Alerta de derrumbe en Vallecas por la parálisis de ayudas a la rehabilitación
Los bomberos apuntalan un bloque que espera desde 2001 una subvención pública
Ante la ineficacia de la Administración, los vecinos pierden la paciencia, pero los edificios pierden el equilibrio. Así ha ocurrido en el barrio de Los Pinos de San Agustín, en Puente de Vallecas, donde decenas de bloques esperan el dinero de ayudas concedidas pero no entregadas por el Estado y la Comunidad de Madrid para rehabilitación de viviendas.
Y al menos uno de esos edificios se ha cansado de esperar: hace unos días, los bomberos tuvieron que intervenir, según denuncian los vecinos, para evitar que se viniera abajo el bloque, que ahora resiste gracias a los soportes que lo apuntalan. Los propietarios denuncian que podrían perder sus casas por impago debido a los préstamos en los que se metieron, animados por la Administración, para arreglarlos.
La Comunidad de Madrid se limita a decir que las ayudas pendientes “se están tramitando”, y “espera que se puedan cobrar lo antes posible”. Y siguen en el limbo los 85 millones que el Estado entregó al Gobierno regional para rehabilitación de viviendas.
La Comunidad, que entonces presidía Esperanza Aguirre (PP), lanzó un plan de ayudas para el cuatrienio 2009-2012 con 350 millones de euros y el objetivo de rehabilitar 186.000 viviendas, que los apuros económicos dejaron en papel mojado. Este motivo (“no hay liquidez”) fue el aducido también para dejar sin efecto además las subvenciones aprobadas en 2001 para rehabilitar bloques antiguos en Puente de Vallecas.
Según el presidente de la asociación de vecinos de Los Pinos de Agustín, el barrio entró en rehabilitación integral ese año mediante un convenio por el que el Estado aportaba el 40% de los fondos, la Comunidad otro 20% y los vecinos el 40% restante. Se autorizaron las obras en 98 bloques con 2.005 viviendas, pero sólo se ha rehabilitado el 70%. Cuando la Comunidad anuló las ayudas, los vecinos pararon las obras pero siguieron entrampados con los préstamos. Ahora, uno de esos bloques, con 20 viviendas, corre riesgo de ruina.
La Comunidad tiene 85 millones de dinero estatal pendiente de entregar a los vecinos
El plan de inversiones aprobado en 2001 beneficiaba a las colonias de Sandi, Eugenia, Los Álamos, Fontarrón y Los Pinos de San Agustín. Sin embargo, Aguirre aprobó en julio de 2012, apenas dos meses antes de dejar la presidencia regional, una modificación presupuestaria que, entre otras cosas, anulaba las ayudas a Los Pinos de San Agustín.
La Comunidad tenía entonces pendiente de aportar 1,1 millones de euros, prácticamente la mitad de su parte en una inversión total de 10,3 millones en ese barrio. Las ayudas estatales sí se mantuvieron. El problema en este caso es que es la Comunidad la que debe tramitarlas, y tampoco lo ha hecho hasta la fecha.
El Gobierno regional debe en total 85 millones de euros a unas 38.000 familias por subvenciones que se remontan en algunos casos hasta 2001. Es dinero que el Estado transfirió a la Comunidad y cuyo uso no ha sido justificado por ésta. El Gobierno regional aduce que está “todavía en plazo de justificación y lo está haciendo”. Y añade: “De esos 85 millones, en estos momentos se están tramitando ayudas por un importe total de 27,4 millones, que se van a pagar antes de final de año”. El resto tendrá que esperar.
El Estado aprobó hace dos semanas un plan hasta 2016 en el que a Madrid le corresponderán 80 millones de euros para rehabilitación, pero que está aún por poner en marcha, pese a que supuestamente debería haber entrado en funcionamiento el año pasado.
Para Mariano Monjas, presidente de la Asociación de Vecinos los Pinos de San Agustín, todo esto roza la “estafa”, además de haberse convertido en una “pesadilla” para los vecinos, que, “anticipando la financiación, se endeudaron y volvieron a hipotecar sus casas para pagar su parte”, y ahora, además de estar “entrampados”, ven como sus edificios amenazan con venirse abajo.
"Nos endeudamos contando con la ayuda"
El alboroto de la calle obligó a Francisco Calderón a despegar la vista del televisor. No recuerda qué día de la semana era, solo sabe que jugaba Argentina. “Así que tuvo que ser el miércoles... 9 de julio”, calcula el hombre de 87 años revisando las hojas de un calendario. Se acercó a la ventana para descubrir la fuente del bullicio y se encontró de frente con un bombero que escalaba la fachada de su edificio. Uno de los balcones del tercer piso se estaba hundiendo y había riesgo de desprendimiento. Algo que no habría pasado, según los vecinos del número 53 de la calle Villalobos, en Puente de Vallecas, si las ayudas prometidas por el Estado y la Comunidad de Madrid para la rehabilitación de la vivienda hubieran llegado. “Solo faltaba lucir la fachada y apuntalar los balcones”, explica José Naranjo, de 84 años.
El vicepresidente de esta comunidad, formada por 20 viviendas, explica que cada uno de ellos tuvo que ingeniárselas como pudo para recabar los 25.000 euros que tenían que adelantar para llevar a cabo las obras acordadas con la administración, a la espera de recibir las subvenciones. Los más afortunados, como Calderón y Naranjo, tiraron de lazos familiares. “Como ya tengo mucha edad vendí el coche y hasta dejé de fumar mis dos paquetes diarios para pagar la deuda”, cuenta el mayor de los dos. “Pero como no me llegaba, le pedí dinero a mis tres hijas y a unas sobrinas, que me han dado todo lo que me ha hecho falta. Se lo pagaré cuando pueda, pero al menos no tengo presión del banco”.
En esa situación se encuentra Mercedes, una vecina de otro de los 34 bloques del barrio afectados por los impagos. “Mi casa estaba pagada desde hace 25 años, pero tuve que volver a hipotecarla. No sé cómo voy a salir de esta situación porque yo no trabajo y mi marido se ha quedado en paro después de estar 30 años en la misma empresa”. Hay 700 familias en circunstancias parecidas, según los cálculos de la asociación de vecinos. Y muchos de ellos se enfrentan al problema añadido de la morosidad de sus vecinos. “Mi padre —cuenta Mercedes— tuvo que pedir otro préstamo para hacer frente a las deudas de los que no habían pagado su parte porque de lo contrario les paralizaban las obras”. El hombre tiene 76 años y una pensión que no alcanza los 1.000 euros.
"Es un barrio de personas humildes, con rentas muy bajas. La gente se endeudó contando con el dinero que nos concedieron", apunta Naranjo. “Hemos llegado hasta donde hemos podido. La ayuda nos ha fallado y nos hemos quedado sin perras”, interrumpe Calderón levantando los hombros resignado. “¿Y ahora cómo vamos a pagar lo que queda?”.
Monjas asegura que la Administración debe a los propietarios entre dos y tres millones de euros, y anuncia que, una vez agotada la vía de la reclamación, acudirán al Tribunal Contencioso-administrativo. Apunta que, desesperados como están, incluso podrían acudir a la vía penal: “Somos un barrio muy débil económicamente; con el convencimiento de que nos iban a pagar, pedimos créditos a los bancos, y ahora se puede dar la paradoja de que, por pagar esos créditos, podemos perder la hipoteca e irnos a la calle”.
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