Servicio comunitario, ¿obligatorio?

A partir del próximo curso el Servicio Comunitario dejará de ser una experiencia voluntaria para los alumnos de 3º y 4º de ESO, y pasará a ser “una materia más del currículum”, por tanto, materia obligatoria para los jóvenes de 15 y 16 años. Así lo anunció hace algunas semanas el Departamento de Enseñanza de Cataluña.

Este planteamiento no nos parece, de entrada, censurable: primero, se prueba un nuevo proyecto o actividad en unos cuantos institutos y, en caso que funcione, se hace la propuesta de generalizarlo al resto de centros de secundaria de Cataluña. No obstante, antes de que esto ocurra, es decir, que deje de ser una actividad que realizan únicamente algunos centros de manera voluntaria para pasar a convertirse en una actividad obligatoria en todos, quedan muchos aspectos por esclarecer. Como federación de madres y padres de alumnos más representativa de Cataluña nos hubiera gustado participar aportando la visión de las familias en este asunto. Lamentablemente, esta omisión no es un hecho aislado.

En primer lugar, lo que ha anunciado el departamento no es lo que dice exactamente la documentación oficial que acompaña la presentación del Servicio Comunitario. En este documento no queda claro si es una materia más o un contenido dentro de una materia llamada Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía (sic) que, por el momento, no figura en ningún decreto o ley de educación. Por tanto, se quiere implementar algo de manera generalizada sin tener bien claro qué será necesario exigir que hagan los centros.

A la FaPaC nos parece muy bien que los centros hagan proyectos propios, en ejercicio de su propia autonomía, y tengan una valoración positiva, pero esto no quiere decir necesariamente que se tenga que generalizar de manera automática al resto. Es necesario recordar que nuestros hijos e hijas de secundaria ya realizan cada año un proyecto transversal (trabajo de síntesis, proyecto de investigación) que requiere un esfuerzo organizativo suplementario en los institutos. Ahora nos encontramos con que se quiere implementar obligatoriamente una nueva actividad, materia, o como quiera uno llamarlo, pero, lo que es mucho más importante, se tendrá que ver cómo se acomodará dentro del apretado horario semanal de nuestros alumnos (30 horas de clase, deberes, extraescolares, intercambios,...)

Nuestros hijos tendrán que elegir, obligatoriamente, entre religión católica o Valores cívicos y sociales

¿Se hará en horario lectivo o extraescolar? ¿Cómo se evitarán los riesgos que comporta realizar actividades fuera del centro? ¿Qué recursos añadidos habrá, si es que habrá alguno? Si esto es solo para 10 o 20 horas anuales, ¿era necesario hacerlo extensible a todos los centros? ¿No se estaban trabajando estos valores en los institutos? Estos interrogantes nos hacen ver esta propuesta con poco entusiasmo.

Por otro lado, no podemos dejar de pensar que, ante el panorama desolador para el próximo curso en cuanto a la gestión de la educación pública del Gobierno de la Generalitat —una tenue resistencia a muchos aspectos de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), sentencias del TSJC contra la inmersión, más recortes en la inversión pública en educación, etc— esta propuesta podría tratarse de una cortina de humo para difuminar el alud que nos viene encima.

Que el Servicio Comunitario se haya presentado como un “contenido” dentro de una materia llamada Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía nos hace venir a la memoria que una de las primeras medidas del ministro Wert fue anunciar la retirada de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La LOMCE ha derogado el artículo que la regulaba y ha establecido que lo que tenemos para el curso que viene es que nuestros hijos tendrán que elegir, obligatoriamente, entre religión católica o Valores cívicos y sociales. Por su parte, la Conferencia Episcopal se ha salido con la suya y, tras años y sentencias del Tribunal Supremo sin darles la razón, el Gobierno del Partido Popular les ha puesto el plato que querían: la religión católica será evaluable y tendrá una alternativa —Valores cívicos y sociales—, que también lo será. Ambas contarán para la media del curso y también para solicitar una beca. Muchos creemos que la mayoría de chicos y chicas sabrán rápido cuál de las dos materias les conviene más para sus resultados académicos, ni que sea como un mal menor.

Mientras tanto, no hemos escuchado ninguna voz del Departamento de Enseñanza escandalizarse por este retroceso en los derechos de aquellos padres y madres que creen que la religión católica —o de otras confesiones— no forma parte del núcleo de la educación entendida como un servicio público para todos. Dicho esto, el voluntariado obligatorio puede servir de contrapeso —o no— al aterrizaje de la religión católica como una materia curricular con plenitud de derechos el próximo curso. ¿O es que este voluntariado obligatorio no puede ser implementado en la materia de religión católica, o en su alternativa, de manera indistinta?

Xavier Olivella es miembro de la Junta de FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)