“¿Queréis que sea por su importe real o por otro?”

La correspondencia intervenida por la Guardia Civil en el caso de las facturas falsas revela de forma clara la connivencia entre los responsables de UGT de Andalucía y las empresas proveedoras “de confianza” para amañar las cantidades pagadas. Este amaño supuso una “financiación alternativa” para el mayor sindicato andaluz, según definen los agentes en diferentes informes.

“Hola Lola, me ha llamado una compañera tuya esta mañana pidiéndome una factura, pero quedó pendiente de decirme la fecha de la factura, y si queríais que fuese por su importe real o por otro, así como si tenía que ser desde Huelva, Málaga o Madrid”. La trabajadora Diana Corredera, detenida en la Operación Cirene, escribió estas líneas desde la firma Publicar D&M a la responsable del departamento de compras de UGT, Dolores Sánchez. Esta responde a la empleada de la empresa: “Los rápels que me debes están en otra tabla, pero aquí en principio faltarían las facturas que te pido hoy (…) Si te viene mejor, de cada programa me puedes hacer una sola factura pero en el que detallo que venga todo lo que te pongo en cada uno de los puntos. Un saludo, Lola”.

Los investigadores explican la operativa de este modo: “Proveedores de confianza a los que se les conminaba a que modificasen determinados apartados de las facturas, tales como su concepto, fecha o cuantía; o a que emitiesen nuevas facturas”.

El sindicato pagaba gastos de

Moisés de los Ángeles Morillo, empleado de la firma Viajes Macarena, aclaró a los agentes estos cambios constantes y bailes de cifras en las facturas: “Era muy frecuente el cambio en los conceptos de las facturas, incluso meses después de haberse emitido una factura me llamaban para cambiar el concepto de la misma. Para estos cambios de concepto me solían dar instrucciones con el objeto de reflejar la asistencia a cursos de formación y/o algún tipo de congreso o reunión”.

Las correcciones de las facturas ordenada por los responsables de UGT se repetían “varias veces en el mismo documento, incluso alguna vez estos cambios en el concepto se pedían sobre facturas emitidas hace dos años, sin que me pidieran ningún cambio en la fecha de facturación”, añadió el empleado de la agencia de viajes.

El problema añadido a la supuesta falsedad es que detrás de estas facturas están los fondos públicos que la Junta de Andalucía concedía a UGT para cursos de formación y otros convenios. De ahí el delito de fraude de subvenciones que el juzgado imputa a los tres responsables de la organización imputados: el extesorero Federico Fresneda; la citada Dolores Sánchez y la responsable de gestión económica, María Charpín. En el sumario, Fresneda señala a los ex secretarios generales de UGT Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla como conocedores del fraude.

La Guardia Civil sostiene que la central se financió con dinero público

El sindicato inflaba y falseaba facturas, según los indicios, para luego remitirlas a la Administración como justificación para recibir fondos de convenios y emplearlos en cursos o conceptos diferentes. Esta práctica generó durante años un bote millonario que supuso la financiación irregular del sindicato. “El 40% de los gastos del mantenimiento de la estructura (agua, luz, etc) y el 40% de los gastos de personal se cargan a programas de Formación Ocupacional (…) Otro 40% de gastos de estructura y otro 40% de gastos de personal se cargan a programas de Formación Continua (…) El 20% restante de gastos de estructura se carga a otros programas”, según declaró el trabajador José Miguel Galdeano.

Las empresas proveedoras que UGT utilizó para generar facturas irregulares fueron Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte y Carpetas Abadía. Estas firmas acordaron con el sindicato hacerles un descuento como gran cliente de entre el 3% y el 15%, según la Guardia Civil, porcentaje que algunos trabajadores elevan al 20%. Este descuento era ocultado a la Junta andaluza, que abonaba el 100% de las subvenciones, lo que devino en una financiación irregular para la organización que denuncian los investigadores.

La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, dijo este viernes que si sus predecesores “son culpables, que respondan ante la justicia”. Pero a renglón seguido defendió la legalidad del 20% que retenía el sindicato de cada subvención, en función de una orden de 2009 de la Junta de Andalucía sobre la formación profesional, informa Antonio J. Mora. “Existe una norma por la que los costes directos y asociados que están definidos en las subvenciones son legales”, arguyó Castilla, desmintiendo la tesis de la Guardia Civil, que censura toda la operativa del sindicato para financiarse gracias a fondos públicos.