Terra Mítica, un caso olvidado

Año 1997. Benidorm. El entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y hasta dos años antes alcalde del destino turístico por excelencia, profetizaba un futuro dorado para Terra Mítica, en cuya construcción acababa de comprometer al Gobierno valenciano: “El parque será motivo de orgullo para la Comunidad Valenciana, para una sociedad que venía reclamando con insistencia una actuación de la que nos sentiremos todos especialmente satisfechos y felices”. 17 años después, Terra Mítica cuenta una historia muy distinta, marcada por la pérdida de cientos de millones de euros de la Administración valenciana y las entidades financieras autóctonas (hoy desaparecidas), la especulación inmobiliaria y la corrupción.

A medida que la falta de visitantes se hacía crónica y la sociedad semipública entraba en suspensión de pagos el que estaba llamado a ser el “parque temático más importante de Europa” pasó a ser conocido, sobre todo, por el caso Terra Mítica. Un sumario judicial basado en fraudes fiscales millonarios, estafas, administración desleal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Con el tiempo, sin embargo, también la investigación iniciada en 2005, pareció caer en el olvido.

El juez instructor, Francisco Silla, que según fuentes conocedoras del caso puso el interés justo en el asunto o se vio sobrepasado por el primer macroproceso de corrupción abierto en la Comunidad Valenciana, ha sentado en el banquillo de los acusados a los primeros directivos de la planta, a empresarios y presuntos testaferros. En total, 38 personas. La fiscalía ha solicitado para ellos altas penas de prisión, que en algún caso superan el medio siglo. A pesar de ello, el caso que atrajo en su momento gran atención enfila su recta final sin pena ni gloria.

Hubo un momento en que la causa judicial pareció alcanzar una altura imprevista. Dos de los empresarios que serán juzgados, José Herrero y Antonio Moreno Carpio (para quien el fiscal pide 53 años de cárcel) reconocieron ante los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such su participación en la compleja trama de facturas falsas descrita en los 50.000 folios del sumario. Herrero y Moreno Carpio contaron que parte del dinero obtenido había tenido como destinatario a Zaplana, que había colocado a su cuñado, Justo Valverde, como director de contratación y servicios generales. Los diputados grabaron las conversaciones, los empresarios se desdijeron y sus palabras nunca se admitieron como prueba. El expresidente ya no se vio importunado. Su ahora excuñado se enfrenta, en cambio, a 10 años de cárcel.

Todo en Terra Mítica se hizo a lo grande. Las atracciones temáticas, inspiradas en civilizaciones de la antigüedad, los aparcamientos, y hasta las rotondas, algunas de las cuales recibieron pomposos nombres como La Razón. Tampoco se escatimó en jardinería en una zona definida a menudo como un secarral donde hasta 1992, seis años antes de que los terrenos fueran expropiados por la Generalitat, se levantaba un bosque de pinos que ardió. El fuego fue intencionado y la Generalitat, entonces gobernada por los socialistas, investigó la posible relación entre las llamas e intereses urbanísticos.

Casi todos los que se han acercado a Terra Mítica han perdido dinero: el complejo costó en torno a 400 millones de euros, en gran medida públicos, y se vendió en 2012 por 65. Entre las excepciones se encuentran aquellos que tenían de antiguo terrenos junto al área donde se levantó el parque. Y quienes acertaron comprándolo poco antes de que la Generalitat anunciara la localización de Terra Mítica, ya que durante meses se barajaron oficialmente tres emplazamientos. El pelotazo en este último caso fue automático.

El 18 de abril de 1997 el suelo alrededor del parque podía comprarse a seis euros el metro cuadrado. Para el 10 de mayo, una vez la Generalitat había comunicado la ubicación, el precio se había multiplicado por tres.

Las plantas, las flores y los árboles de Terra Mítica que contrastan con la sequedad del terreno fueron, según la investigación del caso, el principal camino delictivo durante la construcción de las instalaciones. Una trama formada por empresarios, entre ellos Vicente Conesa, y la cúpula directiva del parque hicieron pagar a Terra Mítica algo menos de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), según los cálculos de las acusaciones, por trabajos que nunca se hicieron o cuyos precios se hincharon. El tráfico de facturas por obras y servicios simulados circuló por una veintena de empresas, estructuradas en tres niveles de empresas, según la Agencia Tributaria.

Las sociedades utilizaron esa falsa contratación, indica el sumario, para desgravarse cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades. El fraude fiscal alcanzó los 4,4 millones de euros. Se trata de un esquema muy parecido al que acaba de costarle una condena de 35 años de cárcel a Ángel Fenoll, el gran empresario de la basura de Alicante.

El parque ha cambiado de gestores reiteradamente, hasta quedar en manos del grupo Aqualandia, pero nunca cubrió las expectativas. La mala reputación ha podido influir en la marcha de Terra Mítica, que hace poco fue escenario de un accidente en el que falleció un joven islandés tras salir despedido de la atracción Inferno. Pero el error fue original.

La Generalitat aseguró que el parque atraería a unos dos millones de visitantes al año, y ejercicio tras ejercicio se ha quedado a menos de la mitad. La previsión contradecía un informe que el Gobierno valenciano ya tenía en su mesa en 1997. La consultora especializada en ese tipo de negocios Economics Research Associates advertía en él: “El potencial para lograr los niveles de asistencia necesaria para ser un proyecto comercialmente viable no existe en Benidorm”. “Un parque temático es, en nuestra opinión, una estrategia de alto riesgo, desde el punto de vista de la necesidad de disponer de enormes cantidades de inversión pública a fondo perdido”. Como así ha sido.