Las grabaciones del ‘caso Brugal’ completan la investigación de Gürtel

Los casos Gürtel y Brugal, las dos grandes macrocausas de corrupción que han puesto patas arriba la política valenciana en los últimos cinco años, convergen a través de las grabaciones policiales de conversaciones telefónicas. Los protagonistas de las escuchas son Enrique Ortiz, totémico constructor que posee la mayor parte del suelo urbanizable de Alicante, imputado en ambos procedimientos. Y David Serra, ex número tres del PP, imputado en Gürtel por supuesta financiación ilegal.

Las conversaciones revelan, según la policía y la Fiscalía Anticorrupción (que fue quien solicitó su unión desde el caso Brugal al caso Gürtel), las gestiones de la dirección de los populares valencianos en la etapa del expresidente Francisco Camps para que el constructor pagase a Orange Market, filial valenciana del grupo de Francisco Correa, actos electorales que la empresa había organizado para el partido. La preocupación de ambos interlocutores cuando el juez Baltasar Garzón destapó la trama. Su cabreo conforme empieza a conocerse el contenido de los informes policiales que les incriminan en la financiación ilegal. Y los tratos de favor que el gran patriarca del ladrillo alicantino reclama al vicesecretario de Organización del PP, en el ámbito de las obras, el sanitario o el del calendario de la Liga (Ortiz es propietario del Hércules de Alicante), encontrando receptividad al otro lado de la línea.

Y ello a pesar de que Serra y Ortiz son conscientes del riesgo que representa hablar por teléfono, por si está intervenido. La sospecha les lleva a hablar a menudo con circunloquios, extraños giros y palabras que parecen contener claves privadas. Y a concertar citas en parajes desolados, como “el peaje de La Vila [Joiosa]”. El temor queda reflejado en una conversación intervenida el 11 de julio de 2009, a las 15.11 minutos. Empieza hablando Serra:

—Todo bien.

—Todo en orden.

—Oye, no solamente una cosita. ¿Este teléfono se... podemos hablar tranquilamente?

—Pues no lo sé—, responde Ortiz.

Meses antes, en otra conversación del 29 de enero, a pocos días antes de que estalle la bomba Gürtel, tratan aparentemente sobre el pago a Orange Market. Según la investigación, Ortiz fue unos de los siete empresarios de la construcción y la obra pública que financiaron irregularmente actos de campaña del PP en 2007 y 2008. Comienza Serra:

—Otra cosita, con lo que tenemos pendiente, del proveedor nuestro que habló con Muguruza [empleado de Ortiz]...

—Sí.

—Creo que ya lo tienen todo pertrechado y, claro, lo que me dicen que necesitarían es que les hagáis ya el pago...

—Di orden de solucionarlo. De todas formas te lo compruebo.

—Vale compruébalo, te lo digo porque..., se ve que van... Tienen problemas de tesorería.

La conversación es presuntamente el reverso de otras que ya obraban en el sumario de Gürtel. Estas descubrían las presiones que Álvaro Pérez, El Bigotes, ejerció en esas fechas sobre Serra, el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, para cobrar trabajos para el partido cuyo abono se demoraba.

En el verano de 2009 las conversaciones entre ambos transmiten nervios. Supuestamente por el riesgo de que la investigación judicial descubra las trampas para encubrir la financiación ilegal. Para disimular los pagos de actos electorales, la empresa del grupo Correa emitió facturas a los constructores, entre ellos Ortiz, por servicios que según la policía y Hacienda no existieron. La primera frase es del dirigente del PP:

—Nada, simplemente una cosa, todo lo de las facturas...

—Ah, bien.

—Que lo tengáis atado y... pertrechado...

—Sí.

—Claro hombre, que tengáis... Que está todo bien, todo bien. Pero que lo tengáis todo...

—Todo en orden.

—Todo en orden. Simplemente es eso, que lo tengáis todo bien.

El 22 de agosto de 2009, Serra traslada un mensaje a Ortiz:

—Lo que estábamos esperando me dicen que ya ha llegado.

—Ah, ¿sí?—, responde Ortiz.

—Solamente eso, que ya ha llegado la cajita de naranjas a Valencia.

—¿Y qué tal?

—Bueno, pues ya te contaré cuando las abra. Yo solamente quería que lo supieses.

Dos días después retoman la conversación. La coincidencia entre las naranjas que Serra decía estar esperando y el nombre de la empresa de El Bigotes, Orange Market, se hace más sonora. Discuten sobre cuándo encontrarse. Habla Ortiz:

—¿Hay necesidad de que nos veamos antes?

—No, no, necesidad no. Yo solo quería que supieses lo de las naranjas y ya está.

—¿Y cuándo van a empezar a dar follón? ¿Eh? ¿Cuándo van a empezar a dar follón?

—Ah, no lo sé, 15 días, 10 días... O no empezar igual, ¿eh?

Un mes más tarde EL PAÍS publicó el contenido de unos informes policiales demoledores que describían la supuesta mecánica de una trama montada entre la dirección regional del PP y empresarios, entre ellos Ortiz, para financiar ilegalmente al partido. Conversaciones anteriores sugieren que Serra conocía la llegada de los informes y su contenido por adelantado. En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia valenciano estaba presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps consideraba un gran amigo. De la Rúa rechazó investigar los informes policiales, lo que retrasó dos años la apertura de la causa sobre la financiación en Valencia. Las informaciones periodísticas irritan a Serra y Ortiz. El segundo propone pasar a la ofensiva:

—El tema es que os van a dar hostias por un tubo, como no salgamos nosotros diciendo que esto es así y defendiendo el tema.

—Sí, totalmente de acuerdo.

—Porque habrá que ver el informe ese al que se refieren, si es un policía de... afiliado al PSOE y mandado del PSOE, porque esto no es normal.

—Es un escándalo Enrique.

Las escuchas revelan, además, una estrecha relación entre ambos, basada aparentemente en el intercambio de favores. Al final de la última conversación intervenida, en septiembre de 2009, por ejemplo, Ortiz le pide a Serra que cambie la fecha del partido que va a enfrentar al Hércules y al Elche porque coincide con la boda de su hija. Para conseguirlo, el constructor le pide al número tres del PP que consiga que Canal 9 se eche atrás y no lo retransmita. En este caso, el poderoso constructor no logró su objetivo.