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Bruselas fuerza a vender la Ciudad de la Luz por competencia desleal

El Tribunal General ratifica la decisión de la Comisión Europea, que considera ayudas de Estado la construcción y la subvención de rodajes

Rodaje de la secuencia del tsunami en la película 'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, en el tanque acuático de los estudios Ciudad de la Luz.
Rodaje de la secuencia del tsunami en la película 'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, en el tanque acuático de los estudios Ciudad de la Luz. EL PAÍS

El sueño de Luis García Berlanga se ha transformado en una pesadilla de tintes berlanguianos. El cineasta valenciano, fallecido en 2010, promovió durante años la instalación de unos grandes estudios de cine a orillas del Mediterráneo con el fin de fomentar la industria, aprovechando el clima benigno, muy similar al de Hollywood. La Generalitat valenciana lo hizo suyo. Levantó con fondos propios la Ciudad de la Luz de Alicante y concedió ayudas a las producciones para rodar en sus seis platós y en uno de los mayores tanques de agua del mundo, donde se filmó el espectacular tsunami de Lo imposible, de Juan José Bayona. En 2005 se inauguró lo que iba a ser “el mayor centro audiovisual de Europa”, según vaticinó el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana.

Este jueves, el Tribunal General de la Unión Europea dio la puntilla al proyecto, tal y como fue concebido, y confirmó que los 274 millones de euros destinados por la Generalitat valenciana a los estudios cinematográficos son ilegales y deben ser recuperados. El tribunal sostiene que la construcción del complejo y las subvenciones a los rodajes constituyen ayudas de Estado y trastorna la competencia en el sector. En consecuencia, obliga al Gobierno valenciano a “desinvertir”, lo que comporta la venta los estudios para intentar recuperar los fondos públicos.

“Ningún inversor privado habría aceptado invertir en las mismas condiciones. Por lo tanto, la financiación pública suponía una ventaja que falseaba la competencia entre los principales estudios de cine europeos”, manifestó Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia a nivel europeo.

La sentencia del tribunal viene a ratificar una decisión de la Comisión Europea, que ordenó el reembolso de las subvenciones en mayo de 2012, y desestima en su totalidad los recursos presentados, a través del Reino de España, por la Generalitat. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, declaró que el resultado del contencioso “era algo esperado”.

El litigio arrancó cuando el megaestudio británico donde se han rodado películas de James Bond, Pinewood, denunció hace siete años ante Bruselas el sistema de ayudas de la Ciudad de la Luz. Luego se sumaron otros estudios.

En los estudios alicantinos se han rodado alrededor de 60 producciones audiovisuales (entre películas, series y programas). Además de Lo imposible, entre los títulos más conocidos se encuentran Astérix en los Juegos Olímpicos que recibió una ayuda de 4,7 millones de euros de la Generalitat (con un retorno de 30 millones de euros para Alicante, aseguró el Consell); Tetro, de Francis Ford Coppola, que también cobró 500.000 euros por dar una clase magistral y una rueda de prensa; o El camino de los ingleses, de Antonio Banderas. La presencia de populares nombres del cine en Alicante iba acompañada por una fotografía con los responsables políticos, como la imagen que inmortalizó un abrazo entre el expresidente Francisco Camps y Obélix, encarnado por Gérard Depardieu.

Francisco Camps y Gerard Depardieu, como Obélix, en la Ciudad de la Luz. ampliar foto
Francisco Camps y Gerard Depardieu, como Obélix, en la Ciudad de la Luz. EL PAÍS

La Generalitat destinó en torno a 17 millones de euros a ayudas a los rodajes en distintas modalidades. Al respecto, la resolución de Competencia de la Comisión Europea dice textualmente: “Todo incentivo otorgado a productores cinematográficos con la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz (...) constituye ayuda estatal incompatible con el mercado interior”.

El portavoz de Competencia, Atoine Colobani, añadió ayer que “cuando el Estado o una autoridad pública, como una comunidad autónoma, decide actuar como inversor privado con expectativas de ingresos, no hay problema, no se trata de una ayuda, sencillamente es una inversión, pero no es el caso de esta situación”.

El complejo cinematográfico alicantino, diseñado por el especialista estadounidense Gary Bestien, ha recibido numerosos elogios de los cineastas por sus instalaciones. Pero las críticas no han cesado desde su nacimiento por sus enormes dimensiones, su cuestionable rentabilidad y su gestión. La empresa adjudicataria de la gestión, Aguamarga, y la Generalitat mantienen un litigio que ha ganado esta última. Los estudios arrastran unas pérdidas de 84 milones sólo en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. La Generalitat siempre ha respondido que el impacto económico para Alicante y la Comunidad Valenciana era muy positivo.

Sin embargo, los estudios permanecen cerrados desde la decisión de la Comisión Europea y han dejado de recibir posibles rodajes. Tampoco las arcas exangües de la Generalitat permitían seguir regando de subvenciones a las producciones. Esta parálisis se suma a la crisis del cine español y a la falta de exenciones fiscales para atraer grandes rodajes.

Desinvertir

El siguiente paso para “desinvertir” los 274 millones destinados por la Generalitat a la Ciudad de la Luz es su venta, como reconoce la consejera de Cultura, María José Català. La operación consiste en que la Administración valenciana se devuelva el dinero a ella misma. Por eso, la única vía será la venta de las instalaciones. ¿Cubrirá esa venta los 274 millones considerados ayuda de Estado? La consejera y también portavoz del Consell responde: “Es un futurible; es el escenario en el que estamos trabajando”. La portavoz del Gobierno de Fabra insistió en que el valor de mercado de las instalaciones puede cubrir esa cantidad. La oposición niega la mayor y pide que se asuman responsabilidades políticas por “este escándalo”, como apunta la diputada autonómica socialista Eva Martínez, que cifra en ocho millones el coste de las instalaciones cerradas sólo este año.

La Generalitat no se ha definido por la posibilidad de vender en uno o en varios lotes el complejo e incide en que está en contacto con la Comisión Europea. Ésta persigue “asegurarse de que las ayudas sean devueltas a los contribuyentes en la medida de lo posible”, afirmó Almunia.

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