La Junta tardará más de dos años en revisar las ayudas para formación

Para conocer el alcance global de las irregularidades en las ayudas para cursos de formación para el empleo dadas por la Junta a entidades públicas y privadas habrá que esperar hasta diciembre de 2015, al menos, desde el ámbito de la Administración. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha reconocido este martes que su departamento sólo habrá analizado el 30% de los expedientes a finales de 2014. La consejería necesitará más de dos años para completar todo el proceso de revisión de las ayudas, que arrancó en septiembre de 2013. De “una montaña de expedientes” ha hablado Alonso. El último dato ofrecido por la Junta situaba en 8.505 los expedientes de subvenciones a entidades para cursos dados desde 2007.

No exoneraremos ninguna subvención más

Luciano Alonso

Mientras prosigue la revisión, desde la justicia se siguen dando pasos, como la detención del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que recibió ayudas públicas para sus empresas de formación. Alonso ha asegurado que “no hará excepciones ni con Ojeda ni con nadie” y que se reclamará el dinero que las entidades puedan haber recibido indebidamente. Pero Alonso no ha aclarado si al conglomerado de empresas del exconsejero se le ha pedido que reintegre alguna cantidad. El titular de Educación ha vuelto a negarse a dar cifras sobre expedientes que aún no están rematados. Ha argumentado que así se lo han pedido algunas organizaciones, como la Confederación de Empresarios de Andalucía, para no dañar la imagen de las entidades que ofrecían estos cursos.

Su departamento está revisando las ayudas del periodo comprendido entre 2007 y 2011. Del análisis se encargan 62 interinos contratados para ello. Según dijo esta primavera Susana Díaz, presidenta de la Junta, la revisión comenzó en septiembre de 2013. Por lo tanto, el Gobierno andaluz tardará más de dos años en completar este proceso. El Ejecutivo autónomo ha otorgado subvenciones para cursos de formación por valor de 2.326 millones desde 2007. Pero es complicado calcular el montante global del dinero público mal empleado o del fraude. La Consejería de Educación no dará cifras de los fondos que se reclaman a las entidades hasta que estén cerrados los expedientes de reintegro, ha reiterado Alonso.

Sin embargo, hace unos días, la magistrada Mercedes Alaya sostuvo en un auto que la Junta otorgó 950 millones en subvenciones para formación entre 2008 y 2011, que el año pasado estaban “sin justificar” gracias a las exoneraciones que aprobabas por la Administración. Esta figura de la exoneración permitía que las entidades pudieran beneficiarse de nuevas convocatorias de ayudas aunque no hubieran justificado el uso dado a los fondos públicos de ediciones anteriores. La Cámara de Cuentas de Andalucía también ha alertado de la utilización sistemática de la exoneración, un procedimiento excepcional según la legislación. Alonso ha asegurado que este instrumento ya no se utiliza: “No exoneraremos ninguna subvención más”. Una política similar sigue ahora la Consejería de Economía, otra de los departamentos que está revisando expedientes de subvenciones.