El exinterventor achaca a los titulares de Sanidad el gasto que investiga la UE

La Intervención General de la Generalitat Valenciana no tuvo responsabilidad alguna en la creación del agujero de 1.800 millones de gasto oculto sanitario que se regularizó en 2012, obligó a modificar al alza las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana de los años 2010 y 2011 y ahora ha puesto a la Administración valenciana bajo investigación de la Comisión Europea por falseamiento de sus cuentas. Así lo sostiene Salvador Hernándiz, que fue interventor general entre 1997 y 2012, en una carta remitida a la portavoz de la CE, Emer Traynor, a la que ha tenido acceso este diario.

Hernándiz, que cita las noticias según las cuales la Intervención General envió sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas, se queja de no haber sido consultado y denuncia “la omisión de información relevante a los miembros de Eurostat en sus últimas visitas, información que permitiría determinar durante cuanto tiempo han sucedido las anomalías y dónde se sitúa la cadena de responsabilidades, que nunca ha estado en las declaraciones y el trabajo de la Intervención General de la Generalitat Valenciana”. Antes de transmitir a las autoridades europeas un “ofrecimiento de máxima colaboración”, Hernándiz hace una serie de consideraciones que apuntan al Consell, y más concretamente a los titulares de Sanidad, como responsables de una práctica, la de las denominadas facturas en los cajones, que ha puesto las cuentas autonómicas bajo sospecha.

“Se trata de gastos sin consignación presupuestaria y al margen del procedimiento establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y normativa en vigor, siendo por tanto nulos de pleno derecho hasta su regularización y depuración de responsabilidades por el órgano competente y/o tribunales de justicia”, señala Hernándiz. Y añade que “los responsables son los que realizan el gasto, con las características expuestas en el punto anterior, y lo regularizan”.

Los 1.800 millones regularizados en 2012, para incluirlos en el Plan de Pago a Proveedores, se habían acumulado pese a dos procedimientos extraordinarios efectuados por el Consell bajo la presidencia de Francisco Camps, que acentuó una práctica que venía de mucho antes y acumuló gastos de Sanidad que no llegaba a cubrir el presupuesto, sin consignarlos en cuenta alguna, lo que evitaba que computaran como déficit.

“Los gastos nulos fueron ocultados a la Intervención General”, alega

“Sistemáticamente los gastos nulos fueron ocultados a la Intervención General y puestos de manifiesto a través de la Sindicatura de Cuentas”, prosigue el exinterventor general en el escrito que ha enviado a Bruselas. En efecto, la cuantía de las facturas en los cajones era un clásico de los informes anuales de la Sindicatura de Comptes, que instaba reiteradamente a regularizar su existencia, contabilizándolas en las cuentas 409 o 411 de la Generalitat. Hernándiz no argumenta en su carta por qué sí que detectaba el gasto oculto la Sindicatura y no la Intervención General. Una explicación es que la Intervención cerraba la Cuenta General en febrero, cuando todavía no estaba toda esa información accesible, y la Sindicatura lo hacía a final de año.

En todo caso, Hernándiz señala que la Intervención “ya advirtió en el año 2004, informe de la Sindicatura sobre Cuenta General del 2003, de la persistencia de la Consejería de Sanidad en la práctica de seguir gastando cuando se quedaba sin presupuesto y ocultar esas facturas en los cajones”. Se refiere a las alegaciones que presentó entonces y en las que aseguraba: “No es posible atribuir a los responsables de la redacción de la Cuenta General los defectos que corresponden a una realidad contablemente inexistente y que, por tanto, no podría formar parte de la referida cuenta”. En su escrito a Bruselas, Hernándiz afirma claramente que “el responsable de incoar expediente para regularizar las facturas ocultas es el conseller correspondiente, en este caso, el de Sanidad” Y concluye “que resulta imprescindible analizar los expedientes aprobados, en este sentido, por el Gobierno valenciano y contabilizados en la cuenta 411 del vigente plan contable de la Generalitat”.

El informe de la Sindicatura de 2012, publicado en diciembre de 2013, reveló que la Agencia Valenciana de Salud había abierto en septiembre de ese año un expediente para depurar responsabilidades por los 1.800 millones de euros aflorados. Era una condición necesaria para regularizarlos. Todavía no hay noticias del resultado de aquel expediente. La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció el caso al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abierta una investigación.