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La Junta limita a 45 minutos a la semana la enseñanza de Religión

Alonso critica que Wert no garantice la financiación de la formación profesional

Varios alumnos a su llegada a un colegio de Sevilla. Ampliar foto
Varios alumnos a su llegada a un colegio de Sevilla.

Desde un primer momento, la Junta mantuvo que su intención era limitar la asignatura de Religión al “horario mínimo posible” marcado en la reforma educativa. Y así lo ha plasmado en el primer borrador del decreto sobre Educación Primaria. Según ha anunciado el consejero Luciano Alonso, los centros andaluces impartirán 45 minutos a la semana de la materia confesional (actualmente 90 minutos). Con esta decisión, la Administración sigue los pasos dados por Asturias, Canarias y Galicia. Y también los del propio ministro José Ignacio Wert, quien también fijó en 45 minutos el módulo de Religión en los centros de Ceuta y Melilla, donde la competencia es del Gobierno central. Asimismo, Alonso ha anunciado que la Junta ampliará la oferta de la Formación Profesional Básica (FPB) a pesar de que el ministerio “no garantiza su financiación”.

Tras calificar el próximo año académico como “de transición” —la Junta ya anunció que no tendrá listo los desarrollos curriculares para implantar este curso la reforma en primero, tercero y quinto de primaria—, el consejero ha asegurado que la Junta va a implantar la reforma educativa “por sentido de la responsabilidad”, pero eso sí, lo hará “de la manera menos lesiva para el alumnado, las familias y el profesorado”. Basado en los principios de “calidad y equidad”, Alonso ha dicho que se mantendrá en Educación Primaria la estructura de ciclos, se aumentará los mínimos establecidos por el ministerio para las materias troncales (del 50 al 57%) y se reducirá a 45 minutos la enseñanza de Religión. Además, los colegios tendrán autonomía para determinar el 18% del horario, ya sea con materias troncales o de refuerzo.

A estas medidas recogidas en el borrador del decreto —que se espera que sea aprobado en enero— se suman, entre otras, mantener como asignaturas de libre configuración Educación para la Ciudadanía. “El alumnado debe ser capaz de saber, saber hacer y saber estar”, explica el consejero tras recordar que la comunidad ha recurrido la normativa ante el Tribunal Constitucional y el Supremo. “Es la peor reforma educativa de la historia de este país”, opina.

En cuanto a las evaluaciones, Alonso ha asegurado que se seguirán haciendo al final de cada ciclo y que, excepcionalmente, se harán al inicio si lo estima el equipo directivo. “Este examen tendrá carácter formativo y sus resultados servirán para adoptar medidas de mejora”, precisa. El consejero ha reiterado que “no se publicarán los ránking” por centros.

“Resistencia absoluta” al recorte

La Junta de Andalucía ofrecerá “resistencia absoluta” frente al recorte de 80 millones de euros del Gobierno central a esta comunidad, referente a la liquidación del sistema de financiación de 2012, según afirmó en una rueda de prensa María José Sánchez Rubio. A la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales le resultó “incomprensible” que, a mitad de un ejercicio presupuestario y con los compromisos de gastos realizados, el Ministerio de Hacienda “se descuelgue con esto”, informa Virginia López. Quiso señalar, además, que desde el Gobierno andaluz están dándole prioridad a políticas de bienestar social en ámbitos como la sanidad, la educación o la dependencia. Añadió que, por tanto, cada vez que se realiza un recorte de este tipo, “la capacidad de respuesta de las comunidades termina siendo menor”. Sánchez reclamó, también, la necesidad de debatir sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.

Las críticas de Alonso a la reforma educativa han cobrado más peso al referirse a la Formación Profesional Básica (FPB). “Se suponía que se trataba de la piedra angular de la normativa y ha terminado siendo un programa residual”, asegura el consejero antes de rematar que la FPB “nace muerta”. El consejero ha anunciado que la Junta ampliará la oferta en esta área pese a que el ministerio “no garantiza su financiación”. Pasará de 501 a 505 unidades para 9.860 alumnos. Con esta medida, tal y como recuerda José Blanco, de la Federación de Enseñanza de CC OO, la Junta da marcha atrás al recorte de 76 unidades de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) que había barajado a consecuencia de la implantación de la ley. Además de por CC OO, la actuación ha contado con el aplauso del CSIF.

Y sobre la financiación de la LOMCE, el consejero ha asegurado que el ministerio ha remitido a las comunidades un convenio de colaboración que deberán suscribir para poder recibir fondos, un escrito en el que se elogia el texto aprobado solo por el PP. “Es una verdadera provocación. Es inaceptable que pretenda intercambiar ideas por dinero”, mantiene el consejero, quien señala que ha remitido una carta a Wert en la que le pide la revisión o modificación a fondo del convenio de financiación. Alonso ha estimado que la implantación de la FPB supondrá para la comunidad un sobrecoste de 241 millones. También ha censurado que el ministerio haya elegido la fórmula de financiación mediante convenios con las comunidades y el Fondo Social Europeo, algo “sin precedentes en educación”.