El ladrillo pudo con Sanxenxo

Con 17.500 habitantes y una población flotante que alcanza picos de hasta 100.000 veraneantes cada año, Sanxenxo acusa el desplome de la construcción como ningún otro ayuntamiento gallego; un sector que fue un auténtico maná para la economía local y el gran pelotazo para los promotores inmobiliarios desde comienzos de la pasada década.

Pero además de las arcas vacías por los efectos de la burbuja inmobiliaria, el mayor centro turístico de las Rías Baixas afronta varios procesos judiciales por la concesión de licencias bajo sospecha que ya cuentan con 17 imputados, entre miembros de la cúpula política y técnica de la recién desaparecida Xerencia de Urbanismo, y varias constructoras.

Indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio se derivan de las denuncias presentadas por particulares que tienen sus raíces en luchas internas dentro del PP local, que acabaron en una escisión del partido antes de las últimas elecciones municipales.

Los disidentes se integraron en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), contrarios a la elección como candidata de la actual alcaldesa popular, Catalina González, que oficialmente ya anunció su retirada del próximo cartel electoral. González les acusó públicamente de promover el calvario judicial en el que está imputada junto a Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió esta área municipal durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín.

A la investigación que arrancó en 2012 se sumaron la semana pasada otros dos implicados después de que el caso haya tomado nueva forma con las diligencias divididas en cinco procedimientos distintos, tantos como el número de licencias urbanísticas que se han denunciado.

Alejado de la presión mediática que tomó el caso, el juez de Cambados, Juan Carlos Hermo, que heredó las pesquisas el pasado año, acaba de añadir a la lista de imputados a Juan Lorenzo Ramírez, último gerente de Urbanismo y actual responsable del servicio jurídico del Ayuntamiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el polémico expediente de la calle Progreso, por el que han pasado por el juzgado varios testigos.

En estas diligencias que se centran en los dos bloques de viviendas edificadas por la constructora Balboa y Chan, en pleno casco urbano de la ciudad, está imputada Encarnación Rivas por presunta prevaricación, delito que podría ampliarse a otro de posible cohecho en su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo, entre 2004 a 2006.

El juez también acaba de imputar un supuesto delito contra la ordenación del territorio a la arquitecta de las obras de unos chalés en Bascuas, Elena L.F. —la segunda pieza judicial— que promovió la constructora Caneleiro Inversión, SL, y donde también está involucrada la alcaldesa por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una tercera investigación apunta a la concesión y posterior anulación de la licencia a las empresas Ferro Mesego y Promociones Inmobiliarias Lucasor para construir unos chalés en Dorrón, polémicas obras dada su ubicación y proximidad al cementerio de la parroquia de A Torre. Los dos restantes procedimientos se refieren a la construcción y reformas realizadas en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guio, y a la legalización de una construcción frente a la playa de Montalvo. Guio y su antecesor en el cargo, Rafael Vázquez Abal, también exgerente municipal de Urbanismo, solicitaron comparecer de nuevo ante el juez para ampliar su declaración del pasado diciembre.

En este momento procesal nadie se atreve a afirmar que la fase de citaciones e imputaciones haya terminado. El rumbo de las diligencias está en manos del juez que ha ampliado las pesquisas sobre algunos expedientes y no ha decidido todavía en qué situación quedará cada imputado; si amplia o rebaja los delitos, incluso si finalmente libera del proceso a alguno de los implicados.