El colegio Stel·la recoloca sus 400 alumnos en otros centros tras el cierre

“Nos han dado las notas y nos han echado”. Así resumía indignado Javier Ruiz, padre de una alumna del hasta ayer colegio Stel·la de Barcelona, ubicado en el barrio de la Bonanova. La escuela, concertada, presentó en mayo concurso de acreedores alegando problemas económicos y anunció por sorpresa que cerraba las puertas, dejando en la calle 54 trabajadores y colgados a 400 alumnos, que han tenido que ser recolocados de urgencia —la noticia se produjo en pleno periodo de matriculación— en otros centros.

Un centenar de personas, entre padres, alumnos y profesores, se concentraron ayer por la mañana —último día de funcionamiento del centro— para rechazar la forma en que la empresa, propiedad de la familia Nogués Antich, ha gestionado la clausura. “No se ha tenido en cuenta el golpe emocional de los niños. El último día de clase muchos lloraban porque perdían a sus amigos y a sus profesores”, explica una docente. “No se ha tenido ninguna sensibilidad con los escolares. El anuncio llegó en plena época de exámenes. Y nosotros hemos tenido que elegir una nueva escuela en tres días”, critica Ruiz.

Los profesores admiten que el colegio ha pasado de casi 600 alumnos a los 400 actuales desde el inicio de la crisis. “Esperábamos una reducción y perder alguna aula concertada, pero no imaginábamos el cierre repentino”, añade otro profesor. Los docentes también critican a la Generalitat por permitir la súbita clausura. Enseñanza asegura que admite el cierre “si se han recolocado a los alumnos”.

Los 54 trabajadores —40 son profesores—, ya se han organizado para llevar el caso a los tribunales. “La sorpresa aquí es que no hay acreedores a quienes se les adeude nada. Lo único que quiere la empresa es no tener que pagar las indemnizaciones a los trabajadores”, espeta el abogado que los representa, Javier Miravitlles. Los trabajadores piden al juez la anulación del concurso de acreedores y que investigue el patrimonio de los propietarios. Según el abogado, los tres edificios que albergaban el colegio están a nombre de otra sociedad, propiedad de la misma familia. “Hay dos sociedades muy potentes detrás que no se han tenido en cuenta en el caso”, apostilla Miravitlles.

Profesores y familias también dudan de los problemas económicos de la escuela. Según el registro mercantil, la empresa que ha presentado concurso cerró 2013 con un resultado positivo de 542.000 euros y un saldo de tesorería de 419.000 euros.

Los números rojos, en cambio, parece que sí asaltan al AMPA. Una semana después de que la escuela anunciara el cierre, el AMPA informaba de que denunciaba a su antiguo presidente por un supuesto desfalco de 190.000 euros. Este diario no ha conseguido la versión del colegio.