Rambla, exvicepresidente de Camps, deja la política imputado por Gürtel

Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno valenciano con Francisco Camps entre 2007 y 2011, deja la política. Rambla, imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y por falsificación de documento mercantil en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia valenciano, presentó a primera hora de la tarde del viernes la renuncia a su escaño en el Parlamento autonómico.

Rambla —que tenía tomada la decisión hace meses según fuentes cercanas al político— explicó que presenta la dimisión una vez finalizado el periodo parlamentario de sesiones “con el objetivo de dedicarse definitivamente” a su vida profesional “al margen de la actividad política”.

La retirada de Rambla aumenta la presión sobre los tres diputados imputados que todavía forman parte del Grupo Popular de las Cortes Valencianas: el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicesecretario de Organización David Serra y la extesorera del partido Yolanda García. Los tres están imputados, igual que Rambla, en las dos causas que instruye el TSJ por supuesta financiación ilegal de los populares valencianos (en la campaña de las municipales y autonómicas de 2007 y en la de las generales de 2008) a través de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La causa seguirá en el TSJ por la condición de aforados de los tres diputados autonómicos imputados.

El Grupo Popular en el Parlamento valenciano ha llegado a tener en esta legislatura hasta 10 parlamentarios imputados, procesados o condenados por casos de corrupción. Tan sólo desde el mes de febrero han dimitido cinco parlamentarios populares. Además de Rambla, presentaron su renuncia con anterioridad las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez —que continúa como alcaldesa de Novelda— y Angélica Such, procesadas por adjudicar a la trama Gürtel el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco ediciones, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos imputados en el caso Brugal, por supuesta corrupción urbanística.

Vicente Rambla, inspector de la Agencia Tributaria en excedencia, está imputado por delito electoral y falsificación de documento mercantil. Su nombre aparece, en varias de las conversaciones intervenidas por la policía entre los cabecillas de la trama corrupta, como uno de los hombres clave para que las empresas de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes obtuviesen adjudicaciones de la Generalitat.

Los escándalos de corrupción se han convertido en una pesadilla para el PP valenciano de Alberto Fabra. El último episodio ha sido la publicación de varias conversaciones entre el empresario alicantino Enrique Ortiz y Vicente Cotino, empresario y sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía evidencian el papel de mediador que los dos empresarios imputados en los casos Gürtel y Brugal atribuían a Juan Cotino en la concesión de contratos. Fabra ha insistido esta semana en que pedirá la dimisión del presidente del Parlamento si resulta finalmente imputado.