La Cámara ve irregularidades en el apoyo a Epsilon de varios dirigentes del PNV

La comisión de investigación que durante dos meses ha analizado la gestión de los apoyos públicos a los fallidos proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko cierra hoy sus trabajos con la aprobación de un dictamen que observa irregularidades en el apoyo a la primera empresa en 2009 a través del parque tecnológico de Miñano y con un cúmulo de responsabilidades políticas que la Cámara endosa a un grupo de altos cargos de distintas instituciones vascas de los años 2007 y 2009, todos ellos del PNV, sin citar expresamente a ninguno de ellos. La composición de esos órganos en aquellas fechas muestra los nombres de al menos seis altos cargos del actual Gobierno vasco.

El dictamen final mantiene intacto el borrador elaborado por el presidente de la comisión, el popular Carmelo Barrio, ya que el PSE, que tenía en sus manos el poder de inclinar la balanza a un lado o al otro, ha rechazado las alegaciones de EH Bildu, UPyD, más críticas que el borrador, y también las del PNV, que proponía librar de responsabilidades a los altos cargos y achacárselas al propio Barrio y al presidente del Tribunal de Cuentas. Todas las alegaciones, incluso las de los socialistas, han decaído por falta de apoyos.

El dictamen es "clarificador", según el PP, un informe que "asigna responsabilidades políticas a quien las tiene", según los socialistas, pero es un documento fruto de una "comisión de inquisición contra el PNV", según ese mismo partido, que ha elaborado un texto "excesivamente suave y moderado, sin tocar al PSE para lograr su apoyo", según UPyD que ve un "duro golpe político al PNV, que podría haber sido mayor sin la ayuda parcial del PSE". Para EH Bildu, se trata de una "fotografía real y adecuada de lo ocurrido pero con conclusiones insuficientes".

EH Bildu y UPyD piden la dimisión de los al menos seis altos cargos actuales con responsabilidades por Epsilon

Esos dos momentos en los que se observan responsabilidades políticas son los que Parlamento considera claves para los respaldos públicos a Epsilon, que terminó quebrando y con una sentencia por concurso culpable contra su administrador, Joan Villadelprat, a finales de 2013, un fallo en el que el juzgado de lo mercantil entiende que se vendió la parte rentable, la de la Fórmula 1, a una empresa de exdirectivos de Epsilon por 200.000 euros. La Cámara entiende que el hecho de que en noviembre de 2007 el consejo vasco de promoción económica, en el que participan el Gobierno y las tres diputaciones, por aquel entonces todas en manos del PNV, nombrara Epsilon proyecto estratégico le abrió las puertas a ayudas públicas y sirvió de cobertura para que el parque tecnológico de Miñano se embarcara en 2009 en una operación que no se había realizado nunca, ni tampoco se ha realizado después, con otras empresas.

La finalidad de esta operación de 2009 era facilitar que Caja Vital y Kutxa concedieran un préstamo a Epsilon por un total de 16 millones para construir su edificio en el parque. Las cajas pidieron garantías y el parque dio dos: la cesión del rango hipotecario en favor de ambas entidades, que se colocaron por delante de la administración como acreedoras, y el compromiso de acudir a la subasta del edificio si fallaba el proyecto, comprándolo por entre 14 y 22 millones. El Gobierno socialista posterior acabó pactando con Kutxabank la adquisición por 16 millones y el Ejecutivo actual ha terminado por hacerse con el edificio en mayo de este mismo año, con el objetivo de venderlo.

El Parlamento ve responsabilidades políticas tanto en las "personas que formaban parte" del consejo de promoción económica de noviembre de 2007 como en el consejo de administración del parque de marzo de 2009. En el primero participaban quienes hoy ocupan seis altos cargos en el Gobierno -la viceconsejera de Justicia Ana Aguirre, el viceconsejero de Hacienda Juan Miguel Bilbao, el director de Presupuestos, Hernando Lacalle, la consejera Arantza Tapia y el director de Desarrollo Industrial Alejandro López Cárcamo, o el director de Coordinación de Seguridad, Rodrigo Gartzia-, así como otras personas como Arantza Zenarruzabeitia, o el actual diputado de Hacienda de Bizkaia José María Iruarrizaga.

El pleno del Parlamento tendrá que refrendar las conclusiones de la comisión en otoño

En su defensa, Tapia, que ahora tiene en sus manos la responsabilidad de conseguir un comprador para el edificio, ha resaltado que no participó en esa reunión y que delegó su voto en la hoy viceconsejera Ana Aguirre, un argumento que toda la oposición ha negado hoy que le exima de sus responsabilidades. En el consejo de administración del parque estaban, aparte de algunos como Zenarruzabeitia o Lacalle, el actual concejal del PNV en Vitoria Iñaki Prusilla, o dos de los imputados por el caso De Miguel, el propio Alfredo de Miguel y Julián Sánchez Alegría, entre otros como la actual directora de Desarrollo Rural Elena Gutiérrez.

