¿Y si no hay consulta?

El curso político que ahora termina se ha centrado básicamente en la consulta del próximo 9 de noviembre sobre el futuro de Cataluña. A finales de 2013 se anunció la fecha y se pactó una doble pregunta, más tarde se solicitó al Congreso de los Diputados, sin éxito, la delegación temporal a la Generalitat de la competencia para celebrar un referéndum, y recientemente se ha aprobado en comisión parlamentaria, con los votos en contra de PP y Ciutadans, una proposición de ley de consultas populares no referendarias que previsiblemente aprobará el Parlament a finales de septiembre.

Durante todo este tiempo se han generado múltiples y variadas discrepancias políticas y jurídicas sobre los conceptos de democracia, legitimidad, soberanía popular o sujeto político y jurídico soberano. El objetivo de la consulta también ha sido uno de los principales incentivos de la actividad social del curso que acaba, y se han organizado centenares de iniciativas populares y asociativas (manifestaciones, concentraciones, campañas, conferencias, coloquios, seminarios y manifiestos de todo pelaje) a favor o en contra del llamado derecho a decidir de los catalanes.

Por su parte, los medios de comunicación han informado sin cesar sobre todo lo relacionado con la consulta. Noticias, artículos, editoriales, documentales, reportajes, tertulias, debates y demás formatos periodísticos han abordado desde distintos ángulos los pros y los contras de la consulta.

La consulta ha conseguido acuerdos antes inimaginables entre partidos muy distantes ideológicamente, como CiU y la CUP o ICV-EUiA. Pero también ha comportado serias disensiones internas en algunas formaciones políticas catalanas, como en el PSC o en CiU, y el abandono de sus cargos de Pere Navarro y Josep Antoni Duran Lleida.

Las disputas sobre la consulta también han contribuido a ocultar debates urgentes, como las repercusiones de la crisis o las erráticas políticas de los gobiernos de España y de Cataluña. Los partidos de izquierdas, a pesar de intentarlo con insistencia, no han logrado situar en la agenda política cotidiana las graves consecuencias sociales que ha provocado la mala gestión de la crisis por parte de la derecha. Incluso hay quien aventura que el proceso soberanista es una estrategia de los ejecutivos español y catalán para eludir las críticas a su desgobierno, aunque sería un modo de proceder demasiado perverso.

En definitiva, ha habido, hay y habrá una actividad frenética alrededor del supuesto convencimiento de celebrar una consulta popular sobre el futuro de Cataluña, a pesar de saber con certeza que el Gobierno español impedirá, con todo tipo de argucias jurídicas, que sea legal y tampoco tolerará una consulta ilegal que, por otro lado, obtendría poco crédito internacional.

Entonces, ¿por qué partidos y asociaciones favorables a la consulta afirman, reafirman y confirman que habrá consulta si realmente saben que no se realizará? ¿Por qué seguir insistiendo, a poco más de tres meses para el 9 de noviembre, en que tendremos consulta si el Gobierno de España, que tiene la potestad de evitarlo, reitera justo lo contrario?

Es comprensible la consigna de apelar con firmeza a que el pueblo de Cataluña decida sobre su futuro, si tenemos en cuenta que más del 80% de los catalanes lo desea, pero parece imprudente seguir anunciando que habrá consulta en noviembre y afianzar una falsa expectativa. ¿Qué ocurrirá cuando el gobierno español impugne la ley de consultas e impida que los catalanes vayan a las urnas, como era de prever desde el primer instante? ¿Se esfumará el espejismo de la consulta?

Para evitar las imprevisibles consecuencias de un desengaño colectivo, ¿no sería mejor que los partidos y las asociaciones favorables a la consulta trazaran con celeridad un plan B que permitiera votar a los catalanes y que, a diferencia del plan A, dependiera solo de Cataluña? ¿No generaría mayor confianza saber que nuestros representantes tienen previstos y acordados varios desenlaces fiables a la demanda de la mayoría de los catalanes?

Algunos consideran que la solución sería la celebración inminente de unas elecciones autonómicas, que el presidente Mas puede convocar sin el permiso de Rajoy, con una candidatura unitaria, transversal y con representantes de la sociedad civil, que abogue por una declaración unilateral de independencia y que se comprometa a formar un gobierno de concentración que negocie la secesión. Se trata, sin embargo, de una decisión que requiere una gran coalición y una nueva dosis de incertidumbre, y cuesta creer que todas las formaciones políticas que ahora defienden la consulta estén por la labor de iniciar y acompañar un proceso de estas características.

En todo caso, para poder dar una respuesta a la voluntad de la mayoría de catalanes, hay que pactar un plan alternativo a la consulta del 9 de noviembre con el máximo apoyo de partidos, asociaciones y agentes sociales. Una necesidad que será más apremiante tras el encuentro de este miércoles entre Mas y Rajoy.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.