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Chaves y Griñán, dispuestos a declarar ante el alto tribunal

El PSOE defiende la inocencia de los aforados y descarta medidas internas

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas. Ampliar foto
El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas. EFE

“Estoy dispuesto a prestar declaración voluntariamente”. Los dos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han rubricado estas palabras después de que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, haya remitido la causa al Tribunal Supremo ante la presencia de aforados. En declaraciones a Canal Sur, Griñán ha señalado que tras la finalización “de un periodo largo de indefensión” podrá presentar ante el alto tribunal sus propias alegaciones ante las acusaciones de la magistrada. “Ninguno de los aforados señalados se ha llevado ni un euro”, afirma Griñán, tras agregar que tiene “muchas ganas” de presentar sus argumentos.

Tanto Chaves como Griñán han reiterado que el procedimiento para la concesión de las ayudas era “totalmente legal”. “Todas las decisiones políticas tomadas por el Gobierno andaluz han sido decisiones legales, no ha habido confabulación para que otros pudieran delinquir”, ha afirmado Chaves.

 El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha defendido este miércoles la inocencia de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como la los otros aforados que han sido "señalados" por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE, remitido esta semana al Tribunal Supremo. Tras calificar como "un paso lógico que llega tres años y medio después", Pradas ha descartado tomar medidas internas porque han sido "injustamente implicados".

Según ha dicho el dirigente socialista, Alaya ha hecho finalmente "lo que todo el mundo venía reclamando" y, sobre todo Griñán y Chaves por haber sido "señalados injustamente sin poderse defender". "Nos consta que ellos han reclamado poder declarar en el Tribunal Supremo y esperamos que ahora se les permita", ha agregado al respecto. En este sentido, ha defendido la "honorabilidad" de ambos expresidentes y ha recordado que la presunción de inocencia debe mantenerse mientras el Supremo no comience a instruir ahora la causa.

Por su parte, el vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha recordado que los autos de la jueza apuntan "indicios de criminalidad que parecen bastante nítidos". El dirigente popular ha recordado, en una entrevista en la Cope, que existen muchas sospechas de corrupción sobre los gobiernos del PSOE. "Aquí hay tres patas: una son los fondos destinados a los ERE y los expediente de regulación de empleo, otra son los temas relacionados con la formación y otra pata es la reindustrialización", ha indicado

Floriano ha asegurado que todas esas ramificaciones forman parte de la investigación judicial y apuntan a la existencia de una organización "para que al final todo este dinero destinado al empleo de los andaluces se lo queden unos pocos, de una manera u otra". El vicesecretario ha señalado que la clave es comprobar "si existen las responsabilidades penales que aparentemente se pueden derivar para importantes responsables políticos de Andalucía".

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha exigido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ejerza "su liderazgo" en Andalucía e inste a la presidenta, Susana Díaz, a que dé explicaciones y exija responsabilidades políticas.

IU se apuntó a la reclamación de responsabilidades “caiga quien caiga”. El diputado Alberto Garzón pidió que los culpables de la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía paguen “sean del partido que sean”. “Se trata de un caso espectacular que refleja la putrefacción del sistema político”, añadió.

Garzón cuestionó la lentitud de un proceso que “tiene que ser resuelto cuanto antes” para que los responsables del “robo” del dinero de todos asuman las penas y las responsabilidades políticas que les corresponden. “Ahí tiene que caer quien sea, sea del partido que sea, si es un ladrón tiene que asumir las responsabilidades”, insistió.

En su opinión, en esa materia “no cabe ningún tipo de pacto” sino que se debe ser “muy beligerante” y todo debe quedar claro, pues no es un caso de corrupción particular, sino que ha afectado al Gobierno de la comunidad autónoma en etapas anteriores.

Garzón ha defendido la actuación de Izquierda Unida, que “siempre ha mantenido sus líneas rojas” y no tiene ningún imputado en el Gobierno andaluz y se ha asegurado de que el PSOE tampoco lo tenga.

Ha recordado asimismo que IU hizo lo que pudo: promover la investigación en el Parlamento de Andalucía “que fue boicoteada” por el PP y el PSOE.