El interventor de Ourense acusa al gobierno local de manipular un acta

El interventor del Ayuntamiento de Ourense, Gonzalo Alonso, ha presentado un escrito en el registro municipal en el que acusa al gobierno local socialista de manipular el acta de la Junta de Gobierno de la semana pasada en la que se aprobó el presupuesto de 2014 con reparos de ese funcionario y advertencias del asesor jurídico. Según explica, no refleja las objeciones que manifestó durante la reunión. Y es que dos semanas antes, una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó medio centenar de puestos a dedo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), entre ellos los de la hija, el chófer o las dos secretarias del alcalde, y según los técnicos, el fallo judicial impide aprobar las cuentas sin modificar la RTP y el anexo de personal.

 En el escrito asegura: “El acta levantada por la secretaria de la Junta de Gobierno [la edil y teniente de alcalde, Áurea Soto] no recoge el sentido de mis manifestaciones”, un extremo que el alto funcionario considera “particularmente grave” porque la aprobación del presupuesto “se efectuó omitiendo el informe preceptivo de la Intervención, tal y como se refleja en la legislación de haciendas locales y en los informes emitidos por el Oficial Mayor y por el Secretario General del Pleno”. El funcionario denuncia que se le “privó” del “derecho para el desempeño efectivo de las funciones propias del cargo”.

Tras toparse con la ausencia de sus propios reparos, el funcionario aclara que acudió a la siguiente reunión del gobierno con un escrito “para tratar de corregir esta actuación incomprensible en el ejercicio de un cargo público”, con el que pretendía, señala, “dar traslado del sentido resumido de mis manifestaciones y su incorporación al acta o al expediente administrativo para su debida constancia y efectos”. Pero tampoco pudo ser. Gonzalo Alonso relata que la secretaria de la Junta de Gobierno “se negó a recibir el escrito que le estaba presentando sin exponer argumento jurídico alguno”.

A la denuncia se suma el jefe en funciones de la asesoría jurídica municipal, también presente en aquella sesión. José Javier García presentó otro documento en el registro en el que denuncia que el acta levantada no refleja sus advertencias en el proceder de la Junta de Gobierno, que, insiste, expuso verbalmente hasta que fue invitado a abandonar la reunión junto al interventor. El asesor también certifica que los reparos del interventor tienen base jurídica y se ajustan al ordenamiento vigente.

Según el interventor, no procede la aprobación —el Ayuntamiento funciona con las cuentas de 2012 prorrogadas— por “una clara contravención con el ordenamiento jurídico vigente” basada en tres argumentos. Así, detalla que la propuesta estaba “técnicamente mal formulada” y que la sentencia contra los puestos a dedo afecta al anexo de personal y a la RPT “vulnerando” el real decreto que desarrolla la Ley de las Haciendas Locales en materia presupuestaria. Por último, denuncia que “se ha omitido de manera arbitraria el trámite de fiscalización preceptiva”, un proceder que define como “sorprendente” porque el Oficial Mayor y el Secretario General del organismo comunicaron por escrito antes de la junta, el carácter obligatorio del informe del interventor que nunca fue incluido.

Cuestionado por este diario sobre estas discrepancias, el alcalde, Agustín Fernández, manifestó que “las actas son competencia de la secretaria”. El gobierno ourensano ha afirmado en reiteradas ocasiones que “la resolución judicial no afecta al trámite presupuestario porque la Relación de Puestos de Trabajo no es un documento presupuestario”. Su portavoz y edil de Hacienda, José Ángel Vázquez Barquero, también ha matizado que “a veces hay discrepancias o informes contradictorios” porque, argumenta, “el interventor puede tener un punto de vista y yo otro”. A la sesión puesta en duda por los técnicos no asistió Mónica Vázquez, la única edil del grupo de cinco concejales socialistas críticos que forma parte de la Junta de Gobierno. El PP ha anunciado que está estudiando los hechos para llevarlos ante la justicia. La minoría del ejecutivo local —con solo 11 de los 27 concejales de la corporación— impidió la ratificación de las cuentas en el pleno.