“Somos gente normal con errores”

“Somos gente normal con errores que se cometen en la vida”, afirma I.H, de 30 años, que conmutó su condena en la cárcel de Picassent por año y medio de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) en Valencia. De lunes a viernes y durante cuatro horas evita que los gorrillascobren a los particulares por estacionar en los alrededores del centro comercial próximo al campo de fútbol del Levante. No quiere hablar de su condena para no exponer más a su familia pero a los que le miran mal, les recuerda que podrían estar en su lugar por conducir con una copa de más.

No es el único caso. El año pasado 661 personas, condenadas por delitos menores y faltas, prestaron este servicio en diferentes departamentos del Consistorio. Valencia es uno más de los 800 ayuntamientos españoles que colaboran con Instituciones Penitenciarias con este tipo de convenios. Y hasta el pasado mes de abril otras 175 cambiaron su condena por un trabajo social en la ciudad. “Desde 1981 se han hecho 16.500 jornadas de TBC. Los penados, en lugar de estar encerrados, colaboran con la ciudadanía”, explicó hace poco el concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia, Miguel Domínguez. Son trabajos alternativos a las penas de prisión de adultos por delitos o faltas que no son graves. Es un trabajo no retribuido y consentido por el afectado.

El Consistorio los asigna a la Policía Local, a la Escuela de Jardinería, al Centro de adopción de animales, a servicios sociales, playas o museos. Es fácil verlos, ataviados con petos verdes y su condición de colaborador estampada en la espalda, por los alrededores del hospital La Fe, en las playas de la ciudad, en el aparcamiento cercano al Mestalla o en los accesos a los monumentos o museos. Muchos de ellos han sido condenados por delitos de tráfico, de orden público e incluso de malos tratos.

“En lugar de estar encerrados, colaboran con la ciudadanía”

Sobre las diez de la mañana L.R., de 28 años, e I.M., de 30, se ocupan de facilitar el aparcamiento en torno al centro comercial Arena de Valencia. “Evito que se pongan los gorrillas a cobrar a los que aparcan en la zona, vigilamos que los perros vayan atados con la correa e informamos sobre las campañas, ahora sobre bicis. Cosas así…”, se explica el joven. Cada día fichan en la comisaría de Policía que tienen en la esquina y cuando acaban repiten la rutina. “Es la forma de tenernos controlados”, añade L. R., que acaba en julio los 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad que afronta en sustitución de una condena de la que no quiere hablar. “No hay examen, solo una entrevista donde te dicen lo que vas a hacer, que no des problemas y las obligaciones que tienes”, comenta I. M.

Antes de llegar campaban a sus anchas unos 14 o 15 gorrillas, que con la crisis se han multiplicado y avasallan en ocasiones a los conductores. En esa compleja convivencia entre colaboradores y gorrillas hay de todo, incluso amenazas. “Uno de ellos me atropelló con una bicicleta y me sacó una cadena”. Otro trató de quitarse de encima a su compañero a empujones. “Al final los quitamos con un par de …”, resume el compañero. Pero, si les preguntas, preferirían otro trabajo más productivo, por ejemplo, pintar la valla de un colegio u otras tareas de mantenimiento o jardinería. “¿De qué sirve echar a los gorrillas de aquí si en cuanto nos vamos vuelven?”, plantean temerosos de que en algún altercado fortuito se metan en un marrón.

La judicatura defiende este tipo de trabajos, que el nuevo Código Penal de Alberto Ruiz Gallardón reduce bastante. Como dicen ellos, un amplio número de TBC son personas que han cometido algún error y tienen que pagarlo: “Todo el mundo tiene fallos”, dicen en su defensa.

Los afectados querrían hacer otros trabajos “más productivos”

La concejal socialista de Valencia Anaïs Menguzzato pregunto al Gobierno local sobre algunas incidencias que acabaron con la devolución de varios casos al juzgado. La responsable de Servicios Sociales de Valencia, Ana Albert, explicó que en 2013 se analizó la problemática de las devoluciones y de los 661 expedientes se devolvieron un 19% (unas 154 personas). Una cuarta parte de los rechazos se debió al cambio de domicilio del condenado, a contratos de trabajo, enfermedad o ingreso en prisión.

El número más importante, el 76% de los expedientes devueltos, fue por absentismo o mal comportamiento. El abanico de anécdotas es largo. Desde alguno que se presentó en el monumento o museo con una silla o tumbona de playa hasta los que van a medias con los gorrillas por hacer la vista gorda, o los que pasan el tiempo de la prestación liándose porros. La mayoría cumple con los trabajos y sigue con su vida.

Los dos se duelen de malas experiencias, sobre todo con la gente que piensa mal de ellos. Alguno les ha acusado de aceptar monedas de los gorrillas, “pero el inspector nos conoce y sabe que somos chavales normales, no delincuentes ni nada raro”, subrayan. “La gente nos mira por arriba y eso me jode. A cualquier persona que se beba una copita de más, coja el coche y lo paren, lo pueden poner aquí. El delincuente es el que roba millones, pero a esos no les pasa nada”.