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La fiscalía pide 14 años de cárcel para la cúpula de Emarsa por malversar

La mayor pena se solicita para un exvicepresidente de la Diputación de Valencia

La fiscal solicita que los 24 procesados paguen una indemnización solidaria de 30, 8 millones

Enrique Crespo, exalcalde de Manises por el PP.
Enrique Crespo, exalcalde de Manises por el PP.

La Fiscalía de Valencia ha solicitado este viernes altas penas de prisión para los principales procesados por el saqueo de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia Sociedad Anónima (Emarsa), el ente público que gestionaba la depuradora de Valencia y su área metropolitana. El dinero defraudado, según el fiscal, alcanzó los 23,7 millones de euros.

La pena solicitada por la fiscal para Enrique Crespo, que ostentó simultáneamente los cargos de presidente de Emarsa, vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, se eleva a 14 años de cárcel. Crespo está acusado también de intentar ocultarle al juez 12,5 millones de euros que habría ganado en la Lotería de Navidad. La misma pena, 14 años, reclama para los dos altos cargos de la Generalitat implicados presuntamente en los hechos: José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), e Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de la misma sociedad. Para el exgerente de Emarsa y excargo del PP de Valencia Esteban Cuesta, que ha confesado buena parte de los hechos, ha solicitado 12 años de prisión.

Depuradora de Pinedo.
Depuradora de Pinedo.

Así consta en el escrito de calificación provisional que el ministerio público ha remitido al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dentro de la pieza principal del procedimiento, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, pedanía de Valencia.

La fiscal del caso acusa a Crespo, Morenilla y Bernácer de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento público, así como del delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Al exgerente Esteban Cuesta, a quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nombró alcalde de la pedanía de Benimàmet y atesoró vehículos, inmuebles y lingotes de oro, la fiscal lo acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con el delito continuado de falsedad en documento mercantil, y un delito de cohecho.

Según la fiscalía, los procesados tejieron una compleja trama para apropiarse de las "cuantiosas sumas" que el Gobierno valenciano destinaba a la depuradora. Para ello "diseñaron y y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario" con el que la Generalitat "financiaba el coste de la gestión agrícola de los lodos producidos en la estación depuradora". A continuación, buscaron a un intermediario que, a cambio de una "oportuna comisión", emitió facturas por los supuestos trabajos. En realidad, prosigue el fiscal, eran otras empresas las que se dedicaban a hacer las labores de gestión de los lodos por la mitad de precio. Y la diferencia era repartida entre los principales acusados.

La fiscalía atribuye a los 24 procesados, entre los que están prácticamente todos los directivos de la planta depuradora, que tenían salarios superiores al presidente del Gobierno y pagaron con fondos de la sociedad pública todo tipo de extravagancias, una larga retahíla de hechos delictivos.

Entre ellos, la contratación de proveedores eludiendo lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. El cobro de comisiones para la adjudicación de contratos en perjuicio de otros contratistas. Y el desvío de fondos mediante diferentes vías: por la retirada de lodos y desbaste; por entregas de bienes o prestaciones de servicios ficticios; para satisfacer gastos de hostelería y viajes particulares, y también, para el pago de comisiones y sobresueldos ilícitos con el fin de encubrir y permitir la actividad ílicita de los principales acusados.

La fiscal ha reclamado también que los acusados indemnicen solidariamente a la entidad de la Generalitat para el saneamiento de aguas, Epsar, con 22,69 millones, y a la entidad metropolitana que era propietaria de la depuradora, la Emshi, con otros 8,19 millones. En total, 30,8 millones de euros.