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El plan del Cabanyal prevé 29 edificios derribados menos en el área modificada

Salvem dice que antes se demolían 222 inmuebles en la zona afectada y ahora, 193

Barberá respeta la resolución del Supremo y señala que la orden ministerial "no es eterna"

Compromís solicita el expediente sobre la retirada del recurso municipal ante el alto tribunal

La plataforma Salvem El Cabanyal ha realizado una simulación de cómo afectaría el nuevo plan urbanístico de la alcaldesa de Valencia al barrio y el resultado, según el arquitecto y miembro de la plataforma, Vicent Gallart, es que en la zona reformulada por el Consistorio -solo una parte del conjunto del plan- se derribarían 29 edificios menos que con el plan original.

Según Gallart, con el plan suspendido por la orden del Ministerio de Cultura se derribaban en el área sujeta a cambios 222 edificios, de los que 111 están protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana (9 de ellos ya se han demolido). Con el nuevo esbozo, que todavía no ha sido aprobado administrativamente, los inmuebles a demoler sumarían 193, de los que 100 están protegidos, según Salvem El Cabanyal. Estos cálculos solo en el área que Barberá ha reformulado porque, en total, el número de edificios condenados a desaparecer con el plan global superan los 400. 

Gallart insiste en que el nuevo plan del Ayuntamiento, sobre el que hay un principio de acuerdo con el Ministerio de Cultura para llevarlo a cabo, expolia la zona de igual modo que el anterior. Y, en este sentido, recuerda el artículo 21.3 de la ley de Patrimonio Histórico, que dice que la conservación de conjuntos históricos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) "comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como las características generales de su ambiente".

El artículo considera excepcionales la sustitución de edificios, aunque sean parciales, y "solo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto".

El Gobierno local insistió cuando presentó el nuevo esbozo de plan, que todavía tiene pendiente su tramitación administrativa, que la nueva prolongación de Blasco Ibáñez reducía un 35% las demoliciones en la zona protegida del barrio marinero.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso en casación que la Generalitat presentó hace años contra la orden ministerial, que suspendió el plan urbanístico aprobado para el barrio por el Gobierno local, porque expoliaba su casco histórico protegido. Esta nueva resolución valida la norma aprobada a finales de 2009 por el ministerio que presidía la socialista Ángeles González-Sinde y que el Ayuntamiento ha intentado a toda costa derogar o cambiar.

El Consistorio de Valencia presentó el mismo recurso que la Generalitat contra la orden pero lo retiró hace unos días tras haber llegado a un "acuerdo político", dijo la alcaldesa, con Cultura para sustituir el plan original, considerado expolio, por otro nuevo.

Barberá: una orden "no es eterna"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha mostrado respetuosa con la sentencia del Supremo que valida la orden ministerial que paralizaba el plan del Cabanyal pero "discrepa" de las interpretaciones que se han hecho de la misma "por puro interés partidista".

Barberá ha precisado que la sentencia del alto tribunal "dice exclusivamente que confirma como ajustada a Derecho" la orden sin entrar en "si hay expolio o no". "Quiero expresar, no tanto la discrepancia con la propia sentencia, sino con la interpretación que algunos han hecho desde el más puro interés partidista y unilateral", ha afirmado Baberá.

Según Barberá, "una orden no es eterna" y un Gobierno "no tiene por qué gobernar asumiendo órdenes ministeriales de un gobierno anterior", ha apuntado y ha citado de ejemplo la ley del Plan Hidrológico Nacional aprobada por el Gobierno de José María Aznar y que José Luis Rodríguez Zapatero "se cargó de un decretazo".

Ha insistido en que el Supremo "no entra en el contenido estricto sobre si hay expolio o no" como sí hizo en una sentencia de diciembre de 2008 en la que afirmaba que "no había expolio por amplio sentido de la palabra que se le quiera dar a ese término".

La alcaldesa ha reafirmado que la sentencia "no tiene la menor trascendencia práctica", según los servicios jurídicos municipales, y ha asegurado que van a seguir el proceso en el que están porque "la orden decía que había que adaptar el Pepri" y lo están adaptando.

Barberá ha asegurado que nadie ha dudado de que la orden fuera ajustada a derecho pero sí que ha pensado que "se ha extralimitado por todos los lados" y ha recordado que la sentencia dice que el Estado tiene competencias en materia de declaración de expolio "pero subsidiariamente con las comunidades autónomas".

Ribó pregunta por el recurso del Supremo

Los socialistas han insistido en que las determinaciones del nuevo plan "suponen una alteración del conjunto histórico que desfiguran el mismo, hasta el punto de hacer perder a éste su peculiar trama en retícula”. El concejal del PSPV, Vicent Sarrià, ha añadido que “no solo es incompatible con el mantenimiento de los valores del conjunto histórico, sino que la última propuesta ha sido adoptada apriorísticamente por el Ayuntamiento obviando los principios de proporcionalidad y mínima intervención”.

Sarrià ha lamentado que Barberá “insista en mantener un plan que no respecta la trama y atenta contra la protección del patrimonio histórico-artístico” de la zona. Ha invitado a la alcaldesa a "dejar de marear" y "adaptar" el Pepri del Cabanyal a la Orden Ministerial para “dejar de perder el tiempo y hacérselo perder a los vecinos y vecinas”. El edil socialista ha asegurado que Rita Barberá es “consciente” de que la propuesta de modificación que ha presentado “incumple la orden ministerial” y ha puesto de manifiesto que la sentencia del Tribunal Supremo “ha vuelto a dejarla en ridículo”.

Por su parte, el grupo municipal de Compromís ha solicitado el expediente sobre la retirada del recurso municipal contra la orden de Cultura por la que se desistía del procedimiento por expolio del conjunto histórico del Cabanyal.

Esta retirada fue aprobada de forma extraordinaria por la Junta de Gobierno Local del 20 de junio pasado, y después fue anunciada por Barberá en rueda de prensa, "escondiéndola con el anuncio de un nuevo plan urbanístico para el Cabanyal, que después se ha conocido que todavía no está aprobado por ninguna administración", denuncia este grupo político.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, no considera una casualidad que tres días después el Tribunal Supremo desestime un recurso muy parecido de la Generalitat. "Parece que el equipo de gobierno municipal se enteró del fracaso de la Generalitat e intentó esconder la derrota jurídica que se venía encima", ha declarado.

Según Ribó,  la sentencia del Tribunal Supremo "es contundente reafirmando el expolio que supone el plan del Cabanyal, que no se arregla con unas modificaciones como pretende Barberá. El expolio lo es entre otros motivos para alterar la trama urbana y el borrador del nuevo proyecto lo altera de forma comparable a cómo lo hacía el anterior".

"Ya está bien de que Barberà haga perder el tiempo, la paciencia y la calidad de vida del vecindario del Cabanyal, Sus caprichos y su autoritarismo tienen que tener un límite. Son muchas las sentencias judiciales que le han dicho a la alcaldesa como se tiene que actuar en el Cabanyal, y lo primero que tiene que hacer es empezar a dar licencias de actividad y de obras para reactivar la economía del barrio", ha concluido Ribó.