Mas destina 20 funcionarios a preparar la logística de la consulta

La Generalitat de Cataluña ha comenzado una carrera a contrarreloj para tener a punto toda la logística de la consulta del 9 de noviembre al margen de que ésta se pueda acabar celebrando o no. El departamento de Gobernación ha movilizado un grupo de 20 funcionarios durante todo el verano, a los que incluso ha alterado las vacaciones, para ultimar los detalles técnicos dela votación. La mayoría de estos funcionarios forman parte del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, una rama del Departamento que, hasta ahora se dedicaba a la organización de elecciones convencionales. El encargo que tienen es encontrar fórmulas para que la votación del 9 de noviembre se pueda hacer bajo la ley catalana de consultas y no la de referendos, de carácter nacional. También se busca evitar cualquier injerencia del Gobierno. Por esta razón se ha descartado utilizar el censo electoral convencional así como la empresa que habitualmente hace los recuentos.

Las órdenes que han recibido los funcionarios llevan implícito un mensaje político de gran envergadura: la consulta es técnicamente viable y debería celebrarse. Aunque el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dejado claro que no sacará las urnas a la calle si el Tribunal Constitucional veta la votación y la ley que la ampara, el Gobierno catalán tendrá sobre su mesa todo lo necesario para organizar la votación a finales de septiembre. En el equipo preparado para dejar a punto la consulta también trabajan asesores jurídicos y miembros de la Oficina del Autogobierno, dedicada a los contenciosos con el Estado, según explican fuentes de Gobernación. El Área de Procesos Electorales tiene muy controladas sus funciones cuando hay que convocar elecciones ordinarias se refiere. Pero la consulta, con o sin permiso del Estado, es otra cosa: el ritmo es frenético para tenerlo todo a punto. Entre otras cosas, se están buscando colegios electorales alternativos a los tradicionales en los municipios cuyos alcaldes ya han dejado claro que no piensan colaborar. Esta es una cuestión clave, pues el 40% de la población catalana vive en municipios gobernados por el PSC o el PP. Muchos alcaldes socialistas, al ser requeridos por el departamento de Gobernación meses atrás, ya dejaron claro que solo colaborarían con la organización si la consulta era legal y acordada. Los del PP, que tiene muy pocos alcaldes pero gobierna en localidades de peso como Badalona (220.000 habitantes), ya han avanzado que rechazan colaborar con la consulta. Para que los ciudadanos de esas localidades pueda votar, se están buscando edificios de titularidad autonómica que sustituyan a los colegios electorales habituales. La idea con la que se trabaja en Gobernación es mantener cuantas más sedes electorales posibles.

Superado el escollo de las sedes electorales, también se estudia cómo asegurar que haya las personas necesarias en cada mesa electoral, habida cuenta que en una consulta unilateral no se puede obligar por ley a los ciudadanos a controlar el voto y el escrutinio, como pasa en unos comicios ordinarios.

El Departamento también busca alternativas a las empresas que aseguran la logística en cada elección: no se cuenta con la pública Correos para el envío de papeletas. Para el recuento tampoco se cuenta con Indra, la empresa que acostumbra a hacerse cargo del sistema que permite el recuento y centralización de los datos. En este caso el descarte responde en buena medida a que el principal accionista de Indra es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, viajó a Quebec en octubre de 2013 para estudiar la logística necesaria para la consulta. La Generalitat estudió en la provincia canadiense la posibilidad de que se pudiera votar por Internet, pero esta opción está desestimada. Si se celebra la consulta, los ciudadanos votarán en unas urnas de cartón. La Generalitat aprobó en mayo un prototipo, plegable, y de dos euros de coste —muy por debajo del precio de las urnas habituales de plástico, que alcanzan los 35— que será producida por reclusos del Centro de Iniciativas para la Reinserción. La Generalitat estima que se necesitarán 6.000 urnas, y asegura que pueden ser fabricadas pocos días antes de la votación.

Las tareas de preparación de la consulta han dejado prácticamente sin vacaciones a parte del Departamento. Los trabajadores públicos encargados de su preparación han gozado de 15 días de asueto repartidos entre junio, julio y agosto, de tal manera que siempre quede un equipo de 20 personas en la sede del Departamento. Según aseguran fuentes de Gobernación, Ortega ha recibido buena predisposición de sus trabajadores. La consejera tampoco es una excepción al agosto laboral que vive su cartera: este verano solo tomará una semana de vacaciones.

El camino hacia el 9-N

27 septiembre 2012.

Declaración de soberanía. El Parlamento catalán aprueba una resolución que permite que “Cataluña decida su futuro a través de una consulta”. El Tribunal Constitucional la invalidó en marzo de este año.

12 diciembre 2013.

Se fija la fecha y la pregunta de la consulta. En una imagen que buscaba la unidad y la mayoría parlamentaria, Artur Mas comparece ante los medios, flanqueado por los líderes de Esquerra, Iniciativa y la CUP, y anuncia la fecha —9 de noviembre— y una doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?”

8 abril 2014.

El debate llega al Congreso. Los representantes de los diferentes partidos presentan en las Cortes la proposición de ley para permitir la realización de la consulta. El plan es rechazado contundentemanete por 299 votos frente a los 47 a favor y una abstención.

24 mayo 2014.

Se presenta la urna. Se trata de una caja plegable de cartón con una ventana plastificada en los dos laterales. Las fabricará el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lleida.

16 julio 2014.

La ley de consultas, casi a punto. El Parlament aprueba inicialmente la ley de consultas (PP y Ciutadans votaron en contra), que ahora está analizando el Consejo de Garantías Estatutarias. La normativa se aprobará definitivamente a mediados de septiembre.

Antes de 9 octubre 2014.

Esta es la fecha límite que tiene el presidente Artur Mas para convocar el referéndum. El Gobierno central recurrirá, con toda probabilidad, ante el Constitucional tanto la normativa como la convocatoria de la consulta.