La PAH lanza una ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética
La Plataforma y otros colectivos piden a la Generalitat que combata la "emergencia habitacional"

Un año después de que el Partido Popular rechazara en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la dación en pago, diversos colectivos encabezados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelven a la carga con una idea similar de ámbito catalán. Este jueves la han presentado a las puertas del Parlament y después la han registrado en la cámara, como paso previo a lograr las 50.000 firmas necesarias para que se debata. El texto de la ILP propone un paquete de medidas urgentes para paliar lo que se define como "emergencia habitacional, social y de pobreza energética". Es decir, las situaciones de las personas que pierden la vivienda y no pueden afrontar el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas.
El Gobierno de CiU siempre ha argumentado que sus competencias son limitadas y que es la legislación española la que maniata a la Generalitat para afrontar el problema. De ahí que la ILP se haya cuidado de evitar la petición de cambios legislativos o medias políticas que escapan al Ejecutivo de Artur Mas.
Así, la ILP propone que los ciudadanos que no puedan pagar la hipoteca se les permita acogerse a un procedimiento extrajudicial para saldar la deuda. En otro apartado se sugiere que las familias en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el alquiler de una vivienda que sea propiedad de las entidades financieras o bien las familias que hayan conseguido la dación en pago puedan seguir viviendo en el inmueble en régimen de alquiler social durante un mínimo de cinco años. También se propone que esas personas puedan beneficiarse de ayudas para evitar el desahucio y que las administraciones públicas garantices su realojo.
Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la crisis económica en la que, según el Instituto de Estadística de Cataluña existen más de 200.000 hogares con todos los miembros en paro y en 95.000 de ellos no entra ningún ingreso. El año pasado se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria. El 67% de los 16.008 desahucios que se materializaron el año pasado fueron por imago del alquiler.
En cuanto a la pobreza energética, la ILP propone que las administraciones garanticen el acceso a los suministros de luz, agua y gas durante un mínimo de tres años a las personas vulnerables y que en caso de que no puedan ser cubiertos, se hagan cargo de su pago las empresas suministradoras.
El incremento del 60% del recibo de la luz desde 2008 y del agua de un 66% desde entonces ha hecho aumentar la pobreza energética, aseguran los impulsores de la ILP, de manera que durante 2011, un total de 193.000 hogares catalanes (un 6,9% del total) no pudieron asumir el gasto de mantener una vivienda a la temperatura adecuada.
Finalmente la ILP propone el alquiler forzoso en favor de las personas vulnerables durante un mínimo de cinco años de aquellas viviendas que sean propiedad de la banca y que estén infrautilizados durante un mínimo de dos años. La medida se aplicará de forma preferente en el caso de las entidades que hayan recibido ayudas públicas.
Después de registrarse la ILP en el Parlament, ahora debe ser aceptada por la Mesa, como paso previo a la recogida de firmas. Se da por seguro que se cubrirán con creces las exigencias, pues del millón y medio de firmas recogidas hace dos años con la ILP de ámbito español, una tercera parte presentaron desde Cataluña. Ahora basta con 50.00 firmas.
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