“Está al límite. Ya le da igual todo”

En un radio de 1.000 metros alrededor del barrio Alto de la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda (67.000 habitantes) se localizan las denominadas Corralas por la Dignidad. Ya se han identificado seis, cada una con un presidente y un nombre: Almendral, Bonanza, Bolera, Pirrado, Higuereta y Castillo. En ellas viven desde hace semanas más de 70 familias machacadas por la crisis.

Tras el punto de inflexión que supuso la corrala La Utopía para el pacto de Gobierno entre PSOE e IU la pasada primavera, estas nuevas ocupaciones de casas ha tensionado dicho acuerdo para gobernar la Junta, con la política de vivienda como telón de fondo.

Estas corralas se ubican en bloques de pisos levantados durante el boom inmobiliario que nunca se llegaron a vender y que ahora, vacíos, son habitados por familias ocupas que sienten que no tienen nada que perder. Llegaron desorientadas, pero con el paso de los días se han organizado. Los portavoces de las corralas se reúnen cada semana, han contratado entre todos a un abogado que les cobra un precio simbólico y algunas organizaciones sociales de dentro y fuera de Sanlúcar empiezan a llevarles comida.

Para hacer habitables los edificios, desvalijados durante años por drogodependientes, los han adecentado, aunque conviven en comunidad sin agua corriente, con focos de luz a pilas, colchones en el suelo y sillas de playa.

“¿Qué hago? ¿Me quedo en la calle sabiendo que esto estaba vacío”,

La corrala del Castillo es la más poblada. Es un bloque de 19 apartamentos, sin estrenar desde de que un promotor, ahora en quiebra, lo construyó hace ocho años. En el exterior del edificio cuelga una pancarta con el mensaje “Casa sin gente y gente sin casa”; en el interior, y tras una cancela cerrada con un candado, 19 familias: 37 adultos y 20 niños.

En la planta superior viven Deborah, de 20 años, Manuel Jesús, de 26, y el hijo de ambos, de tres. Tuvieron que abandonar en 2013 una casa de alquiler por la que pagaban una renta mensual de 350 euros. Ella perdió su último empleo como limpiadora sin asegurar en un aparthotel y a él se le acabó toda la faena en el campo. Desde entonces vivían en casa de la madre de Deborah, un minúsculo piso donde compartían una habitación cinco personas. Son buscavidas. Esta semana, Manuel Jesús ha cobrado 20 euros “sacando chatarra” y otro tanto en el muelle de Chipiona. “Salí en bici a las seis de la mañana, limpié la red de un barco y llegué de vuelta a las dos de la tarde. Me dieron 15 euros”, cuenta resignado. “¿Qué haremos si viene la policía con una orden de desalojo? Ella se irá con el niño, pero yo me encadeno”, contesta. “Está al límite. Ya le da igual todo”, apostilla ella.

Deborah y Manuel Jesús están inscritos en el listado municipal de demandantes de una casa social, como Pilar Calderón, de 43 años, quien, tras dos décadas viviendo de alquiler, iba a quedarse en la calle por una deuda de seis meses. Trabajó en la cocina de un bar siete años consecutivos, tiene un hijo a su cargo, de 24, y su pareja, peón de construcción, lleva desde 2007 en paro. “¿Qué hago? ¿Me quedo en la calle sabiendo que esto estaba vacío”, se pregunta Pilar.

Unas 500 personas integran el listado municipal de demandantes de viviendas. Desde 2012 no se han construido casas públicas. Ahora el Ayuntamiento ha elaborado un censo de inmuebles vacíos para que Fomento negocie con los bancos, titulares de las viviendas, y así ofertarlas mediante alquileres sociales para personas en exclusión contrastada. El número de pisos vacíos aún es una incógnita, ya que el gobierno local guarda silencio para tratar de evitar un efecto llamada.

Antonio y Jessica, una pareja de novios de 32 años, han solicitado un piso social al Ayuntamiento durante cuatro años. Ella, trabajadora del campo desde los 18 años, lleva seis en el paro; él, operario de la construcción, no tiene ocupación desde hace tres. Jessica hilvana su vida con aplomo, pero se echa a llorar al contar cuál es su sueño: “Formar una familia”.

Walter Ramírez ya ha formado la suya, pero no la puede mantener. Tiene 33 años, una mujer de 24, y dos hijas. Empezó a trabajar siendo un chaval de 14 años. Desde hace 11 días vive en la Corrala del Castillo. “Ya no puedo más. Pido, como el resto, una vivienda digna que pueda pagar, unos 100 ó 150 euros”. Todos se preguntan hasta cuándo podrán vivir en la corrala, un edificio vacío, desvalijado y abandonado desde hace ocho años.