Una ley incómoda

La reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular), aprobada en diciembre de 2013, encontró desde el principio detractores hasta en la mismísima calle Génova. En concreto en la primera planta de la sede del partido, donde se concentran los despachos y oficinas del PP de Madrid. El traspaso de competencias municipales a las autonomías sin los correspondientes recursos financieros provocó el recelo de la Comunidad.

El presidente autonómico, Ignacio González, ha expresado en reiteradas ocasiones la dificultad, por no decir imposibilidad, de asumir el trasvase de competencias en asuntos sociales o escuelas infantiles si el Estado no garantiza la forma de pagarlos. “Sin financiación no podemos asumir nuevas funciones”, no puede ser más claro. De mantenerse la situación, sin la “sostenibilidad financiera necesaria”, tanto en el Gobierno regional como en los partidos de la oposición coinciden en que se dejarán de prestar servicios públicos... O se privatizarán.

Entre tanto, la entrada en vigor de la ley, por tramos, ha obligado a las comunidades autónomas a actuar. Al igual que han hecho en la mitad de las 17 autonomías, la Asamblea de Madrid aprobó esta semana, con los votos a favor del PP (72) y el rechazo de PSOE (36), IU (13) y UPyD (8) un Proyecto de Ley para adaptar la normativa autonómica a la estatal. Aunque podía haberlo dejado para finales de diciembre, Madrid lo hizo por el procedimiento de urgencia, condicionada porque el 1 de enero de 2015 la reforma local afectará a las competencias en educación. “El curso escolar empieza en septiembre, y aunque podíamos esperar hemos preferido garantizar una seguridad jurídica a las escuelas infantiles, que se verían afectadas por la legislación”, explican desde el Ejecutivo madrileño.

Otro caso es lo que habría pasado con las mancomunidades, para las que se ha buscado una solución transitoria, de seis meses, a la espera de resolver cómo se financian servicios como el de los residuos. En aras de combatir las duplicidades, es decir que más de una administración dé el mismo servicio o uno parecido, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local responsabiliza, por ejemplo, a la Comunidad de la recogida de residuos en la sierra. Esta, sin cash, se opone.

El caso es que si la Asamblea no hubiera aprobado el martes el Proyecto de Ley en cuestión ya habrían desaparecido diversos servicios públicos. Cumpliéndose, así, las advertencias de oposición, movimientos sociales y distintos barones regionales del PP. “Hemos cubierto algunos agujeros negros de la legislación que implicaban graves riesgos”, reconocen en el Ejecutivo de González. “Es una adaptación confusa de la ley... Este proyecto no va a mejorar en absoluto la financiación de los ayuntamientos, ni tampoco va a garantizar en un futuro las competencias que prestan en la actualidad los municipios”, expresa José Luis García, diputado regional del PSOE y alcalde de San Martín de Valdeiglesias.

En el Gobierno no coinciden con las críticas del parlamentario socialista y señalan que han conseguido que se mantengan en vigor los convenios con los 179 municipios madrileños en educación, sanidad y violencia de género. De esta forma, la adaptación normativa permitirá por ejemplo que sigan existiendo durante varios meses las 52 mancomunidades que si no ya hubieran desaparecido. Veinticuatro corresponden a servicios sociales, mientras que el resto de mancomunidades incluyen los residuos urbanos, los programas de cultura y juventud, la poda y el acondicionamiento de servicios medioambientales así como otros servicios compartidos.

El Proyecto de Ley recién aprobado permitirá que los 308 centros infantiles con convenio en la región empiecen el curso con normalidad el próximo mes de septiembre (en este campo, la Comunidad mantiene 148 convenios con ayuntamientos a los que destina más de 30 millones de euros). También se mantiene los convenios con 51 ayuntamientos en materia de violencia de género, a los que se destinan casi siete millones, así como los convenios de prevención y asistencia de la Agencia Antidroga con 16 ayuntamientos y dos mancomunidades, dotados con un presupuesto autonómico de siete millones anuales.

Otro factor a tener en cuenta es que la eliminación de servicios hubiera supuesto “un golpe muy serio” a la imagen del PP a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, reconocen en el partido.

Al igual que la oposición, fuentes del Gobierno regional y del PP de Madrid, alcaldes incluidos, también muestran su malestar con la normativa, ya que implica un traspaso de competencias de los Ayuntamientos a la Comunidad, a la que el Estado fuerza a asumir unas funciones nuevas pero sin una financiación extra. El Ejecutivo madrileño calcula que los gastos adicionales que tendría que asumir para mantener esos servicios, de acuerdo con el nuevo reparto de competencias, superan los 1.100 millones de euros. Una cifra colosal para un presupuesto —de 17.060 millones este ejercicio— que en los últimos años ha sufrido más de 2.700 millones en recortes. González, presidente autonómico desde septiembre de 2012, se estrenó en el cargo con semejante tijeretazo.

Una medida que el Gobierno regional ha adoptado para cubrirse las espaldas y tratar de mantener los servicios es que las competencias municipales en educación, salud y servicios sociales “continuarán siendo ejercidas” por los ayuntamientos según los convenios de colaboración “hasta que hayan sido asumidas” por parte de la Comunidad “mediante el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que permita su asunción”.

Es decir, que el Ejecutivo madrileño supedita sus nuevas atribuciones a un cambio en el modelo de financiación (debería haber uno nuevo desde el 1 de enero). Madrid viene reclamando, sin éxito, 1.300 millones al Estado en los dos últimos cursos. A mediados de julio conoció que recibiría 98 millones menos de los que esperaba por la liquidación del curso de 2012, lo que incrementó aún más los roces con La Moncloa, especialmente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A diez meses de unas elecciones en las que el PP puede perder el control de la región, que gobierna desde 1995, la reforma local ha reabierto otro frente interno en Génova.