A todos ellos, EH Bildu y UPyD les ha reclamado el cese. La coalición abertzale ha exigido al Gobierno que haga caso de su código ético y consiga que esos altos cargos "estén mañana mismo en la calle por respeto a la ciudadanía". El PNV ha señalado que no tendría que haber "ninguna" consecuencia. Y PSE y PP se han quedado a medio camino pidiendo al Ejecutivo que se lea el dictamen y que tome decisiones. Estos dos últimos partidos han restado importancia a que no haya nombres y apellidos -salvo alguna excepción, como la de Julián Sánchez Alegría, que sí aparece- y han resaltado que las responsabilidades de ese largo listado de dirigentes del PNV son las mismas explicitando los nombres en el documento y sin hacerlo.

Y es que la incógnita que quedaba para la última sesión de la comisión de investigación de este jueves era la de conocer si el PSE se iba a sumar a las  alegaciones presentadas por UPyD y EH BIldu, que especificaban concretamente quiénes son, con nombres y apellidos, los responsables políticos de las decisiones que el Parlamento considera desacertadas. Y los socialistas, que el martes aseguraron a los medios de comunicación no tener ningún inconveniente en apoyar un detalle de esas características, ha rechazado las propuestas de los otros dos partidos.

De esta manera, los socialistas se han sumado al tirón de orejas al PNV, pero han salvado a personas como la consejera Arantza Tapia de que su nombre aparezca expresamente como responsable de que dos de las tres patentes de Hiriko, el vehículo eléctrico, conseguidas con dinero público hayan sido liberadas.

Gorka Maneiro (UPyD) ha señalado que ha habido una "falta de valentía evidente" porque "en otros casos se han citado nombres y en este no se ha querido hacer". EH Bildu ha resaltado a través de Igor López de Munain que el PSE ha logrado que "como son responsabilidades compartidas las han diluido [...] hoy asistimos a otro golpe de estado más en el que el PSE ayuda al PNV a que no tenga ningún coste político en el Gobierno vasco" al evitar los nombres.  "El PNV acepta una crítica a nivel social, lo que no aceptará de ninguna manera es pasar de la crítica a aceptar las responsabilidades, entre ellos hay un trecho porque se debilita al actual Gobierno", ha insistido.

El socialista Vicente Reyes ha defendido la postura de su partido y ha acusado a los demás de estar "desvirtuando" su actitud. En este sentido, ha justificado su voto en contra a las alegaciones de EH Bildu y UPyD para poner nombres a las responsabilidades políticas porque "ha habido votaciones de todo o nada precisamente por el clima político de desconfianza" que el PSE ha tenido con estos dos partidos, muy críticos con su postura durante los dos últimos meses y también hoy. "El de los nombres es un debate falso", ha zanjado Reyes, que ha considerado que sería redundante incluirlos porque están implícitos en el dictamen.

EH Bildu pedía que se criticara la gestión de Arantza Tapia porque la consejera dijo en noviembre de 2013 que vigilaría este aspecto. Este martes, Tapia ha reconocido que se han liberado las patentes y ha restado importancia a este hecho porque algunas empresas que estaban en el consorcio Hiriko han "superado" esas licencias con otras más avanzadas. Este punto, al igual que otras peticiones, como la de UPyD de culpar de Hiriko al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o la del PNV de responsabilizar al presidente de la comisión de investigación y al presidente del Tribunal de Cuentas, han sido rechazadas.

El de las patentes es uno de los ejemplos más claros de la aceleración de la comisión de investigación. La denuncia de EH Bildu sobre los impagos de estas llegó pocos días después de las últimas comparecencias y PNV y PSE evitaron que la consejera compareciese en este foro de análisis. Pese a que esta cuestión no ha podido ser tratada en la comisión porque no se ha vuelto a reunir hasta hoy, el dictamen sí incluye referencias al control de las patentes.

La rama de Hiriko ha quedado sin un análisis más profundo por la falta de un informe del Tribunal de Cuentas al respecto, una fiscalización que no estará lista hasta 2015. El Parlamento deberá ahora refrendar el dictamen de la comisión de investigación, algo que no sucederá hasta finales de septiembre o principios de octubre ya que no habrá plenos hasta entonces.

En medio de la bronca entre aquellos que se han puesto de acuerdo, toda la oposición, el PNV, que se ha quedado solo, ha cargado contra todos ellos porque han "obviado conscientemente documentación porque cambiaría el relato". "En el cuento del lobo y la caperucita se ha ocultado al lobo", ha subrayado Luis Javier Tellería para intentar resaltar que el dictamen no tiene base. Los peneuvistas han mostrado su enfado porque no se han aceptado ni las alegaciones en las que simplemente pedían corregir errores gramaticales. Y han puesto en valor que el PNV en sus alegaciones tiene "capacidad de asumir la crítica", porque han reconocido que se "asumía algún riesgo, no se analizaron suficientemente los riesgos" en la operación de 2009.