La UE, contra la caza de pajaritos

La captura de pajaritos ha sido masiva en Andalucía durante dos décadas. Cada año, unos 175.000 ejemplares de estas aves protegidas (jilgueros, verderones y pardillos) han sido apresados por los cazadores para los concursos de canto. Hasta ahora. La Unión Europea y la justicia han intervenido para frenar estas capturas y la Junta se ha visto obligada a reducir esta práctica denominada silvestrismo después de años de permisividad.

Bruselas ha alertado al Gobierno andaluz de que debe prohibir las aprehensiones durante el periodo de reproducción de estas aves fringílidas, un incumplimiento reiterado y favorecido por el gran arraigo de esta práctica en el medio rural, y que cuenta con 15.000 silvestristas federados. Sin embargo, la reducción afecta a todo el país y será paulatina, aunque drástica: el silvestrismo quedará en la séptima parte de su volumen actual. Con el objetivo de que la crianza en cautividad sustituya a las aprehensiones con redes, la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente fija que las 376.000 capturas del año pasado se conviertan en solo 50.000 en 2018, y 16.000 de ellas en Andalucía.

En paralelo, el director general de Gestión del Medio Natural de la Junta, Javier Madrid, ha resultado imputado por prevaricación al permitir que estas “pequeñas cantidades” que fija la Comisión Europea se hayan convertido en masivas. La juez María Nieves Martínez, titular del Juzgado 20 de Instrucción de Sevilla, atendió la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente e instruye el caso, por el que el pasado enero declaró como acusado el alto cargo de la Junta. La directiva europea 79/409 define “pequeña cantidad” como el 1% de la mortalidad anual de la especie, pero las capturas autorizadas se elevaron en Andalucía hasta las 144.139 en 2013. Ello a pesar de que los estudios de la Consejería de Medio Ambiente subrayan el declive en las poblaciones de estas tres especies de aves. Un documento de la Junta admite incluso la muerte de 39.284 ejemplares en los últimos tres años (una media de 15.000 aves anuales desde 2006), aunque sin especificar las causas.

Tras mover ficha Bruselas y Madrid en primavera, la consejería ha prescindido de la captura estival por primera vez y en 2014 solo existirá captura otoñal durante un mes.

El origen de la investigación judicial proviene de una denuncia de la asociación de agentes de Medio Ambiente (912 funcionarios de la consejería). Tras comprobar durante ocho años la desidia de la Administración ante sus peticiones y recursos para modificar normas que logren un control del silvestrismo, hace dos años elevaron el problema ante la Fiscalía General de Medio Ambiente y el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea. Mientras que la juez Martínez avanza en su investigación, el Gobierno central y las comunidades informan de manera periódica a la Comisión de sus avances en el control del silvestrismo, para así evitar que Bruselas presente una queja.

El colectivo de agentes que vigilan el medio rural dispone de las coordenadas de la zona concreta donde los silvestristas deben capturar estas aves. Pero desconocen el día concreto de sus salidas, una información que han requerido de manera insistente a la consejería para ejercer el control, pero sin resultados, lo que provoca continuos palos de ciego.

El presidente de los agentes, Antonio González, aclara: “Estas aves migratorias utilizan España como territorio de paso y no podemos permitirnos esquilmarlas porque en sus países de origen no se pueden capturar y nosotros aquí las machacamos”, resume. A continuación, matiza: “No pretendemos la desaparición del silvestrismo, sino que se haga en términos racionales”, añade González.

Ante el deficitario control de los agentes al desconocer las fechas de salidas, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, muestra su sorpresa: “La Junta no nos ha pedido esas informaciones y permitiríamos ese acceso a nuestra base de datos. No nos importa el control”, asegura.

Por su parte, el director general imputado se defiende y considera que las inspecciones de los agentes son “aleatorias” y “sobrepasan con creces lo necesario”: “Me atengo a la normativa legal vigente (...) No todo lo que dicen los fiscales se ajusta a derecho”. Madrid defiende que el silvestrismo “no afecta en absoluto al medio natural, pero no podemos ir contra las normas (...) Comparto la sensibilidad de los silvestristas, pero no tengo más remedio que atenerme a la normativa”, arguye.

Mientras, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito a Medio Ambiente para subrayar la falta de publicidad y motivación de las autorizaciones concedidas, y solicita la apertura de un expediente que investigue el caso. “Esos datos de 144.139 capturas son de los propios silvestristas, dados a la Junta. Imagina cómo será la realidad. Ellos tienen el control absoluto de las cifras”, subrayan fuentes de Ecologistas en Acción. “La Junta demuestra un total desprecio, no solo por las normas, sino también por los esfuerzos de otros países por proteger este patrimonio natural común. No podemos entender este empecinamiento por atentar de forma deliberada y continuada contra la fauna silvestre”, reza la denuncia ante la consejería.

Esta práctica tiene una cara sórdida imposible de cuantificar: el consumo de pajaritos fritos en bares, que a pesar de su prohibición pervive en las poblaciones rurales. “La gente tiene que cambiar la percepción de que del campo se coge todo, y cambiar la mentalidad. Lo que no se puede coger, se puede criar en jaula”, reflexiona el subdirector general del Medio Natural del Ministerio, Miguel Aymerich.