catalán, en un discurso de apenas 12 minutos, repitió hasta cuatro veces que el único plan es convocar la consulta. Lo que continuó sin aclarar es qué hará si el Gobierno impugna su convocatoria ante el Tribunal Constitucional, algo que en las filas del PP se da por descontado. “Aún no sabemos qué harán, cuando lo veamos ya reaccionaremos”, dijo en otro intento de contentar a los sectores más soberanistas.

El entorno del presidente catalán confía en que sus palabras de ayer sirvan para poner fin a esta crisis y permitan al Gobierno catalán llegar con cierta cohesión interna a la cita de la Diada del 11 de septiembre y al inicio del curso político, marcado por la aprobación de la ley de consultas. Con todo, sus socios de Unió Democràtica insisten casi cada día en marcar perfil propio aventurando que la consulta no podrá celebrarse si hay una impugnación de por medio.

El ‘president’ no aclara qué hará si el Gobierno impugna la votación

En este contexto, y en función de la respuesta del Estado a la aprobación de la ley de consultas y al decreto de convocatoria, Mas se comprometió de nuevo a consensuar las “decisiones importantes” con los partidos proconsulta —ERC, ICV-EUiA y la CUP— para que haya una “mayoría” en favor del proceso soberanista.

Pese a que la brecha entre Unió y Convergència es más que notoria, las palabras de Mas resultaron efectivas para calmar a Esquerra Republicana. Horas después de que el presidente ratificara su hoja de ruta, el portavoz republicano en el Congreso, Alfred Bosch, se congratuló a través de las redes sociales: “Dice el presidente Mas que el plan es votar y que convocará el 9 de noviembre. Pues aquí estamos para ayudar y empujar tanto como haga falta”. Otras fuentes de la dirección de ERC explicaron que, independientemente de lo que diga Unió Democràtica, quien garantiza el pacto con ERC es Artur Mas. “Nos hemos quedado mucho más tranquilos”, aseguraron estas fuentes. Mas y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, siguen en contacto casi permanente y tienen prevista una reunión formal antes del 11 de septiembre para tomarle el pulso a la situación política.

Fuentes de la dirección de Convergència Democràtica consultadas por este diario no escondieron ayer su malestar con Unió Democràtica y las palabras de Joana Ortega, pero insistieron en que no piensan abrir una crisis por este asunto. Los nacionalistas catalanes no quieren añadir nuevos focos de inestabilidad cuando aún están intentando digerir la confesión de fraude fiscal que el expresidente Jordi Pujol hizo a finales de julio.

La duda que queda ahora es qué ocurrirá cuando, a mediados de septiembre, el Gobierno impugne la ley catalana de consultas ante el Tribunal Constitucional. En caso de paralización del texto legislativo, Esquerra Republicana, la CUP y las entidades independentistas que han demostrado gran capacidad de movilización en la calle ya han avisado de que no aceptarán que se pare el reloj y exigirán igualmente la convocatoria de un referéndum. Por si acaso, Artur Mas intentó ayer apaciguar los ánimos antes de tomarse unos días de vacaciones. Su consejo fue meridiano: “El plan es votar, pero obviamente se tiene que hacer bien”.

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