Gicofa, al borde de la quiebra por un agujero de 16 millones

La Sociedad Cooperativa Andaluza Farmacéutica del Campo de Gibraltar (Gicofa) vive sus momentos más difíciles desde su creación en Algeciras (Cádiz) en 1967. Con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) sobre la mesa que afecta a 87 trabajadores, de una plantilla formada por 105 personas, esta empresa netamente andaluza, financiada por capital farmacéutico, se debate entre la desaparición, la necesidad de mantener los puestos de trabajo y el servicio que presta a los farmacéuticos de Cádiz y Málaga.

Gicofa ha llegado a servir 40.000 unidades al día y ha registrado 1,5 millones de kilómetros anuales de recorrido en el reparto, lo que le permitió aportar entre 300 y 500 empleos directos e indirectos. Ahora, un “agujero” económico de 16 millones de euros ha llevado a los socios de la cooperativa a exigir el cese del consejo rector y a pedir la realización de una auditoría externa que permita conocer las cuentas exactas de una empresa que, hasta el primer trimestre de 2012, había resultado muy rentable, con una facturación que superaba los 80 millones de euros.

Pero la nueva situación ha provocado la creación de la Plataforma por Gicofa —integrada por farmacéuticos socios de la cooperativa—. Esta ha decidido emprender medidas contra el actual consejo rector y su presidente, a los que culpan de una deuda, que alcanza los 20 millones de euros, así como de un agujero económico superior a 16 millones. Sin embargo, los responsables de la empresa niegan este déficit. “Hemos exigido la celebración de una asamblea inmediata, según ordena la Ley General de Cooperativas de Andalucía, los estatutos de la cooperativa; y también hemos pedido la presencia de un notario en la reunión, una solicitud avalada por 136 firmas de socios. Pero el presidente y su consejo se niegan a convocarla”, asegura Víctor Regueira, uno de los cooperativistas, que anuncia además que exigirán “responsabilidades en caso de que no dimitan”, y que procederán si fuese necesario, a “revocarles de sus cargos”.

El consejo rector de la cooperativa niega que esta sufra falta de presupuesto

Mientras tanto, los trabajadores de Gicofa buscan soluciones a su situación y tratan de implicar a las Administraciones en el conflicto. Según Manuel Martín, representante del comité de empresa, la crisis de la firma ha dejado de momento a 18 trabajadores despedidos sin indemnización y a otros 46 empleados “afectados por un Erte que les supone entre un 55% y un 70% de reducción de jornada”, detalla Martín. Además, según el comité la empresa anunció este miércoles un ERE que, temen los trabajadores, “incluirá un despido masivo”. Por ello, en los últimos días, se han reunido con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el Subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino para pedir apoyo.

Trabajadores y cooperativistas han dejado patente en los últimos días la problemática social que puede generar esta situación, ya que según los farmacéuticos, “en los almacenes de Gicofa no hay ni una aspirina”, debido al desabastecimiento por parte de los laboratorios a causa de los impagos. Una situación que niega el consejo rector y su presidente, Juan Crespo, que insiste en que “Gicofa no va cerrar”.

El presidente afirma que las cuentas están aprobadas

Crespo afirma que las cuentas anuales de la entidad y sus informes de auditoría “han contado hasta la fecha con la aprobación de los socios cooperativistas, por lo que invocar falta de información o transparencia supone una absoluta tergiversación de los hechos”. Además, Crespo ha aclarado que en una asamblea celebrada en mayo a petición de los socios, el consejo rector informó sobre el acuerdo de colaboración con Cofamasa. “Es la única solución viable para la empresa”, dijo el presidente.

El consejo rector de la cooperativa niega la existencia del agujero contable que denuncia la plataforma de asociados. Ello a pesar de que el informe de auditoría de 2012 refleja que “los saldos de proveedores por abonos de dobles precios y los saldos de proveedores por otros abonos pendientes, han puesto de manifiesto discrepancias que no han sido aclaradas satisfactoriamente”. El texto de la empresa auditora detalla que “las circunstancias descritas evidencian una falta de control y seguimiento sobre dichos saldos por lo que no se ha podido alcanzar evidencia suficiente sobre la razonabilidad de los saldos”, según se indica, de 10.5 millones y de 5,7 millones a fecha de diciembre de 2012. Además, el consejo debe a la plantilla la paga extraordinaria y la nómina de junio, después de haber cobrado en tres plazos el salario de mayo.