El presidente de la comisión de Epsilon ve irregularidades en la gestión pública

Responsabilidades políticas ante los "defectos e irregularidades" sobre la gestión pública de Epsilon, de personas que hoy ocupan altos cargos en la administración autonómica como la consejera Arantza Tapia o la viceconsejera Ana Aguirre. El presidente de la comisión de investigación de la gestión de los apoyos públicos a Epsilon e Hiriko, el parlamentario del PP Carmelo Barrio, ha remitido este viernes a los grupos su propuesta de informe ante las indagaciones de la comisión. Se trata de un documento de 57 páginas, entregado tan solo diez días después de las últimas comparecencias ante la comisión, una premura obligada por los plazos establecidos por PNV y PSE, que han querido que este foro de análisis zanje sus trabajos antes de que acabe julio. Los grupos tienen desde hoy hasta el martes para proponer modificaciones.

Entre las conclusiones, Barrio recoge las responsabilidades políticas de quienes formaron parte del consejo de administración del parque tecnológico de Miñano a principios de 2009 y del Consejo vasco de Promoción Económica en 2007. Es la fórmula empleada por el presidente, que no cita nombres propios entre los responsables, salvo el de Julián Sánchez Alegría, responsable del parque que sigue imputado en el conocido como caso De Miguel. La referencia al consejo del parque y al de promoción económica esconde sin embargo las identidades de varias personas. Entre ellas, la de la actual consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, por entonces diputada foral de Movilidad en Gipuzkoa, la actual viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre, entonces consejera de Industria, o el responsable de la Hacienda vizcaína, José María Iruarrizaga. También el de Arantza Zenarruzabeitia, exdiputada foral alavesa del PNV y hermana de Idoia Zenarruzabeitia, vicelehendakari durante la etapa de Juan José Ibarretxe, que participaba en ambos foros. A estos nombres se suman los del  imputado en el caso De Miguel Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, y dos directores actuales de las consejerías de Desarrollo Económico y de Hacienda, Alejandro López Cárcamo y Hernando Lacalle.

El Consejo vasco de Promoción Económica tiene responsabilidades porque en 2007 concedió a Epsilon el sello de proyecto estratégico que después permitió a la compañía acceder a ayudas públicas. "Lo hizo sin sólidos fundamentos industriales, comerciales y de generación y mantenimiento de empleo; solamente expectativas e irreales objetivos empresariales, sabiendo que existía un riesgo alto de que Epsilon no lograra sus objetivos", resalta su informe.

Las comparecencias se han centrado sobre todo en la gestión en torno a Epsilon, la empresa automovilística sobre cuya administración privada ya existe una sentencia por concurso culpable dictada a finales de 2013 contra Joan Villadelprat. El elemento de mayores interrogantes ha sido una operación cerrada a principios de 2009 por el parque tecnológico de Miñano, cuyo consejo estaba compuesto por altos cargos del Gobierno y la Diputación alavesa, ambos en manos del PNV. Esta operación supuso que el parque, para que Epsilon pudiera conseguir un préstamo por 16 millones de euros de Kutxa y Caja Vital, realizase dos movimientos. Esta es otra de las cuestiones que el informe de Barrio critica por contar con "defectos e irregularidades" que se "debieron evitar".

El primero, la cesión de su rango hipotecario en favor de las cajas, que se ponían de este modo en primer lugar como acreedores en caso de que fallara el proyecto. En segundo lugar, el parque se comprometió a acudir a la subasta del edificio si Epsilon quebraba. Lo hizo además comprometiéndose a pagar entre 14 y 22 millones de euros. En 2012, el Gobierno vasco socialista -que ha venido quejándose de que no se le informó durante el traspaso de poderes de esta situación- cerró un acuerdo con las cajas, ya en Kutxabank, para acudir a la subasta por 16 millones y limitar así un hipotético daño patrimonial para las arcas públicas.

Toda esta operación ha generado una posterior maraña de informes jurídicos que muestra las discrepancias entre los expertos sobre el acomodo legal de la operación del parque, aunque buena parte de ellos indican que, al menos, se tenía que haber notificado este movimiento a la Comisión Europea para esclarecer si podría ser considerado ayuda de estado. También ha generado intensas convulsiones en el seno del Tribunal de Cuentas, que ha elaborado un informe con el que su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, no está de acuerdo precisamente por cuestiones vinculadas con lo que algunos partidos entienden que fue un "aval encubierto". Martínez Churiaque ha venido denunciando que el borrador del informe fue limado por los consejeros nombrados por PNV y PSE, mientras que estos últimos alegan que el tribunal no puede decir lo contrario a lo que dijo cuando fiscalizó las cuentas del parque tecnológico de 2009. La bronca interna ha llevado a que el órgano de decisión colegiado del tribunal esté bloqueado. 

Epsilon ha sido el centro de las conversaciones de la comisión, ya que supuso una mayor aportación económica de las arcas públicas, con 48 millones de euros en total. Sin embargo, en las últimas semanas también el segundo proyecto, el del coche eléctrico Hiriko, que recibió 16 millones -14 de ellos del Gobierno central- ha ido tomando fuerza, sobre todo ante las denuncias de EH Bildu, que viene advirtiendo desde hace semanas sobre la posibilidad de que el conocimiento adquirido con dinero público podría ser utilizado, tras fallar la marca Hiriko, por otras empresas para conseguir cerrar el ciclo y comercializar el vehículo. El informe de Barrio, que dedica once de los 57 folios al proyecto tecnológico de coche eléctrico, recoge que hubo en el Gobierno vasco una "falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos" de que el vehículo no lograse finalmente la homologación para proceder a su venta. En España no lo logró y según informes de consultoras externas hubiese podido conseguirlo en Japón y EE UU.

En los últimos días, la coalición también ha dado a conocer que se están produciendo impagos de las patentes registradas con los avances de Hiriko, lo que podría suponer la liberación de las mismas para poder utilizarlas desde otras compañías. El PSE se sumó a las peticiones al Gobierno vasco de evitar que esto ocurra. Y el informe de Barrio ahonda en esta cuestión, señalando que las patentes "corren el riesgo de acabar bien perdidas definitivamente o bien en manos de empresas privadas que se puedan encontrar con patentes o fórmulas de desarrollo tecnológico sin haber apenas invertido en su realización".