“Imperiosa necesidad” de porteros y auxiliares
En el entorno del congreso del PP que ganó su hijo, Baltar llenó la Diputación de empleados "por vía de urgencia"
Entre enero y marzo de 2010, en el entorno del congreso sucesorio del PP que ganó su hijo, Baltar llenó la Diputación de peones camineros, ayudantes de actividades hípicas, porteros, auxiliares técnicos de distintos departamentos de la institución, ayudantes de fotocomposición y operarios de recogida de basura. Eran “absolutamente imprescindibles” para el mantenimiento de la institución; “había una imperiosa necesidad”, reconoció el expresidente contestando a la pregunta del fiscal cuando este le advirtió de que la Ley contempla los contratos por vía de urgencia “en caso de emergencia o catástrofe”.
El secretario de la Diputación, Francisco Cacharro, justifica una por una cada convocatoria de estas plazas en un informe solicitado en el mismo año 2010 por el grupo provincial del PSOE. Se ampara en los informes de los respectivos jefes de negociado. Así sostiene, por ejemplo, que se justifica la “urgente necesidad” de contratar a un operario de mantenimiento y a un ordenanza para el negociado de Régimen Interior porque, en el primero de los casos, “hay una baja en el turno de tarde de portería siendo insuficiente la dotación reducida a solo dos personas” y en el otro, “por las dificultades de la calefacción en el periodo invernal que con frecuencia exigen la realización de las labores de mantenimiento con dos personas (una purgando y otra vigilando la presión) y solo existe un operario fijo”.
Cacharro concluye que estas “se ajustaron a la exigencia de responder a la cobertura de necesidades urgentes e inaplazables”. Precisaba sin embargo en ese documento el alto funcionario de la Diputación que había que entender que la apreciación de dicha urgencia era una decisión política: “Debe hacerse en el marco de la decisión discrecional del órgano político para la fijación de prioridades”, apostillaba. Ayer aseguró que su única competencia era la de “dar fe” de que la resolución, y no el proceso contratador, era legítima. “Los secretarios fuimos despojados de muchas funciones y yo no me ocupaba de las contrataciones temporales”, justificó su actuación antes de precisar que tenía constancia, a través del jefe de Personal, de que Baltar “tenía conocimiento de que se había infringido la ordenanza”.
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