Competencia pide regularizar plataformas como Uber o Airbnb

El organismo advierte de que no se debe condenar a todo un nuevo sector a la "alegalidad" o "ilegalidad"

El Gobierno de la Generalitat ha declarado la guerra a plaformas de Internet como Uber o Airbnb. Sin embargo, un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), vinculada al Departamento de Economía y Conocimiento, insta al Ejecutivo de Artur Mas a “trabajar” para “hacer posible que las iniciativas fruto de la innovación” que ofrecen estos sistemas basados en el peer to peer (particular a particular) puedan “operar en el mercado”.

En el informe, la Acco explica que estas innovaciones de “base tecnológica” pemiten eliminar barreras de entrada. Eso no significa que desaparezcan los sectores tradicionales, pero la convivencia provoca malestar entre estos, cuyas “quejas más recurrentes” consisten en la “competencia desleal”. Los particulares, a su vez, aprovechan las economías de escala y la reputación de la red en un país en el que el 53% de los ciudadanos afirman que estarían dispuestos a alquilar o compartir bienes a cambios de ingresos.

El organismo señala que el marco legal ha quedado “obsoleto” y “desbordado” por las nuevas tecnologías” y advierte de que si se “impidiera” la participación en el mercado de estas plataformas se provocarían “elevados daños” que tendrían un impacto negativo “en el bienestar del consumidor”. Además, el informe avisa de que “en última instancia” se estaría “limitando a la autoocupación” y se podría favorecer la economía sumergida.

Por todo ello, la Acco considera que la Generalitat no debe condenar a estos sectores económicos a la “alegalidad” o “ilegalidad”. De este modo, el organismo reclama “reglas de juego” que sean “amplias y flexibles” para dar respuesta a esta realidad. No se trata, aclara la Autoridad Catalana de la Competencia, de desregular, sino de crear “una regulación que no imposibilite la aparición de un nuevo modelo económico”.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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