Sin voluntarios para probar una ley

Cuando una ley se realiza a espaldas de la sociedad y de los sectores afectados, ponerla en marcha puede convertirse en toda una odisea. Es lo que está ocurriendo con la aplicación de la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, una polémica modificación del año 2011 pactada por PSE y PP cuando sumaban mayoría parlamentaria. Entre otras cuestiones, como un endurecimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la reforma incluía que los perceptores realizaran trabajos para la comunidad.

La ley en vigor obliga a los perceptores a estar “disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando de forma extraordinaria sea requerido por la Administración a través de organizaciones de acción voluntaria del territorio”. Es, en definitiva, lo que venía reclamando el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto. En noviembre de 2012, este lamentó en las redes sociales que “el Gobierno vasco del PSE se va sin desarrollar el reglamento para que determinados perceptores de ayudas puedan colaborar en las nevadas”.

El PSE votó a favor de esta cuestión, pero lo dejó para épocas mejores. Y el nuevo responsable de Políticas Sociales, Juan María Aburto, se ha visto en la tesitura de estar incumpliendo —o no desarrollando— una previsión legal que no genera ninguna euforia en su equipo. El Gobierno encargó un informe a una de las asociaciones del sector, Sartu, que criticó la forma en que se había redactado la ley en lo que a este punto se refiere y a los conceptos que utiliza para denominar los trabajos, que se relacionan con el ámbito judicial.

Aburto plantea que esas tareas sean voluntarias y compensadas

Este colectivo recomendó interpretar la ley de manera más amplia: pasar de las nevadas y de situaciones de emergencia a actividades de carácter más social —de apoyo a asociaciones en situaciones excepcionales en las que tengan mayores necesidades o realicen una actuación fuera de su ámbito normal— y la realización obligatoria de este tipo de trabajos, pero solo si estos están dentro del convenio de inclusión activa que todo perceptor tiene que firmar y previamente negociar. Dicho de otro modo, que estas actividades pasen a ser voluntarias.

El Departamento ha asumido todas estas conclusiones y ha encargado a otra organización la planificación de una experiencia piloto sobre la obligación legal para poner en marcha en las tres provincias con asociaciones del tercer sector durante el primer semestre del año. Una vez concluido este, el Ejecutivo reconoce retrasos. La razón, la previsible: la asociación a la que han encargado el impulso de la iniciativa no encuentra organizaciones con las que testar la iniciativa, ampliamente contestada en el sector. Hay “problemas” para captar asociaciones, indican desde el Ejecutivo, porque estas no terminan de participar de la idea.

El Gobierno quiere que esos trabajos para la comunidad sean de carácter voluntario y tengan algún tipo de compensación económica, y así se lo ha hecho saber a las asociaciones del sector. Pero, según fuentes directamente implicadas en la puesta en marcha de la iniciativa, las asociaciones han dado el no por respuesta.

Siete países europeos piden a los beneficiarios que realicen tareas

Las dificultades pasan por mezclar a trabajadores o voluntarios con personas perceptoras que, en una medida u otra, están obligadas a sumarse a esos trabajos. Algunas de las asociaciones comparecieron hace una semana en el Parlamento, donde señalaron que incluir un perceptor de ayudas sociales en esas condiciones sería negativo para las propias organizaciones, además de su rechazo a dar ese tratamiento y establecer esas obligaciones a quienes reciben ayudas.

Euskadi tiene 65.200 familias como perceptoras de la RGI y el complemento de vivienda, las dos ayudas que gestiona Lanbide y a las que afecta la previsión de los trabajos para la comunidad. De ellas 17.300 tienen como titular a un pensionista que complementa su baja renta con este apoyo público y no se les aplicarían los trabajos a la comunidad. El Gobierno tampoco es partidario de que los en torno a 11.000 que reciben la RGI para alcanzar unos ingresos dignos que no logran pese a tener trabajo entren a realizar estos trabajos. Quedarían por tanto en torno a 37.000 familias a las que sí se les aplicaría. Pero no solo al titular de la ayuda, sino también a las personas mayores de edad que se beneficien de la prestación, porque estas también están obligadas a firmar convenios de inclusión sociolaboral. Existen excepciones, como los menores de 23 años de esas familias.

La extensión de la iniciativa de los trabajos de participación social generan también las dudas en el seno del Gobierno, que en diciembre ya advirtió que extender esta nueva arista en Lanbide, organismo con un importante volumen de trabajo y aún con problemas en la gestión de las ayudas sociales, conllevaría el "colapso" del Servicio vasco de Empleo. “Sería difícil de asumir”, resaltó Aburto.

Ideas como esta ya se aplican en siete países europeos: Dinamarca, Francia, Irlanda, Holanda, Reino Unido y Suecia. En Francia e Irlanda realizan una remuneración adicional a la ayuda social que se sigue percibiendo. El resto pagan los gastos que conlleva. El Gobierno vasco también plantea esta idea, por lo que también espera con la prueba piloto calcular los costes que tendría la generalización.