Nuevas sombras para Delphi
El último auto de la juez Alaya discute la legalidad del dispositivo especial para formar a los extrabajadores de Puerto Real
Hace 180 días que la sede de los sindicatos en Cádiz se llenó de carteles. Un grupo de exempleados de Delphi optó por encerrarse en estas instalaciones después de ser advertidos de que si trataban de entrar en un edificio de la Junta serían denunciados. Al cumplir los seis meses, los encerrados organizaron este viernes una concentración. “Es una manera de hacernos visibles, recordar que estamos aquí”, explica Antonio Real, uno de ellos. Su protesta ha coincidido con el auto de la juez Mercedes Alaya que imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. En él la magistrada siembra las dudas sobre la legalidad no sólo de la labor de Fernández sino de todo el dispositivo con el que la Junta invirtió más de 300 millones de euros para tratar de recolocar a los 1.904 despedidos de la fábrica de Puerto Real.
Fue el 4 de julio de 2007 cuando el Gobierno andaluz, la empresa y cuatro sindicatos (CC OO, UGT, USO y CGT) suscribieron lo que se conoce como protocolo de colaboración de Delphi, que después tuvo varias revisiones. En él se fijaron las bases de un acuerdo por el que el Gobierno andaluz se comprometía a buscar fórmulas para implantar nuevas empresas que permitieran recolocar a estos trabajadores y por el que la Consejería de Empleo activaba el llamado Dispositivo de Tratamiento singular. Era la plasmación por escrito de una promesa que el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, había hecho en persona a los recién despedidos por la multinacional: “No os dejaremos tirados”.
Los actuales gestores de la Junta calculan que el dispositivo especial de Delphi ha costado más de 300 millones de euros. Es la suma de los 120 millones de euros pagados por la empresa para las indemnizaciones por despido, los 140 millones de euros empleados en ayudas y cursos de formación y los casi 100 millones que quedan por pagar de las prejubilaciones acordadas. Estas dos últimas partidas con fondos públicos. En este recuento no se incluyen las inversiones e incentivos realizados para la llegada de empresas a esta comarca. Planes que, como el Bahía Competitiva, están bajo sospecha judicial.
El exconsejero Fernández no firmó el acuerdo puesto ahora en cuestión
La Consejería de Empleo se volcó con los ex de Delphi. Impartió, según sus datos, 26.250 horas de cursos sobre competencias generales; 32.100 horas de lecciones industriales; y 73.500 horas de programas específicos. Algunos de estos programas permitían obtener títulos universitarios. 256 trabajadores encontraron empleo por su cuenta, 294 se prejubilaron a los 50 años, 83 obtuvieron la invalidez permanente. Otros 350 fueron llamados para Alestis, aunque fueron apartados después en un expediente temporal de empleo. Los 100 que entraron en Gadir Solar terminaron también en la calle porque la empresa cerró. Unos 500 nunca obtuvieron un empleo en estos años. Hace dos años que dejaron percibir prestaciones por desempleo. “No vivimos en la indigencia porque tenemos ayudas familiares”, dice Antonio Real, en nombre de los encerrados.
El dispositivo especial se montó en vísperas de las municipales de 2007 en medio de una corriente ciudadana a favor del colectivo. Pero el desarrollo de los cursos, la ingente cantidad de dinero invertida y sus escasos resultados y la irrupción de la crisis provocaron un sentimiento contrario en gran parte de la sociedad, que empezó a ver a los ex de Delphi como unos “privilegiados”. Fue cuando empezó a difundirse que algunos cursos en inglés consistía en ver películas en versión original. Y cuando algunos afectados, como Isidro Jiménez, empezaron a difundir algunas irregularidades: incumplimiento en la diversificación de la formación, cuestionarios para valorar a lo alto algunos cursos o amiguismo en el reparto de las empresas que impartían esos cursos.
Lo que investiga ahora Alaya no es nuevo. Los juzgados de Cádiz llevan meses indagando el papel del exconsejero Ángel Ojeda y la empresa Natura, una de las seleccionadas para impartir los cursos. Alaya sí incide en su auto en algunas irregularidades generales: becas por encima de lo legalmente estipulado o la subcontratación de la formación sin previa autorización. Lo que llama la atención es que el primero al que ha llamado en declarar haya sido a Fernández, quien, aunque era el máximo dirigente de Empleo, no rubricó con su nombre el dispositivo especial puesto ahora en cuestión. En aquel documento aparecían una veintena de cargos medios de la Junta y representantes sindicales.
Los encerrados saludaron este viernes la investigación abierta por Alaya aunque también reclaman que ese dispositivo especial aprobado se cumpla y vuelva a acogerles. Es lo que han reclamado junto a UGT y USO en un triple contencioso en el TSJA. Mientras Alaya aclara si todo aquello fue legal, el alto tribunal andaluz deberá decidir si condena a la Junta por haber incumplido aquella promesa.
