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El Síndic de Greuges pide controlar la subida de precio de la T-10

Rafel Ribó critica que existan 47 sistemas diferentes de tarifación social en Cataluña

En los próximos meses se comenzará a negociar el precio del transporte público que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, se ha unido esta mañana a las voces que piden moderar las subidas y optimizar las ayudas a las personas sin empleo para poder acceder a los títulos sociales. Ribó ha presentado en el Parlament un informe en el que recoge las quejas sobre el precio de los billetes y recomienda, entre otras cosas, controlar el incremente en el precio de la T-10 “para que no suba más del IPC”, explicó. "Clama justicia. No vale el argumento de las dificultades presupuestarias", ha espetado en rueda de prensa.

Ribó ha explicado que en lo que va del año ha recibido 720 quejas referidas al acceso al transporte público, una cantidad que ha calificado de “considerable” y que lo ha impulsado a presentar el informe ante la presidenta de la cámara catalana, Núria de Gispert.  Para el 2014, la T-10 –el título más utilizado- subió 5,10%, llegando a los 10,30 euros, lo que generó una gran cantidad de manifestaciones ciudadanas en toda Cataluña, promovidas por la plataforma Stop Subidas. El Síndic ha instado a la Autoridad Metropolitana del Transporte, el departamento de Territorio y Sostenibilidad y a Transportes Metropolitanos de Barcelona que este título no sea objeto de incrementos superiores al del IPC para “facilitar una movilidad asequible al conjunto de la población”. “El transporte es un derecho básico donde hay especial protección a las personas consumidoras”, ha recordado Ribó.

El retardo en la puesta en marcha de la T-Movilidad, la tarjeta sin contacto paga abonar el transporte público y que permitiría desarrollar tarifas más personalizadas, hace que Ribó también haya pedido adelantar otras medidas paliativas, como la sustitución de la T-50/30 por una tarjeta T-40/30 que, según un estudio se adaptaría mejor a las necesidades de desplazamiento de los usuarios. El Síndic ha asegurado que cree que la puesta en marcha de la nueva tarjeta tardará "un año y medio cómo mínimo".

Finalmente, Ribó ha reclamado que se homogenicen las tarifas sociales del transporte público que benefician a colectivos como los desempleados. Actualmente pueden ser diferentes entre los municipios y la Sindicatura ha cuantificado "47 sistemas diferentes municipales y supramunicipales de tarifa social". Además ha solicitado la modificación de las condiciones para que aquellas personas que se les ha terminado el paro y cobren una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puedan acceder a la la 'T-trimestre atur'.