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El fiscal pide cárcel para los 18 neonazis del grupo Frente Antisistema

La acusación pública solicita penas que oscilan entre los dos y los seis años de prisión

Les atribuye los delitos de asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas

Los acusados se taparon ante las cámaras, menos el concejal de Silla, José Alejandro Serrador. Detrás de él, el conocido abogado ultra José Luis Roberto, que asistió al juicio "como público".
Los acusados se taparon ante las cámaras, menos el concejal de Silla, José Alejandro Serrador. Detrás de él, el conocido abogado ultra José Luis Roberto, que asistió al juicio "como público".

El juicio contra la organización neonazi Frente Antisistema (FAS) quedó este jueves visto para sentencia en la Audiencia de Valencia con la confirmación de la petición de pena por parte de la fiscalía. La solicitud se eleva a 42 años de cárcel sumando todas las peticiones. Pero dado que hay 18 acusados (dos de ellos en rebeldía) las penas para cada uno de ellos oscilan entre los seis y los dos años de cárcel. En esta última situación se encuentra la mayoría de los acusados, por lo que en el supuesto de que el tribunal acepte la petición del fiscal no tendrán que ingresar en prisión salvo que tengan antecedentes penales.

Es el caso de Pedro Cuevas, que estuvo en prisión por el asesinato del joven Guillem Agulló. Otro acusado, José Alejandro Serrador Ferrer, concejal de España 2000 en Silla, para quien el fiscal pidió tres años y medio de prisión, se enfrenta, además, a la prohibición de ser elegido para cargos electos durante el tiempo de la condena.

El fiscal se ratificó en la descripción del Frente Antisistema, desmantelado en 2005, como un grupo inspirado en la ideología nacionalsocialista, dedicado a “promover el odio racial” y contra colectivos como el homosexual, que hizo acopio de una gran cantidad de armas, incluido un lanzagranadas.

Todo ello se tradujo jurídicamente, según la acusación pública, en los delitos de asociación ilícita (en diferentes grados), tenencia de armas prohibidas, y tenencia de armas de fuego reglamentarias.

Durante la vista, el fiscal destacó que en las grabaciones efectuadas por la policía algunos acusados hablan de llevar a cabo “batidas” y “cacerías” de personas. Y señaló que había indicios de venta de armas por parte de los miembros de la organización. La falta de pruebas (la Guardia Civil ha asegurado que desmanteló el grupo sin esperar a tener constancia de ataques personales por miedo a las consecuencias) ha hecho imposible, sin embargo, que la acusación se amplíe a agresiones y tráfico de armas.

Las defensas de los acusados pidieron la absolución y afirmaron que las acusaciones se basaban en la ideología de sus clientes. La acusación popular, impulsada por EUPV, Movimiento contra la Intolerancia, Bloc, Acció Cultural del País Valencià, ERPV, Ca Revolta, CEAR-PV y Jarit, solicitó penas de prisión superiores a las de la fiscalía.-