Los escándalos económicos acechan de nuevo a las entidades municipalistas

Hace dos años, la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), eran una desconocidas más allá del ámbito político. Ambas han saltado a la prensa por escándalos económicos: la ACM por el supuesto saqueo de 900.000 euros por parte de Josep Maria Matas y Xavier Solà, ex secretario y el ex jefe de los servicios jurídicos, respectivamente —la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años y medio de cárcel para ambos— Desde que se reveló el sumario del caso Mercurio de corrupción urbanística en Sabadell a final de 20103, pero especialmente esta semana, la FMC la que se está en el punto de mira de los jueces por el presunto pago de 300.000 euros en sobresueldos irregulares a 40 alcaldes en 2011 y 2012. Ambas son entidades de derecho privado, pero ambas se nutren básicamente de dinero público.

Estos escándalos han hecho que hasta los propios ediles, que son los que integran los órganos de gobierno, cuestionen la honorabilidad de estos organismos. “Si la FMC es la entidad donde preguntamos cómo debemos hacer las cosas, vamos bien”, espetaba el viernes con indignación no contenida el alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), perceptor de sobresueldo. Su enfado se refiere al “error técnico”, así se define en la FMC la tramitación de los importes fijos —entre 255 y 1.989 euros brutos mensuales— que cobran los directivos, cuando el concepto tendría que ser el de dietas justificadas. El estallido del caso supuso el cese del gestor de la FMC, el secretario Adolfo Moreno, un hombre colocado allí por Manuel Bustos, ex alcalde socialista de Sabadell y expresidente de la FMC, implicado en el caso Mercurio.

Pero, ¿qué son las entidades municipalistas? ¿Cómo funcionan? ¿Hay control de sus cuentas? Ambas nacieron en 1981 y pronto se convirtieron en contrapoder político. La FMC quedó vinculada al Partit dels Socialistes (PSC) y la ACM a Convergència i Unió (CiU). A partir de 2011 sus órganos de gobierno se hicieron más plurales y se equilibraron las fuerzas. Ahora hay un acuerdo político entre los partidos y las sillas de los órganos de gobierno de las dos asociaciones se reparten según los resultados electorales en los municipios asociados.

La función de las asociaciones es representar y defender los intereses locales ante la Generalitat y el Gobierno central. “Es como el sindicato de los municipios”, resume Josep Maria Freixanet, alcalde de Olost (ERC). “Cuando se tramita una ley, los vicepresidentes de la FMC son los responsables de defender los intereses de los municipios. Después estamos los responsables de las sectoriales”, explica Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (ICV), responsable de los temas de Urbanismo y Educación en la FMC. Freixanet explica que casi cada mes participa en la comisión entre los municipios y el Departamento de Enseñanza donde se tratan temas como las becas comedor, las guarderías, las escuelas de música, etc. La FMC ha sido guerrera en los recortes de la Generalitat a estos centros. El edil de Olost también participa en el Consejo Escolar de Cataluña, el Consejo de la FP (que prepara la nueva ley catalana de este tipo de estudios). Esto lo lleva a recoger uno o varios días a la semana el cerca de centenar de kilómetros desde su pueblo a Barcelona.

La alcaldesa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, tiene reservado un día a la semana para sus responsabilidades en el área económica en la FMC, explican desde su entorno. Así, le ha tocado batallar contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, norma rechazada por los ayuntamientos, ya que permite arrebatar a los municipios pequeños servicios que no se consideren eficientes.

En este ámbito, y en muchos otros, ambas asociaciones ofrecen asesoramiento administrativo y jurídico a los ayuntamientos y organizan cursos de formación para técnicos y cargos políticos. La ACM también se ofrece como central de compras, para conseguir contratos más económicos de suministros y materiales.

Pero estos servicios no son gratis. Para acceder a ellos, los municipios pagan una cuota anual, cuyo importe varía según el tamaño. Por ejemplo, Mataró (124.000 habitantes) ha destinado este año 23.453 euros a la FMC y 19.019 a la AMC. En cambio, Santa Eulàlia de Ronçana (7.000 habitantes) aporta 1.490 euros a la ACM y 1.243 a la FMC, según su presupuesto de 2013. Otras Administraciones participan también en la financiación. La Diputación de Barcelona ha inyectado este año 260.000 euros a cada una de las entidades y la Generalitat, 300.000.

Las dos asociaciones municipalistas se financian básicamente de dinero procedente de presupuestos públicos

La FMC, con 673 municipios adheridos de los más de 940 que tiene Cataluña, tiene este año un presupuesto de 2,5 millones. De sus ingresos, 1,3 millones proceden de las cuotas y 357.000 euros, de lo que pagan los entes locales por cursos y seminarios. El resto viene de subvenciones y publicaciones. Teniendo en cuenta los tres primeros conceptos —la FMC no detalla la procedencia de las subvenciones—, se deduce que al menos el 86% de su presupuesto procede de fondos públicos. Respecto a los gastos, 1,1 millones se destinan a gasto de personal. Destaca el importe para organizar cursos (casi 284.000 euros), la aportación a entidades y las provisiones (más de 200.000 euros en ambos casos). También cuenta con una partida de 45.000 euros para desplazamientos. Desde 2013, la FMC ya no paga las polémicas dietas fijas; los alcaldes deben justificar el gasto para poderlo cobrar.

La AMC, con un millar de asociados, maneja 3,5 millones, de los que la mitad son cuotas de las Administraciones y el resto, prestación de servicios e ingresos de explotación. En el apartado de gastos, destina casi la mitad del presupuesto a personal. La AMC paga indemnizaciones, con un importe igual para todos, por asistir a las reuniones de la ejecutiva.

El hecho de que ambas sean asociaciones privadas, pese a financiarse con dinero público, les permite sortear la lupa de la Sindicatura de Cuentas. Sí presentan las cuentas a la Generalitat y al Registro Mercantil, aunque no con mucha celeridad. Las últimas cuentas que la FMC ha presentado al Registro Mercantil corresponden a 2009, según comprobó este diario esta semana.

El escándalo sobre el saqueo de la ACM y la polémica sobre la opacidad que las envolvía ha llevado a las dos entidades a aplicar desde hace dos años más medidas de control, como auditorías internas, y también han avanzado en transparencia, publicando sus presupuestos y liquidaciones –aunque con pocos detalles- en sus páginas web.