4,3 millones para ayudas al alquiler a familias con escasos recursos

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, se propuso al inicio de su mandato un objetivo bastante ambicioso: sacar al mercado las miles de viviendas vacías que hay en la comunidad. En la actualidad, en Andalucía hay 5.600 viviendas de protección oficial (VPO) públicas y privadas cerradas. La orden, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), da un paso más para conseguir el objetivo de la consejera de Izquierda Unida a través de ayudas al alquiler para familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), 11.182 euros netos anuales.

Hasta el próximo 1 de octubre, las personas que cumplan este requisito podrán dirigirse a las entidades públicas con competencia en materia de viviendas y solicitar esta ayuda para 2014: Diputaciones, Ayuntamientos o empresas municipales. El plan, en principio, tiene una dotación de 4,3 millones de euros. “Dada la demora del Gobierno central para firmar con la Junta el convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Estatal 2013-2016, la Consejería de Fomento y Vivienda ha optado por publicar esta orden que está financiada con fondos autonómicos sin perjuicio de que, con posterioridad, puedan ser complementados con dinero estatal”, ha explicado Cortés.

Según la orden, las familias con ingresos menores a 1,5 veces el Iprem destinarán solo el 25% de sus ingresos al alquiler, el resto lo abonará la Junta. La medida no se centra solo en sacar al mercado las 5.600 viviendas de VPO, el 40% de las cuales pertenecen a promotores públicos, sino que en los casos en los que el municipio no disponga de este tipo de inmuebles se abre a la oferta de renta libre. La renta máxima subvencionable será de 3,5 veces el precio de la vivienda protegida de régimen especial de cada municipio.

“Esta nueva línea de ayudas andaluza garantiza el derecho a una vivienda digna a través del alquiler asequible, fomentado este régimen de tenencia que siempre hemos defendido frente a la compraventa. Pero, además, la orden contribuye a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado, en tanto que es la Junta la que paga la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar”, ha aclarado la consejera a través de un comunicado.

Los solicitantes deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, en el que se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda y los ingresos percibidos.