La dieta de la política

El binomio retribuciones y política ha vuelto estos días a primer plano de la actualidad. En esta ocasión, y a raíz de una investigación judicial, de la mano de las dietas que percibían algunos alcaldes por su participación en tareas de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). La justicia no acepta la consideración de dietasa una cantidad fija mensual si no está relacionada con actividades concretas derivadas del cargo o la responsabilidad en la entidad municipalista.

La noticia ha provocado un cierto revuelo y el enfado de diversos alcaldes que confiaban en los servicios jurídicos de la FMC y, en consecuencia, en la legalidad de estas retribuciones. Estoy convencido que la mayoría las aceptaba pensando que actuaban correctamente desde un punto de vista legal, pero quizás convendría ampliar la reflexión un poco más allá de las leyes.

La política institucional exige dedicaciones que obligan a la remuneración de esta actividad, pero uno de los temas pendientes para tratar de reconciliarla con la sociedad es conseguir erradicar la sospecha generalizada -y muchas veces exagerada- que el sistema de retribución a los políticos esconde en el doble fondo un oscuro sistema de prebendas y privilegios.

El sistema de retribución a los cargos electos debe partir de tres principios generales: un único sueldo sin complementos dinerarios, una escala salarial acorde a los grados de responsabilidad y una transparencia meridiana. Las dietas -complementos legales establecidos para compensar gastos provocados por el desempeño de la actividad- solo deberían aceptarse cuando responden a gastos ocasionadas en el ejercicio del cargo, y puedan justificarse de manera documental. Cuando se convierten en retribuciones dinerarias sin que sea necesaria su justificación, ensombrecen los tres principios generales y contribuyen a proyectar una imagen poco transparente de las retribuciones. La sensación de que esconden un sobresueldo, y no la compensación de un gasto, es imposible de desmentir. Por este motivo la asistencia a una reunión de un organismo, al que se pertenece por el cargo que se ostenta, no debería dar derecho a compensación económica alguna.

Por la asistencia a una o dos reuniones mensuales, cada representante público cobraba unos  500 euros

Durante varios años he tenido diferentes responsabilidades en el área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Cargo que me ha obligado a representar a la ciudad en consorcios y fundaciones: jamás he percibido un euro por ello, como tampoco lo han hecho el resto de representantes públicos de las distintas instituciones que los conformaban. En cambio, cuando en 2011 obtuve por primera vez el acta de concejal, me tocó representar a mi grupo en los órganos de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona. Por la asistencia a una o dos reuniones mensuales, cada representante público cobraba aproximadamente 500 euros. No tenía ninguna duda sobre su legalidad pero, pocos meses después, renuncié a esta compensación: me parecía sencillamente injustificable.

El pago de dietas de esta naturaleza quizás no es muy habitual en el sector público, pero es una práctica muy extendida en los gobiernos locales de segundo nivel (diputaciones, consejos comarcales, áreas metropolitanas…). Conozco también a otros representantes públicos, de partidos e ideologías distintas, que han renunciado a este tipo de complementos asaltados seguramente por dudas similares a las mías.

Me parece que tocaría convertir la excepción en regla y que un concejal o alcalde (¡hoy el de Barcelona recibe más del 25% de sus emolumentos a partir de dietas!), debe tener un salario asociado a su responsabilidad y al tamaño de su municipio, pero no puede ser que este se vea incrementado por actividades que forman parte de sus funciones naturales. Considero que la política institucional exige salarios acordes con la importante responsabilidad que tiene encomendada, y precisamente por esta razón no puede quedar enturbiada por un sistema retributivo tan fácil de poner en cuestión. Es más, puede existir la tentación de hacer tabla rasay eliminar organismos que continúan siendo necesarios (una de las reformas de la conocida Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local): sería matar moscas a cañonazos. Hacen falta federaciones de municipios y gobiernos metropolitanos, simplemente requieren transparencia y claridad.

Sin argumentos que lo sustenten y teniendo en cuenta la crisis de confianza de la política institucional, eliminar este tipo de retribuciones supondría subir un primer peldaño en la larga escalera para reconciliar sociedad y democracia. La crisis ha puesto la democracia bajo sospecha, y sin duda la corrupción con mayúsculas es la responsable principal. Para ello están los juzgados. Pero la confianza en la democracia exige un rearme ético, algo de límites mucho más difusos y ante lo cual la política, en demasiadas ocasiones, mira hacia otro lado. Las leyes están para cumplirlas pero la política no puede parapetarse en la legalidad, su función tiene otras exigencias. Entre otras cosas porque es ahí donde la democracia se juega su futuro.

Jordi Martí Grau es gestor cultural.