“Pusimos el ascensor porque daban la mitad de los 110.000 euros que costó”

“Se han confirmado nuestras peores sospechas, al final la Comunidad de Madrid solo nos va a abonar 15.000 euros en vez de los 50.000 a los que se comprometieron por la instalación de ascensores en fincas antiguas”, denuncia Antonio Caparrós, de la Asociación de Vecinos de Chueca. Su comunidad, de 11 vecinos, solicitó la ayuda en mayo de 2010. El plazo para contestar la solicitud era de seis meses. Transcurridos más de cuatro años y con el elevador ya en funcionamiento, recibieron a mediados de julio una carta de la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda en la que les reconocen el derecho a recibir la subvención, pero con una reducción de 35.000 euros.

“Además, en pleno verano, con estivalidad y alevosía, lo que implica que hay muchas personas de vacaciones a las que se les puede pasar el plazo para interponer un recurso”, denuncia. En su caso, el elevador importó 76.700 euros. Aunque ellos se consideran privilegiados, al no tener que acudir a los bancos para solicitar un préstamo. No ocurre lo mismo con otros afectados, que Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista, cifra en más de 2.000 en toda la Comunidad de Madrid.

La subvención de hasta 50.000 euros ha quedado reducida a 15.000

Las subvenciones para la instalación de ascensores se iniciaron en 2007. En años sucesivos se volvieron a convocar. El último decreto en el que se establecieron las ayudas regulaba las subvenciones para el periodo 2009/2012. Tanto el decreto como la orden que lo desarrollaba establecía que la subvención sería del 70% del coste real de la instalación con el límite de 50.000 euros por ascensor.

Pero la Comunidad de Madrid cambió las reglas de forma sorpresiva en 2012, con la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. En su artículo 20 suspendía los decretos sobre ayudas a vivienda, lo que supuso el fin del cheque vivienda y las subvenciones a la rehabililtación, además de la reducción del 25% en el importe para apoyar la instalación de elevadores. “Y lo pretende aplicar con carácter retroactivo, algo completamente ilegal”, señala Gordillo.

Muchos afectados pidieron créditos para hacer frente a la inversión

Dotar a las viviendas antiguas de esta infraestructura se había convertido en una de las medidas que el Gobierno regional publicitaba como una de sus actuaciones estrella. Hasta tal punto que Esperanza Aguirre inauguró el ascensor 1.000 en abril de 2010. Luis Vara, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad de los Ángeles, en el distrito de Villaverde, recuerda el momento. “Montaron el numerito y la entonces presidenta animó a todos los vecinos a solicitar las ayudas. Con eso y con la normativa, nos metimos a tope”, señala. En esta colonia obrera, donde la media de edad es avanzada, se colocaron 34 ascensores en viviendas de cinco plantas y 10 vecinos. Ahora se han embarcado en un recurso contencioso administrativo para reclamar las cantidades que, en su opinión, la Administración pública les adeuda.

Alberto Rosánes, es presidente de una de las fincas situada en este barrio que han denunciado, y asegura que “no habríamos puesto el ascensor si llegamos a saber esto”. Tiene 51 años, es auxiliar administrativo y está en paro desde hace años. A pesar de tener grandes dificultades para llegar a final de mes, debe hacer frente a un crédito nuevo por el incumplimiento del Gobierno regional.

“El ascensor, que está instalado por fuera de la casa, nos costó unos 110.000 euros”, explica. Los vecinos han solicitado un crédito mancomunado, para pagar una derrama del ascensor de 47.000 euros que debían a la empresa que se lo instaló. “Casi el mismo importe que prometió la Comunidad de Madrid, ¿y de dónde lo sacábamos?”, se pregunta. Lo pidieron al banco. “Y ahora se descuelgan con 15.000 euros y se quedan tan anchos”, denuncia.